Agenda 2030: Camino de servidumbre

Esta Agenda 2030 debería dejarnos a todos con muy mal sabor de boca. Abusa de la emoción a costa de la razón. Ofrece muchas más buenas intenciones que medidas político-económicas de verdadero calado, implementables, financiables y, en definitiva, realmente sostenibles.
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I. INTRODUCCIÓN

El pasado mes de septiembre se cumplían 5 años desde la adhesión de España a la llamada Agenda 2030. 195 países firmaron un documento de compromisos desde los que fomentar la conservación y el uso eficiente de recursos, la aparición de sociedades más inclusivas y la lucha contra la desigualdad, el respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad en nuestra movilidad y, en definitiva, la transformación del sistema productivo a nivel global. El Gobierno de coalición liderado por el Partido Socialista Obrero Español que en estos momentos dirige las políticas del país, se ha puesto manos a la obra con el fin de conseguir los objetivos fijados en aquella ocasión.

Mediante la creación de diferentes secretarías de Estado y otros organismos dependientes de las mismas, el Gobierno pretende poner en marcha un plan de gasto público sin precedentes. Según cálculos recientes, deberíamos invertir en los próximos 10 años al menos 103.000 millones de euros para lograr acercarnos a los objetivos fijados. Permítanme, para no perderlos de vista, citarles aquí los 17 objetivos fijados como prioritarios por el Gobierno de España:

  • El fin de la pobreza
  • Hambre cero
  • Salud y bienestar
  • Educación de calidad
  • Igualdad de género
  • Agua Limpia y Saneamiento
  • Energía asequible y no contaminante
  • Trabajo decente y crecimiento económico
  • Industria, Innovación e Infraestructuras
  • Reducción de las Desigualdades
  • Ciudades Sostenibles
  • Producción y consumo responsable
  • Acción por el clima
  • Vida submarina
  • Vida de ecosistemas terrestres
  • Paz, justicia e instituciones sólidas
  • Alianzas para lograr objetivos

Si se acercan a los documentos que el Gobierno ha puesto a nuestra disposición a través de la página web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se darán cuenta de que el concepto sostenibilidad se convierte en vehículo argumentativo principal de prácticamente todas las propuestas.

II. ¿CÓMO DEFINIMOS SOSTENIBILIDAD?

Antes de pasar a analizar cada uno de los puntos de la Agenda 2030, algo que sin duda sobrepasa el espacio que nos ofrece un único artículo (esto será una serie de artículos), creo necesario adentrarnos en la complejidad de todo lo que se esconde tras el término sostenibilidad.

ACTIVISTAS CLIMÁTICOS COMO DAVID SHEARMAN Y JOSEPH SMITH YA ESTÁN PROPAGANDO ABIERTAMENTE LA TRANSICIÓN A UN “GOBIERNO ACADÉMICO-TECNOCRÁTICO” TOTALITARIO AL ESTILO DEL ESTADO DEL REY FILÓSOFO PLATÓNICO. LA DEMOCRACIA CORRE REALMENTE PELIGRO. NUESTRO PARTICULAR “CAMINO DE SERVIDUMBRE” NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR

Quien piense que sólo existe una definición para “sostenible” se sorprenderá al descubrir que, en la literatura científica, y desde un punto de vista ecosocial, existen multitud de definiciones de “lo sostenible”. Esto es así porque, a la hora de definir sostenibilidad, se utilizan tanto juicios de valor normativos, es decir, tanto juicios sobre qué objetivos son correctos y cuáles son incorrectos, como juicios de valor empíricos, esto es, juicios sobre qué descripciones de hechos empíricos son correctas o incorrectas.

Los juicios de valor normativo se refieren, por ejemplo, a cuestiones sobre cómo compensar el bienestar intergeneracional, qué especies de seres vivos deben tenerse en cuenta y merecen mayor protección o qué grado de aversión al riesgo puede considerarse aceptable. Los juicios de valor empírico se refieren, por ejemplo, a cuestiones como qué recursos son realmente agotables, qué recursos son renovables, dónde están los límites del uso excesivo o no de estos recursos renovables o cómo de alta debemos establecer la probabilidad de que los recursos agotables puedan ser substituidos por futuros avances tecnológicos.

