El primer título del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio [aquí, texto original], se refiere a las medidas relacionadas con el funcionamiento de la Administración y los funcionarios. Y, en mi opinión, demuestra la importancia que tiene esto de mirarse las cosas antes de emitir un juicio de valor.
Los puntos más importantes de este Título son:
1.- Indemnizaciones de los políticos: Si recibes una indemnización o una pensión de los presupuestos generales del Estado por haber dejado un cargo público, no puedes recibir otra retribución de los presupuestos generales del Estado. Los cargos públicos, también.
2.- Paga extraordinaria de diciembre de 2012 de los funcionarios. Se suprime esa paga, si bien no será de aplicación a aquellos empleados públicos cuyas retribuciones por jornada completa, excluidos incentivos al rendimiento, no alcancen en cómputo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional.
3.- Asuntos propios. Se limitan a 3 días los que pueden tomarse los funcionarios (artículo 8).
4.- Jubilación forzosa de funcionarios. La que indique la norma pertinente (art. 11).
5.- Optimización de recursos humanos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (art. 15).
– Se fijarán sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de los empleados.
– Se analizará la distribución del personal en la Administración del Estado y se adoptarán criterios vinculantes de movilidad y asignación de puestos en dicho ámbito.
Sorprende que esta optimización no haya ocurrido antes.
Análisis:
Pensiones de políticos. Es una pena que ello no implique al resto de retribuciones. Es decir, la señora Pajín puede estar cobrando su pensión por no ser diputada y trabajar en otra cosa. Basta con cumplir el régimen de incompatibilidades. Lo ideal sería que, si se dejara la política, no existiera pensión más allá de lo que se hubiera cotizado, y que automáticamente tuvieran que buscarse las habichuelas en cualquier otra empresa u organización no relacionada con su trabajo. Pero va a ser que no.
Paga extra. No se dejen engañar por la eliminación de la paga extra de los funcionarios. Se adopta esta medida porque no salen las cuentas de este año. No es que sea importante, que lo es y mucho, pero lo que realmente determina el gasto son las leyes y el personal de forma fija.
Días para asuntos propios. Muy bonito.
Todo lo anterior puede sonar muy bien, y siempre es deseable la transparencia y que la gente tenga unas condiciones laborales que el empleador pueda pagar, pero en mi opinión se tratan de cuestiones de imagen de cara a la opinión pública.
Lo que realmente importa es la optimización de la Administración del Estado. ¿Hay dinero para pagar tanto servicio público? Por mucho que se proteste desde la demagogia o desde la cerrazón ideológica, no. Y si durante una recesión únicamente se ha perdido empleo en el sector privado y mientras que el Estado lo ha ganado y se no ha hecho nada para corregirlo (y durante todo nuestro período democrático ha sido así), sobran leyes que otorgan funciones al Estado y para lo que se requieren funcionarios. En cualquier caso, su número no será bajo.
Por desgracia, en España nadie quiere que el Estado renuncie a ninguna de sus atribuciones. La gente sueña con que todo siga igual y que para ello se prescindan de los parásitos políticos del sistema y se “pula” un poco el funcionamiento de las Administraciones Públicas. Con esta perspectiva, sólo cabe intentar emplear los recursos de la forma más eficiente.
Y ahí entra el Ministerio de Administraciones Públicas. ¿Puede explicarme alguien para qué ha servido hasta el día de hoy el Ministerio de Administraciones Públicas si no tenía hasta ahora tales atribuciones? Visto así, podríamos decir que, hasta ahora, en lugar de tener un Departamento de Recursos Humanos dentro de la Administración Pública hemos tenido un Ministerio de funcionarios.
Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué nuevas competencias tendrá a partir de ahora este Ministerio? Y me centro en dos cuestiones:
Primero: Si realmente se va a hacer un análisis de los puestos de trabajo, para en base a ellos diseñar los criterios de productividad que deberán cumplir los funcionarios, ¿cómo pretenden garantizar que los resultados no queden por debajo de las capacidades reales de los funcionarios? Y lo que es más importante: ¿Cuánto nos va a costar esta reforma?
Si se hace bien, es decir, si se hace bien un análisis y una valoración de los puestos, estaríamos ante algo muy importante para el buen funcionamiento de la Administración: No sólo se pueden establecer programas formativos que mejoren la productividad (se supone que esto ya existe). También podrían establecerse los criterios de productividad en límites exigibles y los criterios disciplinarios para prescindir de aquellos funcionarios que no los cumplan.
Segundo: ¿Incluirá la posibilidad de despedir a funcionarios si estos no fueran necesarios y no se les pudiera readaptar o recolocar en otros puestos? ¿Se seguirá contratando con aquellos funcionarios de carrera que formasen parte de instituciones pública que desaparezcan?
Una verdadera optimización de los servicios públicos implicaría prescindir no sólo de altos cargos o de funcionarios, también de las leyes que les dan sustento. Pero si no se quiere cambiar realmente nuestro conjunto de leyes e instituciones, un pequeño “Departamento de Recursos Humanos” puede ayudar a hacer el sistema más eficiente. Algo mucho más importante que una paga extraordinaria o unas pensiones.
No obstante, se trata de una instrucción que se da desde el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, es decir, que está todo todavía por hacer. Y si ya de por sí todo aquello que toca el Estado tiene muchas posibilidades de no hacer aquello que realmente debería hacer, si además en España la separación de poderes es inexistente, debemos ser muy cautelosos. Pero, en principio, la idea es muy buena.
Valoración.
Si montar este Departamento de Recursos Humanos implica contratar a 1.000 personas para acabar despidiendo a 800.000 funcionarios prescindibles y no recolocables en otros puestos y conseguir una Administración Pública realmente eficiente y barata, firmo ahora mismo.
