Sé que tras mi larga ausencia de este foro, fruto de una mezcla de falta de tiempo y pereza al teclear, lo mínimo que se esperaría quizá fuera un artículo serio acerca del concepto de indulto, su regulación legal y su aplicación al caso concreto de actualidad. Sin embargo, me voy a limitar a un aspecto del argumentario gubernamental que me ha llamado la atención. La excusa de que los indultos ayudarán a solucionar un problema político o social, por ser una muestra de buena fe que comenzará una era de diálogo, paz, alegría y regodeo…
El voluntarismo naif de este pretexto salta a la vista, como también que se trata de un argumento exclusivamente para fans convencidos. Sin embargo, resulta interesante partir del mismo y sacar sus conclusiones lógicas.
Porque según la postura oficial del gobierno de la nación, lo ocurrido con los políticos nacionalistas condenados no es más que un incidente fruto de una diferencia de criterios políticos y sociales, en los que una serie de personajes (políticos) con un grupo de ciudadanos que los apoyan (una masa social), habrían infringido la ley (promulgada por otros políticos con otra masa de ciudadanos apoyándolos) para conseguir sus fines. Unos fines que serían ilícitos, usando unos medios ilícitos, claro. Pero, siempre según la actual doctrina gubernamental, sería un problema al que habría que dar una solución política, dialogada, excluyendo la aplicación estricta de la ley penal y deplorables actitudes de venganza.
Si aceptásemos tan bondadosas palabras y loables intenciones del gobierno, no podríamos quedarnos ahí. ¿Por qué no aplicar tan sencilla solución a otros problemas sociales igual de complejos de resolver?
La guerra contra las drogas:
Resulta evidente que el asunto de la represión del tráfico de drogas es un problema bastante grave. La mayoría de los condenados en las prisiones de nuestro país y de los de nuestro entorno, lo son por delitos directa o indirectamente relacionados con la elaboración, el comercio o el consumo de drogas prohibidas.
Sin embargo, en el fondo nos encontramos ante un problema de choque de concepciones sociales y políticas, al igual que ocurre con el “conflicto” del nacionalismo catalán, pero mucho más grave.
Porque evidentemente, al igual que con los “presos del procés”, nos hallamos ante unas personas con una convicción social determinada (no están de acuerdo con que el comercio de drogas esté prohibido) y con un enorme apoyo social, puesto que no sería uno de los negocios más rentables del mundo si no contaran con una gigantesca base de compradores.
Por ello, al igual que con los condenados nacionalistas, habrían infringido la ley para conseguir sus fines, igualmente ilegales, pero fruto de unas convicciones determinadas que comparten con muchos ciudadanos.
Para ser coherente con su postura, el gobierno debería indultar a todos los condenados por delitos relacionados con drogas, o al menos a los líderes de las organizaciones que se dedican a su tráfico, como muestra de buena fe, para darle al tema una solución política, negociada y pacífica, excluyendo la aplicación ciega de la ley penal y el impulso vengativo.
La violencia machista contra las mujeres:
Hay quienes sostienen (principalmente los que hemos tenido ocasión de encontrarnos habitualmente con estos casos en los juzgados de violencia sobre la mujer), que la violencia contra las parejas o en el ámbito familiar es fruto de una enorme cantidad de factores muy diferentes en cada caso. Unos casos que deben ser estudiados de forma individualizada, aunque penados dentro de una ley penal que no distinga de motivos (más allá de las causas eximentes, atenuantes o agravantes habitualmente reconocidas en el Derecho de las democracias) ni de otras circunstancias como sexo, raza, nacionalidad, religión, extracción social, etc.
Sin embargo, de nuevo la doctrina oficial establecida desde las instituciones gubernamentales, indica que la violencia contra las mujeres proviene de una única causa, que sería la mentalidad patriarcal y machista de los agresores que pretenderían mantener la sumisión de las mujeres al dominio masculino. Por ello, oficialmente se dispone que estamos no ante un conjunto heterogéneo de delincuentes violentos, sino ante una masa social que por medios ilícitos, pretenden imponer una situación ilícita, fruto de una ideología social y política.
Y aunque los niveles de delincuencia relacionada con estos delitos son mínimos, y más comparados con los derivados del tráfico de drogas, los casos de violencia intrafamiliar son más frecuentes que los intentos de secesión de regiones. Y más importante aún, la doctrina oficial nos habla de un problema grave y acuciante, por lo que nos están indicando que a su entender, se trata de unos delincuentes que, siempre según el gobierno y sus expertos, tendrían un gran sustento social. De nuevo y siempre ateniéndonos a la versión oficial, nos encontramos ante el mismo caso de los “presos del procés”.
Siguiendo pues la postura del gobierno, lo que procedería no sería otra cosa que el indulto a los condenados por delitos de violencia de género, para de ese modo dar una muestra de buena fe de cara a lograr una solución política a un problema social, lejos de la rigidez del Derecho y de deplorables actitudes de venganza.
Y podríamos seguir sacando las conclusiones lógicas a la postura del gobierno de España, pero estarán conmigo que por más divertido que resulte, sería un trabajo estéril. Al fin y al cabo lo que los asesores de imagen de Pedro Sánchez le han dicho que suelte por su boquita (a él y la tropa de innumerables ministros que balan al son de sus expertos en marketing) no es más que la cháchara del tipo que mueve los vasos mientras tratamos de adivinar dónde está la bolita.