Bajo los parámetros arriba descritos es posible entonces encontrar definiciones de sostenibilidad que van desde las tesis de R. M. Solow,

“dado que, gracias a la tecnología, en el medio y largo plazo será posible sustituir todos los recursos agotables por recursos renovables, se postula que las próximas generaciones deben tener derecho a poder consumir como mínimo lo mismo que nuestra generación” Solow, R. M. (1974), Intergenerational Equity and Exhaustible Resources. Review of Economic Studies (Symposium), S. 29-45

a las más radicales de Herman E. Daly,

“dado que cualquier forma de crecimiento económico causa efectos indeseables es preceptivo el mantenimiento constante de todos los recursos naturales a día de hoy sin importar el coste de oportunidad, ya sea en forma de reducción del consumo o de vidas humanas” Herman Edward Daly, Elements of environmental macroeconomics, in: Robert Costanza (editor), Ecological Economics: The Science and Management of Sustainability. Columbia University Press, New York.

Estas diferentes formas de definir sostenibilidad no son meras disputas académicas. De la adopción de una u otra postura dependen directamente muchas de las acciones políticas a las que asistiremos en los próximos 10 años. La polémica suscitada sobre el “coste de emitir una tonelada de CO2 hoy y en el futuro” entre Nicholas Stern y el Premio Nobel de economía William Nordhaus es un buen  ejemplo de esto que les cuento. Si nos fiásemos de Stern, y dicho de manera “metafórica”, nuestros tatara-tatarabuelos, que en aquel momento tenían aproximadamente el mismo ingreso medio que los residentes actuales de Zambia, ¡habrían tenido que ahorrar parte de sus ingresos para pasárnoslos a nosotros!

No existe ningún método científico con el que podamos probar la falsedad o veracidad de los juicios de valor normativos. En última instancia, todo ciudadano responsable debe tomar una decisión en función de sus preferencias personales. Sin embargo, como nos muestra la controversia entre Stern y Nordhaus, un debate científico sobre las consecuencias de decisiones normativas bajo el prisma de juicios empíricos puede proporcionarnos informaciones muy útiles. Y es esto precisamente lo que convierte en absolutamente asombroso el hecho de que nuestro Gobierno haya tomado una decisión por y para todos en lo referido a la definición de sostenibilidad: “tenemos que dejar a nuestros hijos y nietos una estructura ecológica, social y económica intacta”.

En otras palabras, partiendo de la adopción de un juicio de valor empírico cómo único y cierto, obviando que éste puede variar en la misma medida en que avanza nuestro conocimiento científico sobre nuestro entorno, el Gobierno adopta un juicio de valor normativo y lo convierte en leyes. Este proceso legislativo no solamente nos sustrae a los ciudadanos y a nuestros representantes elegidos democráticamente del debate político, también cierra posibilidades a la ciencia y la tecnología para poder alcanzar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías. El Gobierno sabe, por lo tanto, exactamente qué es una “estructura ecológica, social y económica intacta”. Si esto es así y queda plasmado en forma de múltiples leyes, ¿podremos realmente salvarnos de este discurso institucionalizado? ¿quedamos en condiciones de rebatir el enunciado principal desde la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías? Este vicio a la hora de desarrollar hábitos de superioridad normativa tendrá peligrosísimas consecuencias. En realidad, se trata de uno de los pilares fundamentales del pensamiento totalitario.

Activistas climáticos como David Shearman y Joseph Smith ya están propagando abiertamente la transición a un “gobierno académico-tecnocrático” totalitario al estilo del Estado del rey filósofo platónico. La democracia corre realmente peligro. Nuestro particular “camino de servidumbre” no ha hecho más que empezar.

III. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. CONTRADICCIONES

Terminaba la primera entrega de esta serie de artículos sobre la Agenda 2030 mostrándoles mi asombro sobre la “omnisciencia” que parece adornar a la clase política moderna, omnisciencia impostada, evidentemente, pero que les consolida a ellos en lo alto de la pirámide de poder al tiempo que nos hurta a los demás toda capacidad de debate. Queda marcado y definido el camino hacia una democracia teledirigida por un gobierno académico-tecnocrático totalitario.

Resulta que la Agenda 2030 fue adoptada en Naciones Unidas como resolución. Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU son principal, y mayormente, recomendaciones. No son vinculantes según el derecho internacional. Sobre esta particularidad no leeremos nada en la pagina web del gobierno español dedicada al tema. La Agenda 2030 contiene un total de 17 objetivos para el desarrollo sostenible, algunos de los cuales pueden entrar en conflicto entre sí. P.ej. El Objetivo 8 (“Trabajo decente y crecimiento económico sostenible”) y el Objetivo 10 (“Reducción de las desigualdades”) o el Objetivo 15 (“Proteger los ecosistemas terrestres”) compiten entre sí (hablaremos más delante de ello).

