Tasas, justicia e impunidad

Una circunstancia curiosa que sucede con la administración de justicia, es que el común de los mortales tiene la impresión de que es algo que sólo les ocurre a los demás. Cuando se habla por ejemplo de sanidad, todo el mundo vive temiendo contraer en el futuro alguna dolencia grave, tiembla ante el dineral que un posible tratamiento le va a costar, y exige cosas como la gratuidad de la atención médica o la libre elección del facultativo.

Eso, unido a que lo que se sabe del misterioso mundo jurídico proviene de las series americanas, hace que salvo cuestiones muy espectaculares, el día a día de la administración de justicia no sea noticia, lo que permite que los gobernantes de turno puedan realizar las barrabasadas que les vengan en gana, sin que les suponga un coste de imagen preocupante.

Desde un punto de vista meramente práctico, para un gobierno los problemas a los que se enfrenta respecto de la Justicia son básicamente tres:

1- La Justicia es cara. No lo perdamos de vista porque este es, realmente, el principal problema para el gobierno. Hay que pagar los sueldos de los jueces, los secretarios judiciales, los funcionarios, los abogados de oficio, el material, las sedes, etcétera. Por si fuera poco, el desmadre organizativo es tal que, como en otros ámbitos de lo público, se despilfarra de forma incontinente.

2- La justicia es lenta. Extremadamente lenta. Es cierto que existe una gran carga de trabajo en los tribunales y que están colapsados. Las razones son muchas, pero desde luego, no son las que se suelen escuchar últimamente en los medios de comunicación.

3- Los ciudadanos suelen reñir con sus vecinos, pero lo peor es que tienen la fea costumbre de no conformarse con las arbitrariedades, los abusos ni las ilegalidades cometidas por las Administraciones, y en muchas ocasiones los jueces suelen darles la razón, los muy aguafiestas. Eso es un engorro para cualquier gobernante, porque no se puede velar por la felicidad de la gente si ésta se empeña en no dejarse pisotear sumisamente.

Talar el bosque para evitar que se queme:

Ante estos tres problemas la respuesta ha sido la fácil, es decir, limitar el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia. Como he dicho antes, prácticamente sale gratis a efectos de imagen y cuando alguien se ve por fin afectado (sí, uno de los que pensaba que nunca le sucedería a él), le suele echar la culpa a los jueces.

La historia es larga de contar, pero para no remontarnos hasta la Lex Romana Visigothorum, vamos a resumir un poco y a comenzar con el gobierno de Aznar, que estableció las tasas judiciales. Como crear tributos quedaba feo, las limitaron a las empresas (¡esas malvadas!) que facturaran un mínimo anual (¡esas malvadas!). Bueno, nadie protestó demasiado. El importe no era muy alto y parecía asumible. De lo que no se daban cuenta (o quizás sí) era que habían abierto el camino para lo que vendría después.

A continuación llegó Zapatero. Siguiendo la senda marcada amplió el cobro de tasas a los recursos, y ya no sólo para empresas, sino para el común de los mortales (con excepciones, claro, porque los que teóricamente llaman a la lucha de clases, se suelen empeñar en crearlas). Quizás el bueno de ZP pensara que acudir a los tribunales ya era malo, pero no estar de acuerdo con lo que dijera el juez era ya indignante. No contento con la implantación de esas nuevas tasas, prohibió recurrir cuando el importe del pleito fuera inferior a 30.000 € en los Contencioso-administrativos, y 3.000 € en los verbales del orden Civil.

¿Alguien nota la diferencia? ¿Y las consecuencias? En la práctica se convierte a los jueces de lo Contencioso-administrativos en auténticos cadíes, sin segunda instancia, sin posibilidad de apelación. El poder cercano al absoluto. La Administración añade una capa más a su blindaje frente a los ciudadanos. Por su parte, en los procesos civiles, se limitan los recursos disponibles para los ciudadanos con menos poder adquisitivo. Y por delirante que parezca, la gente sigue pensando que Zapatero y los suyos tenían respeto por los derechos fundamentales.

Pero la cosa no ha parado aquí. Nuestro nuevo gobierno, sin un duro en el bolsillo y con los mismos problemas que los anteriores, vuelve a la carga con una nueva ampliación de las tasas judiciales. Esta vez lo que han hecho es universalizarlas (bueno, no a todos, que como he dicho aún hay clases) y aumentarlas.

Recapitulemos. Como la justicia es cara, ahora pretenden recaudar más dinero por el acceso a la misma. Como está colapsada y además los ciudadanos protestan ante las arbitrariedades que sufren,  pretenden desincentivar el acceso a la tutela judicial.

¿Y todo esto quién lo paga?:

Sobre la financiación de la justicia habría mucho que decir, pero podemos resumir en que hay dos modelos. El primero, el que había en España hasta hace poco, sería el de la justicia gratuita. La administración de justicia se nutría de los impuestos de todos, si bien, como es lógico, cada litigante se pagaba su defensa y los medios de los que intentase valerse.

