Con la intrincada trama político-burocrática de la UE, el Estado “central” y las Autonomías, uno ya no sabe quién le roba qué. Si a eso le añadimos que las imposiciones toman muchas veces vías indirectas, es difícil de valorar –requiere disponer de información y hacer con ella cálculos específicos- la parte de la renta y de la riqueza que va a las arcas públicas (aún así es imposible calcular la que se pierde por efecto de desincentivos a su generación). Si a esto le sumamos que el Estado es un cubo de Okun, en el que sale siempre menos de lo que entra y gran parte queda por el camino, y a esto último le añadimos que nuestros políticos van ya con total descaro a la sopa boba y al despilfarro, porque la gente no se entera de nada, y, lo que es peor, ni siquiera lo intuye, pues tenemos una economía notablemente ineficiente, lo cual –también esto parece ser contraintuitivo, porque a nadie parece importarle- implica ineluctablemente una peor calidad de vida (algunos, en un cálculo somero, creen que la cosa se reduce a la alternativa entre ocio y trabajo).
Por ejemplo: ¿Cuánto de lo que pagamos en las gasolineras es debido al coste de la gasolina y cuánto es recaudación?. Muchos se sorprenden cuando les dicen que casi todo lo que se paga al llenar el depósito son impuestos, y es así. En este caso, dicen los que conocen algo el entramado fiscal, el Gobierno de nuestra nación no puede hacer nada para bajar los precios. Asimismo se considera que unos precios altos en carburantes son una buena medida para reducir el consumo de los mismos y alargar la vida de las (supuestamente escasísimas) reservas de petróleo.
Sea como fuere, los transportistas, que hacen que los productos lleguen a los mercados, y juegan por tanto un papel esencial en la economía, tienen por importante coste en sus cuentas el del combustible. Subidas desmedidas del mismo afectan a sus márgenes, ya de por sí estrechos, en muchos casos. Si se van a la ruina podrá ser, no cabe duda, por ser malos empresarios.
Y la huelga salvaje con piquetes informativos a palos son una muestra inequívoca de que algo no funciona en la sociedad. Si declaran esa huelga es porque saben que de esa manera se consiguen cosas en nuestro país o, lo que es peor, que esa es la única manera razonable (por muy irracionales que sean sus manifestaciones) de conseguirlas. Pero no hay que culpar exclusivamente a estos agentes económicos racionales que se comportan de forma tan incívica. Si para ser camionero se pidiese título de Harvard es posible que fueran más educados y tuvieran otras maneras. Su derecho de huelga se ha convertido casi en un deber, porque frente a ellos está el monstruo estatal, ese aparato burocrático con vida propia que ingiere e ingiere y nos escupe sus despojos, que son los nuestros.
Es ciertamente, como todos estos asuntos que al final pervierte el puño «invisible» del Estado (cubierto de guante de seda con brocados), complicadísimo.
En esto de la logística hay mucha empresa intermediaria que subcontrata a transportistas autónomos, que tienen, consiguientemente, poco poder de negociación. El gobierno no debería inmiscuirse en estas negociaciones, ni directa ni indirectamente, pero impepinablemente distorsiona todo encareciendo uno de los costes básicos del transportista. Y al final con quien van a negociar es con el gobierno, y en grupo, en caterva salvaje violenta y reivindicativa, que es lo que mola en una sociedad socialista.
La cuestión no es sencilla.
Por un lado podemos decir eso tan manido de que al recurrir a la violencia se quitan la razón y no se debe ceder al chantaje y bla, bla, bla.
Pero resulta que, en ocasiones anteriores, se ha hecho más caso al que ha hecho más el burro.
Así nos va. No deberíamos extrañarnos de la actitud de los huelguistas.
Por otra parte, la ortodoxia nos dice que si les suben los costes, lo que deben hacer es repercutirlo en sus precios. Pero resulta que eso no es posible por:
– Enfrentarse a clientes en posición dominante de monopolio/oligopolio (según el sector)
– Enfrentarse a competencia pirata (sin seguros, sin contratos, sin impuestos, etc.)
Si el Estado es terriblemente exigente con el legal y permisivo con el pirata, no debe extrañarnos que ocurra lo que está pasando.
No es una justificación, pero es una explicación.