VERDADERAMENTE PREOCUPANTE ES EL HECHO DE QUE, SEGÚN PARECE, UN GRAN NÚMERO DE PERSONAS PREFIEREN “CREER” LO QUE PROPONE EL GOBIERNO ANTES QUE SENTARSE A COMPROBAR SI LO QUE SE NOS IMPONE ESTÁ JUSTIFICADO

Por lo tanto, qué medidas de política específicas se derivan de la Agenda 2030 depende de cómo se ponderen normativamente cada uno de los objetivos individuales. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no aborda este problema normativo. Según los documentos ministeriales, lo que la Agenda 2030 significa no es la apertura de un debate sobre las posibilidades reales de llevar adelante los objetivos marcados, es la demanda concisa de cambio en los estilos de vida de los ciudadanos y en las políticas empresariales de casi todos los sectores industriales. En palabras del ministerio: un nuevo contrato social que no deje a nadie atrás.

Según esta concepción del Estado, el principio constitucional de soberanía popular se invierte: no es el pueblo el que determina la política del gobierno en función de sus preferencias políticas, sino que el gobierno utiliza los impuestos recaudados y el poder de las instituciones para cambiar las actitudes del pueblo según las ideas y modelo del gobernante.

Verdaderamente preocupante es el hecho de que, según parece, un gran número de personas prefieren “creer” lo que propone el gobierno antes que sentarse a comprobar si lo que se nos impone está justificado. Si repasamos la historia, esta fe ciega en el “buen amo” caracteriza a todas las sociedades de vasallos… mientras hay pan y circo. Cuando se acaba el pan, el circo ya no basta y las revoluciones están a la vuelta de esquina. Tal vez por ello, si abrimos la información referida al ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) número 13, “Acción por el clima”, la primera falsedad con que nos encontramos sirve para consolidar un miedo esencial: nos quedaremos sin comida. Leemos

«Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados centígrados. Esto quiere decir que por cada grado que aumenta la temperatura, la producción de cereales se reduce un 5% aproximadamente. Se ha producido una reducción significativa en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes, de 40 megatones anuales a nivel mundial entre 1981 y 2002 debido a un clima más cálido».

Ignoro -asombra la desfachatez con que los comunicados informativos del Ministerio evitan escrupulosamente citar la fuente de sus datos- de dónde salen esos números. Independientemente de que disponemos de datos consolidados hasta 2018, basta con dar un vistazo a los números de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura) para darse cuenta de que no sólo NO hay reducción significativa en las cosechas de trigo, maíz u otros cultivos importantes, si no que estamos ante un crecimiento sostenido en la productividad de prácticamente TODOS los cultivos.

Gráfico Crop Yields

El resto de “datos” que nos ofrecen desde la web ministerial es apenas un popurrí de cifras y mensajes encaminados a hacernos ver la irreversibilidad de las consecuencias del Cambio Climático si no hacemos exactamente lo que el Ministerio propone. En una entrevista para el semanario alemán Spiegel publicada recientemente, el investigador climático Jochem Marotzke, director del Instituto Max Planck de Meteorología en Hamburgo y uno de los autores principales del último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), preguntado por los famosos “puntos de no retorno” respondía

«No podemos descartarlos, pero la evidencia de tales puntos de no retorno hasta ahora ha sido bastante débil. Un calentamiento de 2 grados probablemente podría hacer que la capa de hielo de Groenlandia se derrita, provocando que el nivel del mar suba siete metros a largo plazo, lo que sería un cambio muy dramático. Pero incluso si lo hiciera, el proceso tardaría 3000 años. Todos los demás supuestos puntos de no retorno, como la detención de la Corriente del Golfo o el derretimiento de la Antártida Occidental, son poco probables en un futuro previsible. Desafortunadamente, a menudo perdemos nuestro sentido de la proporcionalidad en el debate climático».

Obviamente, el Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030 no solo pierde el sentido de la proporcionalidad, se abstiene deliberadamente de una presentación de los hechos tan diferenciada porque relativizaría la urgencia de sus demandas políticas.