El segundo sería el del abono por los servicios prestados. Hay experiencias de sistemas judiciales privados, por no hablar de la institución del arbitraje. En ambos casos, con sus luces y sus sombras, los resultados han sido en general positivos. En este modelo, la justicia se financia íntegramente con la aportación de los litigantes, sin que a nadie más le cueste su dinero. Nada de cargo a los presupuestos. Pago por el servicio, pero nada (o poco) de impuestos.

Y después existirían sistemas mixtos, en los que habría partidas presupuestarias para ciertos gastos y el resto se financiaría con precios públicos. Hay quien ha defendido que esta es la idea de la reforma, pero está claro que no es así.

Porque lo que se establece son tasas y no precios públicos. No están ligadas al coste de los servicios ni a ningún otro criterio que no sea el tipo de procedimiento y su cuantía. Y además, su implantación no se ha visto acompañada con una paralela rebaja de los impuestos. Es decir, no estamos aquí ante la idea de que el servicio lo pague quien lo usa, sino simplemente ante un modo extra de sacarle su dinero como sea al ciudadano.

No es el primer ni el segundo sistema. Ni siquiera uno mixto. Estamos en lo peor de los dos mundos.

Don Erre que Erre:

 El ministro ha tenido la brillante idea de decir que el colapso de los tribunales es debido a esa gente que se aburre en casa y se dedica a litigar tontamente, como si fuera un hobby. Lo cual demuestra que para ser ministro no hace falta tener la más mínima idea de lo que ocurre en la vida real, o bien que mostrar un básico respeto por la inteligencia de los ciudadanos no es un requisito para ostentar un cargo público.

Veamos. Es cierto que dice la leyenda urbana que hay gente así, que se entretiene poniendo demandas. Todos sabemos de alguien que dice que tiene un conocido que tiene un cliente así. Bendito cliente, por cierto, porque contrariamente a lo que afirma el ministro, su afición, lejos de salirle gratis, es bastante onerosa.

Ni los abogados ni los procuradores (ni los peritos, ni los notarios, ni los registradores mercantiles o de la propiedad, entre otros profesionales cuyos servicios pueden ser necesarios para un pleito) trabajamos gratis. Y el hobby puede salirle más caro si además pierde los juicios, porque es más que probable que con una condena en costas, deba pagar los gastos del contrario.

Y si gana, es que no sólo tenía derecho a pleitear, sino que tenía razón al hacerlo.

Pero me dirá, paciente lector que hay quien no tiene esos gastos, porque por su nivel de renta tiene derecho a la justicia gratuita (abogado y procurador de oficio, además de otros gastos, como peritos). Pues bien, estas personas pueden seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, puesto que además están exentas de pagar las tasas judiciales recién creadas.

¿Justicia sólo para ricos?

Soy de la opinión de que la demagogia puede considerarse en ocasiones un verdadero género literario, pero últimamente los argumentos tanto del gobierno como de la oposición (ente abstracto al que podríamos llamar “todos los demás”) son tan previsibles y manidos que llegan a aburrir.

El problema no es que se vete el acceso a la justicia para los pobres. Eso ya se hizo en la anterior legislatura con la radical limitación de la posibilidad de recurrir. En este caso no les afecta en absoluto, porque los que tengan reconocido el derecho a la justicia gratuita (básicamente aquellos cuyos ingresos en el conjunto familiar no superen anualmente el doble del salario mínimo interprofesional), están exentos del pago de tasas.

Tampoco tendrían mucho problema los ricos. Pagar una tasa es un engorro, pero si se tiene la posibilidad de hacerlo y el pleito lo merece por la cuantía, no hay más problema.

Los auténticos afectados, como siempre, son las clases medias. Los profesionales, los autónomos, pequeñas empresas, asalariados con puestos medios, y en general esas personas para las que una deuda de 600 € es un dinero importante; para los que la reclamación de una renta de alquiler puede significar el fin o no de un negocio. En resumen, los que actúan en la gran mayoría de los pleitos, y que curiosamente constituyen el grueso de los votantes del actual gobierno, que parece empeñado en despreciarlos.

Quizás nuestro presidente y nuestro ministro de justicia piensen que no hay que molestar al poder judicial para esas minucias. Lo que quizás no se hayan parado a pensar es que cuando la gente no puede solucionar sus problemas por la vía judicial, suele buscarse otras.

Un ejemplo práctico:

Como lo que a mi de verdad me gusta es ir a lo práctico, veamos un ejemplo sencillo de la nueva situación. Comencemos por el Orden Jurisdiccional Civil:

 Conozcamos a un autónomo que tiene un cliente moroso, el cual le deja una factura impagada de, digamos 500 €. Haciendo uso de las armas que le confiere la ley, interpone un procedimiento monitorio (un procedimiento sumario ideado para agilizar el cobro y descongestionar la justicia. Irónico, ¿no?). Pues previamente tiene que pagar 102’50 € en tasas.

El contrario en lugar de pagar en los 10 días que le dan de plazo, opta por presentar un escrito de oposición al monitorio, por lo que hay que ir a un juicio verbal. Y nuestro autónomo tiene que volver a abonar tasas, esta vez 152’50 €.

