La autodeterminación ya no está de moda

No hace demasiado tiempo, o quizás sí, porque los años se suceden más rápido de lo que me gustaría, en los medios de comunicación españoles no pasaba un día sin que se escuchase hablar del derecho de autodeterminación.

En aquellos días, porque esto va por rachas, como si se pusieran de acuerdo para turnarse, eran los nacionalistas vascos los que daban la tabarra, mientras los ahora vociferantes catalanistas se mantenían en un discreto segundo término, como si no quisiesen que se los relacionara con esos norteños tan rústicos con boina. Obviamente también sacaban la patita de vez en cuando, pero eran tiempos en los que aparentar radicalidad no vendía, porque había quien asiduamente mataba gente inocente. Había que mantener las apariencias y esperar a que la frágil memoria de la gente fuese olvidando detalles tan molestos.
Y sí, unos y otros exigían para sus pueblos la posibilidad de ejercer el derecho de libre determinación. Era un lugar común que se podía escuchar en Cataluña, el País Vasco, Galicia e incluso en Andalucía, en los alegres discursos de nuestros gobernantes social-nacionalistas (no seré travieso y no invertiré el orden de los términos), apoyados según conviniese, a veces por los nacional-comunistas y otras por los nacional-catetos (con su tradicional nacionalismo del “¿no quieren eso los catalanes? pues yo más”).
Es curioso cómo esa exigencia de autodeterminación o de libre determinación ha ido desapareciendo y ha sido sustituida por el término neutro y vacío de “derecho a decidir”. No creo que nadie piense que ha sido algo casual. En mi humilde parecer, e independientemente de lo que opine de los derechos de entidades abstractas, hay dos razones para ese curioso cambio de terminología. Una que podríamos llamar de amor propio y otra más jurídica. Me explicaré:

Todavía hay clases (aunque sea entre etnias):

A nadie se le escapa que el desarrollo de la doctrina internacional del derecho de autodeterminación, fue parejo al periodo de descolonización. De hecho, y a pesar de que los orígenes históricos del término son anteriores, y están más relacionados con las tensiones internas en el imperio Austro-Húngaro principalmente, toda la normativa internacional, comenzando por el artículo 55 de la Carta fundacional de las Naciones Unidas, está pensada para los territorios extraeuropeos en manos de potencias coloniales.
Basta una lectura rápida de las resoluciones y de lo que se publicaba aquellos días para darse cuenta que no se meten en muchas honduras, y que están pensando claramente en territorios alejados de la metrópolis europea, habitados por gente de color distinto, que viste de forma exótica y habla muy raro. Lo que demuestra lo tremendamente racista que se puede llegar a ser a la vez que se pretende ser solidario y bondadoso.
Si comparamos esta idea con el discurso nacionalista al uso, vemos dónde está el fallo. La cantinela habitual nos presenta una lacrimógena historia (siempre lo es, claro, porque los nacionalismos se basan sin excepción y casi exclusivamente en sentimientos, y cuanto más pasionales mejor), en la que un Pueblo (El Pueblo) de gente guapa, rica, refinada e inteligente, que vivía feliz en su paraíso (e incluso dueño de un imperio, en el caso de la Cataluña mítica), es sojuzgado brutalmente por unos tipos feos, maleducados, iletrados y malvados, entregados al saqueo, la vagancia y la barbarie, situación que aún duraría.
Aunque a estas alturas de la Historia queda feo hablar de raza superior, cosa que sí se hacía hace no demasiado, no se pierde la oportunidad de dejarlo caer de forma subrepticia. Porque en el fondo a todo el mundo le gusta que lo halaguen, y ese es uno de los factores atractivos del nacionalismo. Por supuesto, nadie explica cómo unos señores tan listos, civilizados y ricos se dejaron dominar por esas hordas bárbaras. Y mucho menos cómo bajo esa dominación tan opresiva, han podido medrar tan lucrativa y alegremente los partidos nacionalistas y sus clientes. Pero esas son preguntas que no vienen al caso, de momento.
De modo que si ahora se ponen a reclamar el derecho de autodeterminación, como si fueran un territorio colonizado por una potencia europea, estarían poniéndose al nivel de africanos y asiáticos. ¿Nó quedamos en que se trataba de un pueblo superior a sus vecinos?