Las “recomendaciones” realizadas por el Ministerio en el área 12, “Producción y consumo responsables” tienen un problema similar. Al acogerse a las propuestas de consumo sostenible de alimentos nacidas de la Conferencia de Río + 20, nos encontramos con un “programa” de decidido apoyo a la «agricultura ecológica». El Ministerio  no proporciona ninguna evidencia científica para esta recomendación. Tampoco proporciona información sobre opiniones alternativas sobre el tema de la “agricultura ecológica”. Numerosos estudios científicos en los últimos años han revelado importantes debilidades en la «agricultura ecológica». En un amplio metaestudio, Tuomisto y otros científicos llegan a la conclusión de que el consumo de tierra en la agricultura orgánica por unidad de rendimiento en Europa es, en promedio, un 84 por ciento más alto que en la agricultura convencional. Según los resultados de Tuomisto, la principal razón del alto consumo de suelo de la «agricultura ecológica» es la renuncia a los fertilizantes producidos artificialmente. Dado que la proporción de la agricultura orgánica en la producción agrícola mundial es actualmente inferior al uno por ciento, la superficie utilizada para la agricultura tendría que incrementarse al menos 1.8 veces en todo el mundo si hubiera una conversión del 100 por ciento a «agricultura orgánica». Es difícil imaginar que la pérdida de hábitat asociada no pueda suponer una carga drástica sobre los ecosistemas y la biodiversidad.

IV. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Continuamos analizando aspectos del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12, Producción y Consumo responsables. Terminaba la segunda parte de esta serie sobre la Agenda 2030 haciendo unas consideraciones sobre cómo las propuestas para aumentar la producción y el consumo de productos agrícolas “bío” podrían suponer una carga severa sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Curiosamente, en la documentación hasta ahora publicada por el Gobierno de España no se aborda este problema con una sola sílaba. Por lo general, cuando acudimos a diversas fuentes como la FAO, al describir el campo de trabajo “Agricultura, uso de la tierra y protección del suelo” incluso podemos leer que la agricultura orgánica promueve la protección de las especies, contamina menos las aguas subterráneas y el clima, protege contra el excesivo uso de fertilizantes y es esencial para la protección de los suelos. Esta evaluación de la “agricultura ecológica” también está en directa contradicción con los resultados científicos conocidos. El aumento en la necesidad de superficie también significa que el potencial de eutrofización de la agricultura orgánica, medido por unidad de rendimiento, es significativamente mayor que en la agricultura convencional. (Sigo basándome en los datos recogidos en el muy amplio y sólido metaestudio de Tuomisto y colegas).

ME PARECE MAGNÍFICO “PROTEGER LOS DERECHOS LABORALES”, PERO LOS DERECHOS LABORALES SÓLO SE APLICAN A QUIEN TRABAJA, Y SI NO SE PROTEGEN LAS INVERSIONES Y LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS, NO HABRÁ PUESTOS DE TRABAJO SUJETOS A DERECHOS

Afirmaciones del tipo «Si compra productos orgánicos, también está haciendo algo bueno para usted, porque las cualidades sensoriales son mejores y hay menos residuos de pesticidas» tampoco reflejan el estado actual del conocimiento científico (ver Haglund et al. o Talavera-Bianchi et al. sobre evaluación sensorial. Ver Ames et al. o Magkos et al. sobre pesticidas). Cuando de hacer promoción de algo se trata, es aceptable resaltar únicamente las virtudes de lo que vendemos. Pero si es el gobierno el que nos propone algo, no puede ocultar los resultados de investigaciones importantes, tampoco aquellos que pudieran contradecir su propia posición.

V. TRABAJO DECENTE

En un país carente de tejido industrial amplio y consolidado, con una tasa de paro crónico por encima del 15% de la población activa y una tasa de paro juvenil cercana al 50%, encabezar el apartado dedicado al ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico con la frase “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para tod@s. (sic)” parece más un brindis al sol que la descripción de un plan. Imagino que el Gobierno de España ha adoptado el adjetivo “decente” para calificar al trabajo en oposición a situaciones de esclavitud o cuasi-esclavitud, porque la “decencia” no es una característica de lo que se hace, si no de quién lo hace. Y todo aquél que no delinque para ganarse el pan, pagar la hipoteca y sacar adelante a su familia es decente. Y su trabajo, por tanto, también. Y no importa si hablamos de una prostituta o un ingeniero aeroespacial.