En total ha debido pagar más de la mitad del importe reclamado, a lo que hay que añadir los honorarios del abogado y, si procede, del procurador. Y si el deudor paga antes del juicio, lo más probable es que no exista condena en costas.

Por supuesto que se desincentiva la resolución judicial de los conflictos, pero eso no significa que éstos vayan a desaparecer. Lo que ocurre es que se solventarán por otras vías. No creo que sea necesario explicar cuáles.

Aunque quizás sea eso lo que pretende el gobierno, en aras del fomento de la economía. Visto desde ese punto de vista, pueden incrementarse las ventas de neumáticos, lunas de coche, navajas, bates de baseball y demás. Aunque también lo hará el gasto sanitario, por supuesto.

Y ahora vayamos a la vía Contencioso-administrativa, donde además siempre es preceptiva la postulación de abogado y procurador:

 Nuestro autónomo, al volver a casa tras rajarle los neumáticos al coche de su cliente moroso (perdón, tras tomar medidas para reclamar extrajudicialmente el cobro de lo adeudado), se encuentra con la notificación de una multa por un vehículo que no tiene. Clásico error en la identificación.

Por supuesto, agota la vía administrativa tratando inútilmente de defenderse, y en el último y definitivo acto administrativo le comunican algo así como: “nos importan un pimiento sus alegaciones. De hecho sabemos que no tiene coche, que el expediente administrativo tenía graves defectos de forma, y además que la sanción es desproporcionadamente alta y está prescrita, pero aún sabiendo que es ilegal, le embargamos directamente de su cuenta 300 €. Ajo y agua.”

(Bueno, nunca emplean esas palabras exactas, pero suelen usar sus equivalentes del tipo: “en vista de las alegaciones presentadas y en base a la legislación vigente aplicable al caso, se desestima su recurso, continuando con la vía ejecutiva”. Esto es lo que entienden en muchas Administraciones por motivar un acto, por más que la jurisprudencia deje muy claro que no es más que una tomadura de pelo.)

Si ante lo que es una flagrante ilegalidad y una indefensión como ciudadano, nuestro autónomo pretende reclamar ante la jurisdicción Contencioso-administrativa, tendrá que pagar 201’50 € de tasas, además de los honorarios del abogado y del procurador, que jamás le serán reintegrados porque a la Administración nunca se la condena en costas, por muchas burradas e ilegalidades que cometa.

 Es decir, que si decide ser un ciudadano con derechos y no un súbdito obediente, tendrá que elegir entre dejarse robar sumisamente por una Administración o pagar un importe superior, una parte importante del cual irá a otra Administración.

En resumen:

Como todos los cambios normativos, éste va a tener una serie de consecuencias que por supuesto, el gobierno alegará no haber deseado, y que le darán excusas para seguir aprobando nuevas normas del mismo estilo a fin de solucionarlas.

Desde el punto de vista civil, ningún profesional o empresa en su sano juicio va a hacer trabajo alguno de menos de cierto importe si no cobra por adelantado y en efectivo. Nada de talones, cheques, letras o similares, cuya ejecución, al ser título extrajudicial, conlleva el pago de la famosa tasa.

Y en caso de impago, el país se va a volver mucho más interesante, aunque menos seguro, claro, desde el punto de vista de la integridad física. Se supone que la justicia estaba para que cualquiera pudiese hacer valer sus derechos de forma civilizada. Cuando eso ya no es posible, sin duda cada uno se buscará los medios que considere más oportunos.

Las administraciones, por otra parte, pueden seguir haciendo de su capa un sayo, viendo como aumenta su impunidad. ¿Embargos prescindiendo absolutamente del procedimiento? ¿Sanciones inventadas sobre la marcha? ¿Por qué no? Nadie va a defenderse porque perdería más dinero. Carta blanca para la confiscación, cuando no directamente para el robo, siempre que no supere unas cantidades prudenciales. ¿Quién sabe? A lo mejor así es como se piensa acabar con el déficit público.

Y para terminar, está el asunto de la lentitud de la justicia y del colapso de los juzgados y tribunales. Obviamente estas medidas no lo van a solucionar. Las causas son otras, mucho más profundas, y daría no para un artículo, sino para todo un tratado.

En cualquier caso, convertir a los jueces en cadíes, hacer inviable el acceso de una parte de la población a los tribunales y convertir en impunes las arbitrariedades de la Administración, no es forma de solucionar los problemas de la justicia, sino de agravarlos.

 Por cierto: Las nuevas tasas judiciales entraban en vigor hoy, día 22 de noviembre de 2012, pero resulta que aún no se ha aprobado el modelo de Hacienda para cobrarlas, por lo que se ha ordenado a los secretarios judiciales que no las exijan hasta que dicho modelo exista. Puede ser una muestra más de incompetencia, o quizás se trate de que en el último momento, alguien se ha arrepentido y no se atreve a poner en marcha el engendro que ha creado. El tiempo lo dirá.