– Oiga, no me vaya a comparar ahora con los nigerianos ni con los argelinos.
– No, no se preocupe. Nosotros no pedimos la libre determinación de nuestro Pueblo, sino su derecho a decidir.
– ¿Y no es lo mismo?
– No, mire: Se autodeterminan los negritos de las colonias. Nosotros nos sacudimos el yugo del imperialismo castellano.
– ¿Y no es lo mismo?
– No, verá: Ellos ejercen su derecho a la libre determinación, y nosotros a decidir.
– ¿A decidir qué? ¿Autodeterminarnos?
– Verá, no me toque los c****** que se queda sin subvención.
– ¡España nos roba! ¡Pagamos peajes por culpa de los extremeños!

Algunas nociones jurídicas:

Pero hay una razón más seria para no pedir el derecho de autodeterminación. Y es básicamente porque tanto Cataluña, como el País Vasco, Galicia, Andalucía, Murcia, la Rioja o Melilla ya se encuentran autodeterminadas.
Al contrario de lo que vulgarmente se piensa, la libre determinación de los pueblos no significa su independencia, o al menos no necesariamente. La doctrina legal internacional dejó establecido que no existe un derecho genérico a independizarse. Por cierto que los nuevos Estados surgidos del proceso descolonizador apoyaron sin excepciones esta tesis, porque no estaban dispuestos a que ninguno de sus territorios decidiera seguir por su cuenta, como habían hecho ellos. Así se interpreta, entre otras, la declaración sexta de la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960:

“Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.”

Además de lo dispuesto en la Resolución 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970:

“Ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos antes descritos y estén, por tanto dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color.”
Atención a eso de “… raza, credo o color”.

Porque de eso se está hablando en el fondo.

Pero no adelantemos acontecimientos. Empecemos por quién posee ese derecho a la libre determinación. Lo tienen los pueblos, pero ese es un concepto muy difuso. Lo suficiente para que la interpretación sea política, y pueda salir del ámbito meramente jurídico.

Aparte de que para mi, personalmente, “pueblo” es ese sitio donde las titas mayores, vestidas de negro, te preguntan si vas a tener más hijos y te aseguran que ese plato de cocido no lo puedes comer en la capital, en el Principio V de la Resolución 1541 (XV) de las Naciones Unidas se dan unas pistas sobre qué se considera un pueblo sujeto de derechos:

“Una vez establecido que se trata a primera vista de un terri­torio distinto desde el punto de vista geográfico y étnico o cultural, se pueden tener en cuenta otros elementos. Esos ele­mentos podrán ser, entre otros, de carácter administrativo, político, jurídico, económico o histórico. Si influyen en las relaciones entre el Estado metropolitano y el territorio de modo que éste se encuentra colocado arbitrariamente en una situación o en estado de subordinación, esos elementos con­firman la presunción de que existe la obligación de transmitir la información que se pide en el inciso e del Artículo 73 de la Carta.”