No soy economista, pero a nadie se le escapa que el mejor argumento que tiene un trabajador para mejorar sus condiciones laborales es el de “si esto no mejora, me voy a otra empresa, jefe”, lo cual sólo es posible en situación de pleno empleo (tasa de paro +/- 5%). España dispone de una de las mejores redes de infraestructuras de Europa: aeroportuaria, portuaria, vial, ferroviaria, …, luego ahí no podemos encontrar la razón por la que el país siga siendo enormemente dependiente del sector servicios (incluyo el turismo aquí) y funcionarial. Para generar una red productiva sostenible, mejor: robusta, es necesario eliminar trabas a la inversión, fomentar el ahorro, facilitar la explotación responsable de los recursos naturales -especialmente los estratégicos, como las tierras raras-, eliminar trabas burocráticas a la creación de empresas, fomentar la innovación en todos los terrenos, reducir la carga fiscal de empleadores y empleados (porque, no se lo van a creer, un empleado con un buen sueldo puede ahorrar, y si no se le hiperfiscalizan sus ahorros, ¡puede convertirse en inversor si lo desea!) y, en definitiva, promocionar la iniciativa privada mediante políticas, aquí sí, inclusivas e igualitarias: porque no favorecen ninguna actividad en perjuicio de otras por mero corporativismo o ideología.

Ni que decir tiene que, en la web del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 no encontraremos ni una sola palabra de esto que les relato. Sí muchos conceptos perfectamente vacíos, como el del “turismo sostenible” que, cito, “cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”. Como si el turismo en España no crease ya puestos de trabajo, no promoviese la cultura y sólo sirviese comida china. De la temporalidad de estos puestos de trabajo, ni una palabra. Me parece magnífico “proteger los derechos laborales”, pero los derechos laborales sólo se aplican a quien trabaja, y si no se protegen las inversiones y la creación de nuevas empresas, no habrá puestos de trabajo sujetos a derechos. El “plan” dice que se fomentarán la pequeña y mediana empresa. Pero no encuentro ni una sola de las medidas arriba mencionadas más allá de “facilitar el acceso a servicios financieros”. El año 2021 empieza con significativas subidas de impuestos.

En el punto 8.2 del ODS “Trabajo decente y crecimiento económico” podemos leer:

“Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra”

Según los últimos datos del INE, publicados con relación al 2019, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) se situó en torno al 1,25% del PIB, apenas una centésima más que en el 2018 y todavía por debajo de los niveles precrisis. El porcentaje está lejos del objetivo del 2% que se había marcado Españapara el 2020 y todavía más del objetivo del 3% que había fijado la Unión Europea para este mismo año.

Pero no se preocupen, vamos a “Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados…” (sic), y por ahí empezaremos la próxima semana la cuarta entrega de esta serie de artículos.

VI. TRABAJO INFANTIL Y COMERCIO JUSTO

¿Existe un sistema con el que podamos aumentar las calorías per cápita diarias, disminuir la mortalidad infantil, aumentar la esperanza de vida, mejorar el acceso al agua potable, aumentar el índice de personas con estudios universitarios, reducir drásticamente el índice de trabajo infantil o amentar la cuota de mujeres con acceso al trabajo (y por tanto a su independencia)? Sí, se llama globalización. Y utiliza una herramienta poderosísima: el libre intercambio de bienes y servicios entre todas las sociedades del planeta.

La evidencia empírica es tan contundente que resulta altamente sospechoso que, en vista de los datos, sean necesarios un plan y un modelo nuevos para conseguir esos objetivos que ya estamos alcanzando. Efectivamente, siempre es posible hacer las cosas mejor, aprender de los errores cometidos. Pero el discurso de ruptura con todo aquello que nos ha traído hasta aquí podría llevarnos a pensar que apenas se trata de generar nuevos organismos en los que poder emplear a los clientes habituales. ¿Qué nos dice la Hoja de Ruta de la agenda 2030? Se trata de desarrollar

“Una estrategia que dé respuesta a los principales retos a los que nos que enfrentamos, a través de un ejercicio de focalización y priorización de aquellas políticas con mayor capacidad de abordarlos, partiendo de un diagnóstico riguroso y objetivo” (énfasis del autor)

En esta serie de artículos (IIIIII) hemos revisado ya algunas de las políticas que se anuncian como medulares de esta “nueva estrategia”, mostrando su ineficiencia, incluso contraindicación. Permítanme continuar con el análisis.

