La constitución que nos dimos a nosotros mismos los españoles, hace ya tres decenios y pico, no ha cumplido su función: poner freno al poder que se deriva del juego electoral en democracia. Se tiende a considerar erróneamente, como señalan los hacendistas Buchanan y Brennan en algunos de sus trabajos, al ciclo político democrático como una adecuada cortapisa de los excesos gubernamentales: si un gobierno se pasa, el electorado “le bota”. Por contra, lo que sucede en nuestro país, dramático ejemplo del despotismo ejercido por las mayorías, es que los excesos del gobierno, que se convierten en abierta manipulación de la realidad, no hacen que el electorado cambie sus preferencias. Esto se debe a lo que podría denominarse en términos económicos como una gran inelasticidad del voto respecto a la gestión gubernamental de los asuntos públicos, que sería debida a una fatal falta de seguimiento crítico por parte del electorado del trabajo desarrollado por sus representantes electos. A esto se le puede añadir que el voto se ejerce cada cuatro años, lo que impide un control exhaustivo y cotidiano de la cosa pública por parte de los ciudadanos.