La cosa está perfectamente clara si nos encontramos en 1950 y pensamos en la Indochina francesa. Aunque se vuelve más complicada si ese principio de Derecho Internacional se aplica a cualquier territorio de España.
Atendiendo a la primera criba de características, para dilucidar si nos encontramos ante un pueblo, tendríamos que ver si posee un territorio distinto desde un punto de vista geográfico (¿las islas?), étnico (ya me contarán mandangas sobre la diferencia étnica entre un murciano y un catalán o un italiano, más allá de las estupideces racistas de ciertos señores cuando hablaban de descendencias directas de neardentales, frente al resto de cromagnones) o cultural (y no cuenta que en un sitio se lleve un tipo de gorrito, se celebre la romería de san Cucufato, o guste más el centollo que la morcilla de arroz).
Así que para poder justificar esa peculiaridad étnica o cultural, sólo nos quedaría la diferencia de idiomas. En efecto, existen zonas en España en las que una parte de su población, además de hablar castellano, habla un dialecto del provenzal, del portugués o una lengua de laboratorio resultado de mezclar varias preexistentes. Y sólo eso, porque a estas alturas de la película, el resto de diferencias es tan ridícula que, atendiendo a ellas, yo podría independizar mi piso convirtiéndolo en república independiente.
Y bueno, hay quien dice, desde su maldad, que los idiomas son propios de las personas que lo hablan, y no pertenecen a las naciones o a colectivos brumosos, pero no vamos a quitarles a los nacionalistas el único argumento que les queda para diferenciarse del resto de la humanidad.
Pero aceptemos, a los meros efectos argumentativos, barco como animal acuático. Imaginemos que en Cataluña (por ejemplo), la gran mayoría de la población pertenece a una etnia claramente especial, racialmente diferente, con costumbres e instituciones distintas de las de España (es decir, de las de Europa occidental), con una religión mayoritaria exótica, y que además en algún momento de la Historia (remontarse al periodo previo a las guerras púnicas es trampa, por cierto) ha sido independiente…
Pues en ese caso sí, la potencia dominante tendría que permitir ejercer el derecho de autodeterminación. Y resulta que la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Principio 6°, establece claramente en qué consiste ese derecho:

«Puede considerarse que un territorio no autónomo ha alcan­zado la plenitud del gobierno propio:
1. Cuando pasa a ser un Estado independiente y soberano;
2. Cuando establece una libre asociación con un Estado in­dependiente; o
3. Cuando se integra a un Estado independiente.«

¿Más? Bueno, por citar Resoluciones que no quede. ¿Qué tal la 2625 (XXV) de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 24 de octubre de 1970?:

«El establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo.«

¿Y qué quiere decir la integración en un Estado? Pues según la anterior Resolución, la 1541 (XV) en su declaración 8ª, exactamente ésto:

“La integración a un Estado independiente debe fundarse en el principio de completa igualdad entre los pueblos del terri­torio que hasta ese momento ha sido no autónomo y los del país independiente al cual se integra. Los pueblos de los dos territorios deben tener, sin distinción ni discriminación alguna, la misma condición y los mismos derechos de ciudadanía, así como las mismas garantías en lo que se refiere a sus derechos y libertades fundamentales; ambos deben tener los mismos derechos y las mismas posibilidades de representación y parti­cipación en los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales del gobierno, en todos sus grados.”

Veamos entonces la situación actual del País Vasco, y de Cataluña (que no se sientan discriminados el resto de nacionalistas, que sólo es por abreviar):
¿Tienen los ciudadanos de estas dos regiones la plena ciudadanía española? ¿Y de ser así, con alguna limitación en cuanto a sus derechos y deberes? ¿Se les permite votar a las instituciones estatales según las mismas reglas que al resto de ciudadanos del Estado? ¿Se les prohibe acceder a algún cargo o puesto estatal o regional, o se les pone alguna traba diferente que al resto de ciudadanos? ¿Se les limita en algún grado (distinto del resto de ciudadanos del Estado) el acceso a las administraciones, como administrados o funcionarios? ¿Tienen instituciones regionales propias? ¿Pueden ejercer el derecho de sufragio activo y pasivo en ellas? ¿Esas instituciones tienen al menos similares competencias y nivel de autogobierno que el resto de regiones del Estado?
El caso es que con las ganas que tienen algunos de, siguiendo con cierta retórica ridícula, “internacionalizar el conflicto”, es de suponer que otros con cierto sentido común y del ridículo, habrán decidido que ya estaba bien de recibir sonoras carcajadas cada vez que pedían la autodeterminación de su terruño.
Porque creo que queda claro que no sólo Cataluña, sino Extremadura o Madrid ya ejercen ese derecho. Y de una forma evidente y clara, ya que sus ciudadanos participan sin discriminación en las instituciones regionales y del Estado, y en eso se incluye a los partidos nacionalistas e incluso independentistas, que gobiernan en esas instituciones sin que se les escuche un sólo comentario acerca de la ilegitimidad de las mismas. Se llama doctrina de los actos propios.

