El sistema estatal de pensiones no es un sistema (II)

En el anterior artículo hablamos de algunas de las consecuencias de implantar desde arriba un sistema de pensiones de reparto. Concretamos algunos efectos económicos que afectaban a la propia evolución económica que se podría dar en este tipo de actividad (se impedía el libre ejercicio de la empresarialidad que conduciría a la continua mejora de un sistema no impuesto de pensiones o sistema de capitalización). Ahora, otros argumentos que se habían quedado en el tintero.

Tal vez en el pasado triunfara la idea según la cual el Estado, los Gobiernos, debía apropiarse de la soberanía de cada individuo para velar por su bien. Pero tanto entonces como ahora, esta idea se presenta intolerable.

Sobre la base de considerar al individuo totalmente imprevisor, los gobiernos se han ido asentando en una inadmisible posición paternalista que lo único que hace es atacar de raíz a la libertad que cada uno debería disponer. El estado se apropia de parte de la responsabilidad individual al imponer un sistema que pretende resolver y proveer el sustento en la vejez, viudedad, orfandad… etc, y socializa dicha responsabilidad que, tras la intervención, pasa a manos de un extraño señor que se comporta con insólitos incentivos con información inútil en una alejada, aislada y artificial oficina de un buró.

Así, el individuo -que es el único que debe hacerse cargo de sus actuaciones y ser el único responsable de sí mismo-, pierde toda opción de elegir la mejor conducta que estima oportuna atendiendo a sus concretas y particulares circunstancias en las que vive (¡¿cómo entonces va a conocer el burócrata desde su oficina lo que a cada miembro de la sociedad le conviene?!).

El hecho es que si el sistema que atañe las pensiones se aplicara en cualquier otro ámbito de la sociedad, nos encontraríamos ante situaciones totalmente inaceptables. Como dice Huerta de Soto, si la excusa para imponer un sistema estatal de reparto se trasladara por ejemplo a algo tan básico como la comida, nos encontraríamos con que, dado que algunos no pueden proveerse de alimentos por sus particulares circunstancias, ¡a todos se nos obligaría a comer en cuarteles del estado!

Pero es que además, siguiendo con la socialización de la responsabilidad individual, se produce aquí una paradoja bien curiosa. El gobierno legisla sobre la base de la naturaleza imprevisora de los gobernados, pero si estamos en un sistema democrático, son los ciudadanos quienes eligen a los gobernantes. Si los electores son imprevisores por naturaleza, ¿cómo van a elegir a quienes deben planear por ellos?

El legislador ordena según la voluntad de quienes él considera incapaces de actuar correctamente por sí solos. Pero para planear por ellos, antes deben haber sido elegidos por los ciudadanos imprevisores. Se invoca así la capacidad colectiva de decidir sobre cómo y con qué sistema gastar la renta de los individuos ¡a quienes se considera incapaces de gastar correctamente su propia renta!

Además, esta planificación se basa en la premisa de que los que ocupan y ostentan los cargos son algo así como seres extraterrestres que sí sabrán como actuar y hacer las cosas. No son parte de lo que ellos consideran imprevisores ciudadanos de a pie, sino seres de otro calibre que todo lo ven y que sabrían suplir esa falta o carencia del mercado.

Aun así, a menudo se tapa esta absurda situación esgrimiendo una de las palabras comadreja (en terminología Vargas Llosa) más usada por los que (sin a menudo ser conscientes) quieren imponer sus ideas: la justicia social. De nuevo, el lenguaje se ha pervertido y ni justicia quiere decir justicia, ni social, social.

El sistema de reparto no es justo porque la justicia no debe perseguir resultados particulares. Por eso es ciega. La justicia está formada por normas abstractas que no persiguen un resultado determinado y que se aplican a todos los ciudadanos por igual (rule of law). No pretende beneficiar a unos en detrimento de otros ni conocer a priori los resultados de las relaciones entre los hombres. Por tanto, el actual sistema, por perseguir todo lo contrario, es injusto.

Tampoco es social. Se suele argüir que una de las principales virtudes del sistema es la mal llamada redistribución de la renta. Con tal argumentación se pretende crear una separación artificial entre producción y distribución de ingresos. A partir de esto se intentaría justificar que la distribución no se realiza acorde con la producción y por tanto es necesaria la intervención, esto es, la redistribución.