LA EXPERIENCIA EMPÍRICA TAMBIÉN MUESTRA QUE EL BOICOT O LA PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN PAÍSES NO DESARROLLADOS EMPEORA EN GENERAL CONSIDERABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LOS NIÑOS AFECTADOS

Quiero creer que se trata de un error de transcripción cuando, en dos de los propósitos estratégicos correspondientes al ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) 8 se fija el año 2020 -que acaba de terminar con mucha pena, nada de gloria y un 40% de paro juvenil- como el año en el que se debería haber reducido considerablemente la proporción de jóvenes sin trabajo. No sólo en España (labor titánica), también a nivel mundial. Ya la semana pasada les explicaba las razones por las que será imposible, con las herramientas que maneja el gobierno de la nación, reducir apreciablemente el paro juvenil (y el estructural) en España. ¿Y qué vamos a hacer para lograr ese objetivo a nivel mundial? Aplicar, dice la web del ministerio, los principios del Pacto Mundial para el Empleo de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Temas importantes son la erradicación del trabajo infantil y la extensión de los derechos laborales. Las herramientas propuestas van desde la adopción de medidas políticas hasta la “motivación” para un cambio en las costumbres de consumo de los ciudadanos occidentales. Dos conceptos claves aquí: compras de proximidad y “Fair-Trade”

Mejor compre su ropa fabricada en Europa.

Una gran parte de los productos textiles vendidos en Europa se produce en países de salarios bajos como China, Pakistán, Bangladesh, Indonesia, Vietnam o América Central. Allí no siempre se puede garantizar el pago de salarios dignos, las medidas adecuadas de seguridad en el trabajo y la prevención del trabajo infantil. El cumplimiento de las normas sociales mínimas está garantizado cuando la ropa se produce y fabrica de forma justa en Europa. Esta filosofía se está imponiendo en todo el mundo desarrollado y tiene varias consecuencias altamente negativas:

  1. El sector minorista explota frecuentemente la mayor disposición a pagar de los grupos de consumidores con alto poder adquisitivo para exigir un recargo adicional sobre los productos de “comercio justo”, que lógicamente guarda para sí mismo (monopolio discriminador de precios). El economista Tim Harford ha calculado que, por estas razones, y en última instancia, sólo el diez por ciento de la sobretasa que paga el consumidor termina en el bolsillo de los productores.Los efectos distributivos del “comercio justo” también son controvertidos. La empresa de certificación FLOCERT, una subsidiaria de Fairtrade International, cobra tarifas de alrededor de 2000 euros por registro y auditorías. Esto también suele ser mucho dinero para gran parte de las cooperativas de los países productores. Los pequeños productores que no pueden obtener los fondos para la certificación sufrir tanto por el aumento de la producción de los fabricantes certificados como por el aumento asociado de los precios de arrendamiento de las áreas de producción. Por tanto, existen buenas razones para pensar que el «comercio justo» igual no es tan justo.
  2. Compremos en proximidad. Si no hay demanda de exportación de productos en los países de bajos salarios, la demanda de trabajadores allí naturalmente también cae, por lo que los salarios continuarán cayendo. Por lo tanto, la situación de los trabajadores en los países de bajos salarios continuaría deteriorándose si los consumidores siguieran las recomendaciones de la Agenda 2030. Hay muchos ejemplos (publicación en alemán) de países subdesarrollados que atraen inversiones presentándose como lugares de exportación con salarios bajos y luego el crecimiento del salario real se pone en marcha con el aumento de la productividad laboral relacionado con la inversión, lo que lleva a un proceso de acercamiento en salarios y condiciones laborales con los países desarrollados. Países como Corea del Sur han hecho la transición de un país de bajos salarios a un lugar de alta tecnología, salarios adecuados y buenas condiciones laborales justo de esta manera. No existen ejemplos de países que hayan llegado a convertirse en proveedores de alta tecnología como resultado de las ayudas al desarrollo.

