Protegiendo al ciudadano

El líder de Vox, Santiago Abascal, solicitó,  hace 42 días, protección al Ministerio del Interior, dada la actual situación de acoso violento a la que se ven sometidos los miembros de su partido y al riesgo evidente de que él, como cara más visible y persona más relevante en la organización, sufra algún tipo de ataque. Me entero por La Razón de que la petición de Abascal debe de estar siguiendo un trámite administrativo muy complejo, de esos que solamente pueden darse en una burocracia laberíntica y abstrusa, y en ocasiones aparentemente absurda, con fuerzas arbitrarias en la cúpula, muy al estilo soviético, bolivariano u orwelliano, o peor, al estilo kafkiano.  La referencia a Franz Kafka es inevitable, especialmente por su obra El Proceso, en el que un ciudadano corriente y que a todas luces podría considerarse respetable, se ve inmerso en un proceso paralelo a la ley ordinaria que le conduce, a través de caminos torcidos y surrealistas, a una condena injusta, basada en una arbitrariedad máxima de unos funcionarios veleidosos, caprichosos, que esgrimen papeles sin valor y manejan una palabrería completamente ajena a la realidad. El Proceso nunca especifíca realmente de qué se acusa al protagonista, pero no es preciso: le proclama culpable desde el principio, para luego hacerle pasar por un suplicio innecesario.

En el caso que nos ocupa la demora es esencial. Quizás en el intervalo entre la solicitud de protección y la concesión de la misma alguien pueda atacar con éxito a Abascal. Con la suficiente presión social, y entiendo que con el artículo de la Razón y la repercusión mediática añadida, y con la acción de los juristas de Vox, finalmente se le concederá a Abascal la protección que solicitó. 

Quizás algunos piensen que porque Abascal va armado con una pistola está protegido, pero ese pensamiento es de una gran ingenuidad. Un bala perdida le puede meter en un problema legal muy serio, y un ataque a traición por la espalda puede no darle demasiadas oportunidades de defenderse. 

Todo esto sería vergonzoso si no fuera porque va mucho más allá de la desverguenza: mientras al líder de la formación verde le dejan desprotegido, a la intemperie, a Pablo Iglesias y a su esposa Irene Montero, máximos mandatarios de Podemos, la formación morada, de ideas claramente antagónicas a las de Vox, el Ministro Marlaska les ha colocado un puesto de vigilancia permanente de la Guardia Civil en la puerta de su Mansión de Galapagar, en la que se encuentran a resguardo de las «hordas fascistas» que, todo lo más, les señalan su hipocresía por vivir dónde viven defendiendo las ideas que defienden. Y llama la atención que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, protejan a unas personas que las ven como brazo ejecutor de una represión españolista contra el nacionalismo catalán, fascista contra los okupas, provocadora de altercados en Alsásua y que atropellan los derechos de los africanos que hacen salto de valla en Melilla, entro otras muchas «barbaridades». Y también llama la atención que no protejan al que ha sido señalado por sus «protegidos» como objetivo para todo tipo de ataques.

Un taxista de esos podemizados que ejercen la violencia ciudadana y cercan la sede del PP democráticamente decía a Marlaska que un tipo tan Gay y tan Guay, tan Progre, no podía reprimir a los ciudadanos indignados que exigen se protejan sus «derechos» (esto es, los de los taxistas) vulnerando los de los demás (que no merecen protección, al parecer). Pero no hay nada que temer: al fascio lo desprotegen, a la izquierda «de bien» la sobreprotejen. Y Felipe González, mientras tanto, declara, en medio de las batallas que revelan las «contradicciones internas» del Podemismo, que la disolución de Podemos sería algo de consecuencias catastróficas para nuestra democracia. Y los medios afines o bien hacen silencio informativo o bien dicen que los ultras y peligrosos son las víctimas de las agresiones, no los agresores.