La tendencia en el mercado es a obtener cada uno lo que ha aportado de cara a la satisfacción de las necesidades de los consumidores (no lo que uno se merece, sino según lo que su actividad ha contribuido finalmente a dicha satisfacción).

Con la redistribución se distorsionan los incentivos de una sociedad y sistema económico en libertad. Por consiguiente, si se perjudican los incentivos también se modificarán los resultados. En un sistema en el que su fin es satisfacer las necesidades de la población, al perjudicar los medios para tal fin, se estará perjudicando, sobre todo, a los más beneficiados de un sistema de mercado: los grupos más pobres y necesitados. Por lo tanto, un sistema que cercena el capitalismo, la producción en masa de multitud de bienes cada vez más baratos, no es un sistema “social” o benefactor. Todo lo contrario.

Y es que, se da una contradicción interna en este sistema que lo hace perjudicial e inviable. El sistema de reparto intenta conjugar funciones totalmente opuestas entre sí. Por un lado, pretende desarrollar un sistema de ahorro que permita percibir en su día una renta en función de lo que uno ha ido contribuyendo a lo largo de un periodo de tiempo. Y por otra parte, el sistema intenta llevar a cabo una redistribución que hace que ya no se obtenga la renta en función de lo que se había aportado.

El sistema de capitalización se basa en percibir, básicamente, lo que uno ha ido aportando con sus cuotas a lo largo de los años, más la rentabilidad que se ha conseguido con las inversiones de tal fondo. Mientras que la asistencia social NO permite percibir lo que uno ha ido aportando con el sudor de su frente. Y además, no da rentabilidad (simplemente es una redistribución entre personas).

Lo que queda es un sistema ineficiente por ser contradictorio, por querer conjugar dos tareas opuestas entre sí. Que no solo no obtiene los beneficios y rentabilidad que podrían obtenerse en un sistema de capitalización sino que perjudica a la población por no dar pie a un ahorro real seguro, que no sólo se emplearía en los momentos a los que en un principio habían sido destinados (pensiones), sino que no podrá usarse por los empresarios en la continua mejora y expansión del sistema productivo que traería más riqueza, prosperidad y bienestar a toda la población.

Por el contrario, un sistema de capitalización, elegido libremente, no arrastraría este tipo de problemas.

No crearía tensiones entre generaciones. El problema de la financiación sería eliminado completamente porque el propio sistema no solo no dilapidaría recursos sino que los generaría –en forma de rentabilidad- sin caer en ninguna contradicción interna. Cada persona sería responsable de sí misma permitiendo así una sociedad de propietarios no dependiente de terceros y por tanto, no se convertiría en una carga para otros, sino en fuente de riqueza y cooperación.

Una sociedad de propietarios se percataría más fácilmente de los ataques a su libertad de los sucesivos gobiernos imperantes. Vigilantes de sus negocios (seguros, por ejemplo), rechazarían las leyes gubernamentales que se arrogan capacidades que ya tienen los individuos. Por tanto, se alcanzarían mayores cotas de libertad y de prosperidad.

El mayor ahorro fruto del sistema de capitalización haría rentables proyectos que antes no podían llevarse a cabo. En una situación de desempleo crónico como el que se da actualmente en los países socialistas, tal sistema ayudaría a acabar con el alto grado de despilfarro de recursos y de gentes que ahora no están presentes en la economía por estar condenados al desempleo fruto de las regulaciones y las trabas burocráticas.

Un sistema en libertad posibilitaría, además, el continuo intento de mejora por parte de los individuos. Así, se permitiría la evolución de las instituciones que crearía multitud de soluciones que ni si quiera podemos imaginar. En este caso, por ejemplo, se darían nuevas fórmulas que traerían más flexibilidad a las relaciones entre empresas y trabajadores. Se descubrirían modos de jubilación menos traumáticos para aquellos que así lo sintieran (trabajo a tiempo parcial, o trabajos de instrucción a los nuevos empleados). Y, en todo caso, sería una opción que cada uno realizaría sin imposición.