La experiencia empírica también muestra que el boicot o la prohibición del trabajo infantil en países no desarrollados empeora en general considerablemente la situación de los niños afectados. La mayoría de los niños son enviados a trabajar por sus padres no con intenciones de explotación, sino porque los padres no obtienen ingresos suficientes para mantener a sus hijos. Existen muchas razones para creer que la mejor manera de superar el trabajo infantil es aumentar los ingresos. A los responsables del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 (y a usted, querido lector) les invito a leer los trabajos de Eric Edmonds y Nina Pavcnik sobre Vietnam: “El aumento del 30 por ciento en el precio relativo del arroz estuvo acompañado de una disminución del 9 por ciento en el trabajo infantil. El aumento del precio del arroz puede explicar así el 45% de la disminución del trabajo infantil que se produjo en las zonas rurales de Vietnam (…) entre 1993 y 1998.” También pueden leer el trabajo de Kaushik Basu, cuyas observaciones empíricas de series de tiempo en China muestran, por ejemplo, que la tasa de trabajo infantil entre los diez y los catorce años ha disminuido de manera constante desde el 48% en 1950 al 12% en 1995 con el aumento del ingreso per cápitaEsta caída «fue más pronunciada en la década de 1980 cuando la economía del país estaba creciendo rápidamente. Lo mismo ocurre con Vietnam e India, donde los investigadores occidentales pueden verificar mejor los datos. Por el contrario, el trabajo infantil apenas disminuyó en países con economías estancadas; en Camboya, por ejemplo, solo del 29% al 25% en el mismo período de tiempo».

Y hasta aquí este capítulo. La próxima semana hablaremos de la energía, esa maravillosa herramienta que nos ha convertido en la especie con mejor potencial de adaptación y robustez del planeta.

VII. LA ENERGÍA DEL FUTURO

La energía es la verdadera moneda universal; nada ocurre en nuestro planeta sin flujo, transformación o intercambio de energía. Transformación y flujos de energía que van desde las fuerzas que originan la tectónica de placas hasta los efectos erosivos acumulativos de las incontables gotas de lluvia. La vida en la Tierra depende de la transformación fotosintética de la energía solar en biomasa vegetal. Los seres humanos, en nuestro camino civilizatorio, hemos logrado aprovechar muchos más flujos de energía, que van desde los combustibles fósiles hasta la generación fotovoltaica de electricidad. Además, nuestra especie es la única capaz de utilizar sistemáticamente la energía disponible fuera de nuestro propio organismo, utilizando el poder de nuestro intelecto y una enorme variedad de artefactos, desde las herramientas más simples hasta los motores de combustión interna o los reactores nucleares. Este uso de la energía lo afecta todo: agricultura, industria, transporte, armas, comunicaciones, economía, urbanización, calidad de vida, salud, política, …

La Agenda 2030 nos embarca directamente en la gigantesca tarea de cambiar radicalmente nuestra forma de obtener energía. Se trata de alcanzar al mismo tiempo objetivos de sostenibilidad y “lucha” contra el cambio climático. Esto va a exigir un gigantesco esfuerzo porque el escenario medioambiental y económico del siglo XXI no se puede calificar de “todo va a ir bien”. Más bien, es de esperar que las condiciones de vida y de trabajo sean más difíciles que fáciles en este siglo. No en el sentido de una gran catástrofe, sino en el sentido de diversos períodos de escasez en determinadas zonas geográficas, daños materiales y dificultades de adaptación. Ciertas regiones individuales pueden sufrir grandes recesiones y devastación. Por lo tanto, sería un error negar el carácter disruptivo de los cambios en el clima en nombre de la ingenua fe en buen tiempo. Al mismo tiempo se debe establecer una prioridad completamente diferente a la globalista de lucha contra el Cambio Climático: cuando las condiciones se vuelven más difíciles, la productividad de nuestra civilización debe ser el centro de atención y debe ser defendida con todas nuestras fuerzas. Además, no podemos olvidar que la etiqueta “renovable” no es, en absoluto, sinónima de “sin impacto”. Todo lo que hacemos tiene un impacto medioambiental.

TODA CIVILIZACIÓN SE CONSTRUYE SIEMPRE SOBRE LA BASE DE UN “SIN EMBARGO”, SE VIVE Y SE TRABAJA A LA SOMBRA DE LOS PELIGROS. Y LA EXPERIENCIA NOS DICE QUE LOS COSTOS DE EVITAR CUALQUIER PELIGRO SON SIEMPRE MUCHO MÁS ALTOS QUE LOS COSTOS DE ADAPTARSE A ELLOS

