Ni veinticuatro horas ha tardado el Tribunal Constitucional en suspender, por unanimidad, el mandato de proceso de desconexión de Cataluña del resto de España, la pseudodeclaración unilateral de independencia, la carta a los Reyes Magos o lo que quisiera Dios que hubiese aprobado el Parlamento catalán el pasado lunes. Su contenido es ya irrelevante. Ahora mismo no tiene ninguna validez jurídica, y a poco que los jueces lean el contenido de la Declaración las carcajadas se van a escuchar hasta el Valle de Arán. Descuiden. Esto, lamentablemente, también es irrelevante. Como cualquier otra cosa que diga el Tribunal Constitucional a ojos de los independentistas. Sus mandatos, o los del Gobierno, les son completamente indiferentes. Por desgracia, esto no tiene solución política. Esto es una guerra. Pero no una guerra con armas de fuego, bombardeos, civiles inocentes dejándolo todo atrás y mensajes progres diciendo que la culpa es del capitalismo salvaje. Esto es algo completamente distinto.
Los independentistas han demostrado estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de lograr sus objetivos, ya sea legal, alegal o ilegalmente. No han vacilado a la hora de poner en cuestión el sistema democrático, el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de 46,5 millones de personas (incluyendo a su pueblo, cuya mayoría optó por partidos que defendían la legalidad española vigente). ¿Qué no harán más adelante? Cualquier mensaje orientado al diálogo y al entendimiento por parte de los independentistas carece ya de credibilidad. Ya no es posible. Llámenme fanático, pero me fío más del beso de una cobra en mi yugular que de estos señores. La única posibilidad de una reconciliación en términos políticos es la disolución de Junts pel Si y la renovación completa de todos los políticos que han formado parte de este proceso. Podemos esperar sentados (preferiblemente frente al mar, fumando un buen puro y disfrutando en buena compañía de un Bombay Sapphire con tónica en un día soleado).
La única barrera hacia sus objetivos que todavía tienen los independentistas es la sangre. Mientras no haya sangre, todo vale. Esa es “la norma”. El primero que derrame sangre, pierde. Más allá de este límite caben todo tipo de barbaridades inconcebibles en cualquier sistema democrático: Presiones, chantajes, coacciones, amenazas, robo de datos de ciudadanos, miradas furtivas de compañeros, acusaciones de traición, etc. Todo. Menos la sangre. Esto, que suena aterrador (porque lo es), resulta completamente necesario si se quieren establecer las estructuras de un Estado y una Administración paralela al español. ¿Por qué? Pues porque el movimiento se demuestra andando. Para convertirte en un Estado debes hacerlo todo como si ya fueras un Estado. En tal caso no estaríamos hablando de un proceso de independencia de Cataluña, sino del reconocimiento de la independencia de Cataluña por parte de España.
España hará todo lo legal que pueda para que esto no ocurra. ¿Sus armas? El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Estado de Derecho. Eso, y lo que haga valer su peso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y no me refiero al Ejército, sino a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos. Sobre todo, los Mossos. No por fantasiosas purgas y represiones de derechos individuales, sino precisamente por lo contrario, para proteger a quienes quieran cumplir las leyes españolas y perseguir a quienes ordenen medidas que sean constitutivas de delito.
Y aquí es donde entra el nivel de compromiso de los funcionarios, que van a ser las auténticas víctimas del incendio independentista. El “servidor público” puesto a dedo por el amiguete independentista, que sabe que su cargo se lo debe a él, y que si desobedece se puede ver en la calle, y que si obedece a un acto inconstitucional, le puede caer, además del despido, años de inhabilitación, cuando no de cárcel. O el funcionario, que se ha tirado dos, tres, cuatro, cinco o más años opositando como un animal, y que se va a encontrar con la disyuntiva de “construir” una hipotética “independencia catalana” a costa de sacrificar todo aquello por lo que había luchado para conseguir el puesto de funcionario. O el agente de policía local…
¿Por qué es esto importante? Porque sólo en el caso de que haya funcionarios que estén dispuestos a saltarse las leyes españolas para crear instituciones al margen española o se transfieran datos que están protegidos por la Ley de Protección de Datos se debe aplicar el artículo 155 de la Constitución. Probablemente, el retraso en la aplicación de esta medida sea de lo poco sensato que haya hecho Rajoy en estos 4 años. Sólo en el caso de que haya funcionarios que estén dispuestos a saltarse las leyes españolas para crear instituciones al margen española o se transfieran datos que están protegidos por la Ley de Protección de Datos se debe aplicar el artículo 155 de la Constitución.
El Gobierno de España también puede aplicar otras medidas, como cortar el grifo de la financiación a Cataluña (no creo que sea una buena idea) o hacer una reforma constitucional que recupere algunas de las competencias catalanas (sobre todo en materia de educación, sin tocar el catalán) y que reconozca que el sistema de financiación actual es una tomadura de pelo. Que lo es, y que es de los pocos motivos por los que los catalanes realmente pueden quejarse.
Todo lo anterior, por supuesto, dando por sentado que los independentistas sigan en el poder, ya sea con el apoyo de las CUP o tras la celebración de unas nuevas elecciones. Que ya veremos, porque esto da más vueltas que Homeland.
En cualquier caso y acabe como acabe, el ridículo que están perpetrando los separatistas va camino de convertirse en una de las páginas más tragicómicas de la Historia de España, siendo los más perjudicados los propios catalanes. Tiene gracia. Recuerdo a algunos independentistas decirme que, a través de la consecución de una Cataluña independiente tendría consecuencias positivas para todos. Cataluña, por una parte, al ser una sociedad mucho más plural, abierta y otros adjetivos que ya he olvidado porque no me los creo, tendría las instituciones que realmente necesita para corregir sus propios problemas. Por el otro, se produciría una catarsis en el resto de España que llevaría a una renovación de las instituciones. Decía que tiene gracia porque, así, lo único que hacen los independentistas catalanes es construir unas instituciones a imagen y semejanza de las peores que hay en España: Las andaluzas. A fin de cuentas, las instituciones suelen tener aquellos patrones de conducta que se dieron en los procesos que los crearon.