Una última reflexión:

Una vez dicho lo dicho, quizás fuera bueno acabar con alguna reflexión personal sobre el tema. Soy consciente que el ser humano es un animal social, y que como tal procura integrarse en un grupo y se siente agusto formando parte de él. También entiendo que hasta hace dos telediarios, la mayor parte de las sociedade vivían en relativo (o completo) aislamiento, una endogamia que provocaba similitudes culturales (e incluso físicas) entre vecinos, y diferencias con los que estaban al otro lado de la montaña. Lo que no me creo es que esas diferencias legitimen a un colectivo abstracto para ejercer potestades y derechos frente a ningún individuo.

Y ello por dos razones: la primera, porque considerar que esas similitudes convierten a los habitantes de un lugar en un pueblo, es negar al individuo, su posibilidad de ser diferente o tener opiniones, intereses o gustos no coincidentes los de sus vecinos. Si los míos , los buenos, los que tienen derechos, son los que son así, el que no lo sea es un paria. Y la segunda, porque nadie ha definido nunca con claridad quiénes son exactamente los integrantes de un pueblo, y cómo toma sus decisiones.

Me explico: una sociedad anónima, un club de petanca, una comunidad de propietarios, una sociedad de gananciales o un Estado (por poner unos pocos ejemplos de entidades colectivas) tienen unos criterios objetivos y claros sobre quiénes son sus componentes y cómo se toman las decisiones en su seno. En un pueblo, en cambio, sus integrantes parecen ser los que comparten esa mística comunión que los hace especiales, lo que en el fondo quiere decir que son aquellos que, quien tiene la fuerza, decide que son los suyos. Y eso determina también cómo se deciden las cosas. De esta forma, Justificar una unidad política en función de sus raices étnicas, culturales o raciales no es más que otra forma de justificar la tiranía.

Sí, ya sé: estaba el Pueblo de Roma, pero era la suma de los ciudadanos libres con plenitud de derechos políticos, por lo que sabían perfectamente a quiénes se referían; no era algo abstracto, sino un número definido de gente que guardaba sus gladios bien afiladitos en casa.
¿En ese caso no tendría un territorio, en ninguna circunstancia, derecho a independizarse de una comunidad política mayor? Pues por supuesto que sí, pero no considero excusas serias las solemnes referencia a pasados gloriosos (y mucho menos míticos), o supuestos derechos históricos, o hipotéticos agravios genéricos, invocaciones raciales, étnicas, lingüísticas o pseudoculturales, ni mucho menos dudosos daños basados en una concepción estatista del territorio, según la cual su gobierno no tendría suficiente poder o dinero del que se arranca al ciudadano.

En general, ninguna razón meramente sentimental o anímica me parece válida no sólo para una independencia, sino para cualquier acción política.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, consideraría legítimo que un grupo de habitantes de un territorio, constituyendo además una gran mayoría en él, argumentase racionalmente que la segregación del mismo les proporcionaría ventajas objetivas y medibles. Por supuesto, deberían respetar en todo momento los derechos de terceros, asumir las plenas consecuencias, y ser coherentes con sus posturas, en el sentido de permitir que dentro de su territorio, cualquier otro grupo decidiera también su independencia en los mismos términos.

Éste último escenario de independentismo racional no lo he visto aún en todos estos años, al menos en España. Mucho lirismo acerca de lo bien que se vivirá en el paraíso soñado, mucha lágrima narrando agravios pasados y mucha palabrería sobre lo que no puede gastar el gobierno regional, porque no puede manejar a su gusto los impuestos con los que se nos saquea. Pero nada más.

Sigo esperando. Supongo que alguien habrá hecho cuentas.