En los planes energéticos del Gobierno de España recogidos en el ODS 7, “Energía asequible y no contaminante”, echo de menos la racionalidad necesaria a la hora de abordar los problemas que en los próximos años deberemos enfrentar. Resulta muy llamativo que, ante la escalada de los precios de la electricidad a que asistimos en los últimos años, y en vista de que más del 50% del precio final de un recibo de la luz se dedique a “incentivar las energías renovables, cogeneración y otros impuestos”, no sea posible encontrar ni una sola medida para reducir esas partidas. Tampoco encuentro mención al desarrollo de las tecnologías necesarias para modernizar la red de distribución, o para mejorar en muchas órdenes de magnitud la capacidad de almacenaje de la energía generada mediante dispositivos eólicos o solares. Si el objetivo principal es el de reducir a la mínima expresión el uso de combustibles fósiles, ¿qué sistemas de almacenaje vamos a utilizar para conseguir “guardar” la energía suficiente que nos permita subir a la red +/- 700 GWh el día que no sople en viento y no haga sol? ¿Vamos a respaldar con gas? ¿A importar? Si la intención es abandonar en la medida de lo posible los combustibles fósiles, ¿cuál es esa medida? ¿Son los biocombustibles realmente una alternativa “no contaminante”? Ni una sola palabra que nos indique que tienen respuesta a estos problemas. Ni una sola palabra que nos indique que están “viendo” estos problemas.

No quiero imaginar un hospital sin luz. No puedo imaginar un mercado laboral creciente sin energía para abastecer la actividad industrial necesaria. Llegados a este punto, creo que sería muy útil para el gobierno volver a examinar las formas con las que ya se ha establecido y conservado la resistencia climática de la civilización. Se pueden distinguir entre (al menos) cuatro formas:

  1. Formas de defensa (diques, cortafuegos),
  2. Adaptación de productos y procesos de manufactura (cultivo arable, cuidado de los bosques, conversión de recursos para bienes industriales),
  3. Formas alternativas (inundación llanuras, reubicación de áreas de asentamiento) y finalmente
  4. Probablemente la forma más importante: aumentar el umbral de tolerancia, es decir, aceptar condiciones más duras y mayores cargas y sacrificios personales.

Toda civilización se construye siempre sobre la base de un “sin embargo”, se vive y se trabaja a la sombra de los peligros (que de hecho ocurren y causan víctimas). Y la experiencia nos dice que los costos de evitar cualquier peligro son siempre mucho más altos que los costos de adaptarse a ellos.

Si nos fijamos en estas cuatro estrategias sobre las que las civilizaciones han fundamentado hasta ahora su resistencia climática, queda claro que la idea de que una civilización consistiría simplemente en “robo», «ocupación» o «instrumentalización» de la naturaleza, es una teoría profundamente errónea y no acorde con la realidad. También queda claro que estas estrategias son de aplicación global limitada, pero que sí se adaptan a las condiciones particulares de un lugar, un país, una región determinada del planeta. Es por eso por lo que todo esfuerzo adaptativo regional puede y debe continuar y fortalecerse, más allá y con más urgencia que cualquier plan global de rescate climático.

Esta Agenda 2030 debería dejarnos a todos con muy mal sabor de boca. Tal y como les he ido mostrando en éste y los cuatro capítulos anteriores de esta serie, son más las dudas y preguntas que las respuestas. Abusa de la emoción a costa de la razón. Ofrece muchas más buenas intenciones que medidas político-económicas de verdadero calado, implementables, financiables y, en definitiva, realmente sostenibles.

En este contexto, deben plantearse varias preguntas: ¿Los medios persiguen fines legítimos, invaden posiciones legales protegidas? ¿Son las medidas adecuadas en sí mismas? ¿Son las medidas necesarias y adecuadas? ¿Son las medidas proporcionadas después de sopesar todas las ventajas y desventajas?

¿Se trata de un plan para salvarnos a nosotros y al planeta? ¿O estamos simplemente ante un plan para someter nuestras voluntades a la idea salvífica de una élite tecnocrática? Juzguen ustedes.

Este comentario fue publicado originalmente en varias columnas (1, 2, 3, 4, 5) en la revista Disidentia.

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Luis I. Gómez
Si conseguimos actuar, pensar, sentir y querer ser quien soñamos ser habremos dado el primer paso de nuestra personal “guerra de autodeterminación”. Por esto es importante ser uno mismo quien cuide y atienda las propias necesidades. No limitarse a sentir los beneficios de la libertad, sino llenar los días de gestos que nos permitan experimentarla con otras personas.
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