El resto de medidas tiene como objetivos, por un lado, aproximarnos al objetivo presupuestario del déficit del 6% a final de año (cifra que tiene narices con la que está cayendo), y por otro, dar la impresión pública de que se están haciendo cosas.
Sr. Burrhus, mis disculpas! No era ese el objeto. Aquí le dejo algo para meditar. El EBEP fue un instrumento de los políticos para volver al s.XIX, cuestionar la administración otra. Introducir a los sindicatos atrezzo? http://www.expansion.com/2010/11/01/opinion/tribunas/1288643508.html?a=c0e73b95e6abfa6d62bc4a59a688655a&t=1342362821 Saludos
Hola de nuevo, Sletcar. En Desde El Exilio estamos encantados de discutir con nuestros comentaristas, incluso cuando eso suponga que nos pinten la cara y demuestren que nos equivocamos.
Estoy totalmente de acuerdo con la independencia en la función pública. Comprendo que para ello, tener un personal fijo es importante. Y también creo importante separar entre los grupos de personas que trabajan para el Estado.
Pero para mí, esa no es la cuestión. No cuestiono la independencia de la Administración ni de sus funcionarios. Cuestiono las leyes que les habilitan y para las que trabajan. Es decir, con las leyes que tenemos no sobrarían funcionarios. Lo que sobran son leyes, que es de donde se deriva todo el gasto. Lo que ha hecho el Gobierno es intentar ajustar un poco las cuentas a su costa. ¿Me equivoco?
Sr. Burrhus, en la exposición de motivos del EBEP desarrolla parte de lo que usted señala en su valoración. Eficacia, Eficiencia, Valoracion PT, Carrera profesional, remuneración poobjetivos etc.,por lo quel el debate actual no tiene demasiado sentido, si no se aborda por nacer desde la situación de precariedad económica, como cortina de humo, por marketing de comunicacion, etc. Creo que le dan el nombre de comunicación transparente… Recuerde aquello de los ciclistas. El marido con » no es lo que parece». Revise en la hemeroteca para que sirvió el 5% que se le aplico a la función publica en 2010. Mas nos vale que no sirva para lo mismo, o a lo Monty vía Felipe González, aunque el papel y el tiempo lo aguanta todo. Reciba un saludo
En la Ley existe. Y también se puede deducir los principios de funcionamiento de la LOFAGE. Pero si el Gobierno se autoimpone una obligación como esa, quiere decir que no está suficientemente implementado en todas las áreas de la Administración. La Ley no es suficiente sin una(s) norma(s) de desarrollo. No deja de ser algo deseable y bonito.
Y luego está el tema de la precariedad económica. La pregunta es: ¿Podemos pagar todo esto? Y, en mi opinión, la respuesta es: No, si no queremos agravar el riesgo de suspensión de pagos.
¿Discutimos esto?
Saludos.
Lamentablemente pone evidencia su desconocimiento del tema y llama la atención la vehemencia con que lo expone. Debe ser la oportunidad delmomentos pero por rigor, antes de opinar léase el EBEP.
La salida de este agujero tiene que ser modificando el marco legal que tenemos en profundidad, porque el sistema es insostenible de cumplirse todas las leyes y reglamentos vigentes. El EBEP es parte fundamental de la enfermedad, tratarlo como verdad absoluta o marco inamovible supone un lastre enorme para nuestra economía y para el progreso de nuestra sociedad.
Además, el recurso de ceñirse a la ley no es sostenible, pues al estar en un estado sin limitaciones el partido en el poder (ahora con mayoría absoluta y con la espada de Damocles de aliada) puede cambiar las normas del juego radicalmente. Si el resultado no es de su gusto, ¿seguirá reclamando el ceñirnos al texto de la ley?
El estado no define el bien y el mal, lo correcto o lo incorrecto. Es algo que debemos explorar y descubrir para luego plasmar en ley, no al revés…
Nos guste o no, Juano, los funcionarios necesitan un Estatuto. La cuestión es cuánto permite ese Estatuto, qué permite. Y si nos centramos en este Real Decreto-Ley, tendríamos que estudiar qué cambia en comparación con lo que había.
Hola, Sietcar. Bienvenido a Desde El Exilio.
Es fascinante. Así, de modo educado, me ha llamado ignorante, vehemente y falto de rigor.
El caso es que, por esas cosas de la vida, sí me he leído el EBEP (de memorieta, Ley 7/2007, de 12 de abril -sólo fallé en el 1 de la fecha, hace ya tiempo que no estudio Derecho-). Pero desde la perspectiva que quería darle en este blog, la verdad, los derechos sindicales de los funcionarios no me parecen muy relevantes. No obstante, sería interesarnte que nos argumentara porqué la representación sindical sí es relevante para las libertades de los ciudadanos. Eso, o cualquier otra cuestión que considerara oportuna. Porque para los funcionarios ya sé que es relevante. Pero es que eso, al ciudadano de calle le resulta un poco irrelevante. De modo que, en lugar de decirme lo malo maloso que soy, que lo soy, me explicara qué está mal, inexacto o falta del artículo desde la perspectiva comentada antes. Sin acritud. Gracias.
Hola, Adhmad. Bienvenido a Desde El Exilio.
Voy a intentar resumir todo el Real Decreto-Ley de la forma más sencilla y amena posible sin que por ello pierda contenido, algo muy difícil dado que es un tochaco insufrible.
Saludos.
Burrhus: gracias por este resumen-comentario. Si el resto de los que vas a hacer es así de claro, ¡adelante! El tema «funcionarios» está muy sujeto a demagogias variadas y desde todos los frentes ideológicos y se agradece poner en claro qué es lo que realmente se está haciendo/va a hacerse y sus posibles alternativas desde el punto de vista de menos, muuucho menos, Estado.