Me dicen que no, que las libertades fundamentales no están en peligro, que disfrutan de las garantías de la ley y el estado. Es falso.
Leo con estupefacción en la prensa germana los comentarios sobre la última propuesta del Ministro de Justicia germano Heiko Maas para «castigar» los comentarios de «incitación al odio» en las redes sociales. Pretende exigir a los operadores de las plataformas de medios sociales (Facebook, Twitter y co.) que eliminen (censuren) los comentarios de usuarios que puedan ser legalmente discutibles. Si no lo hacen, amenaza tanto a los autores de los comentarios como a las empresas que mantienen los servicios de redes sociales con multas de hasta 50 millones de euros. ¡Y quiere hacer de ello una ley!
La propuesta no solo es profundamente liberticida en sus últimas cnsecuencias, no tiene ningún sentido. La medida nos dejaría al pie de los caballos de los denunciantes furibundos vigilantes de lo políticamente correcto y los empleados de FB, por ejemplo, que no son juristas (ni tienen que serlo) pero se convertirían en agentes arbitrarios del ministerio de la decencia, la verdad y la felicidad. Y todo ello casi en secreto, sin participación de los órganos que realmente dispone la justicia.
El estado de derecho se fundamenta justamente en lo contrario: si usted cree que alguien le ha difamado o amenazado, son los jueces quienes deben decidir sobre si existe difamación o amenaza y disponer, en tal caso, el castigo oportuno. Los jueces! y no los carniceros o el kiosquero de al lado. Y créanme, un empleado de Facebook no es diferente del kiosquero, ni está más cualificado para emitir un juicio que el carnicero.
Cuando una legión de juristas aficionados (altamente motivados para evitar multas a su empleador) dispone del poder de borrar mis comentarios en Twitter sólo por el hecho de que ciertos vigilantes verdeprogresistas de las neoverdades los consideran inaceptables u ofensivos, estamos minando las bases fundamentales del estado de derecho. ¿No es el estado el encargado de garantizar mi libertad de expresión?
La están liando parda, y de momento no se mueve nadie. Lloraremos como esclavos lo que no supimos defender como libres.
Ya he comentado aquí, en más de una ocasión, que la libertad de expresión debe ser total, salvando el insulto por el insulto (que por otra parte se descalifica solo y no merece mayor castigo que el desprecio) y la calumnia (que merece castigo legal proporcional a su efecto). Pero hemos empezado a hacer leyes «que regulen» esa libertad y que nos han llevado a pisar terrenos pantanosos y confusos, donde cualquiera puede, interesadamente, confundir crítica, o simple opinión, con ofensa o «incitación al odio». Y eso nos mete en una rampa de aceleración en la cual todo puede acabar quedando prohibido (todo lo que no gusta al pensamiento dominante, se entiende).
Incitación al odio, por ejemplo, vienen haciendo los nacionalistas de toda cepa desde siempre. ¿Y qué? Eso se combate con palabras, no con leyes.
Y tras todo esto sólo veo la mano de los totalitarios, que escudándose en «la protección de supuestos derechos» lo que buscan, en realidad, es restringirlos. En especial todo lo que signifique crítica a su sistema de poder.
Sólo el ACTO debería ser punible (o premiable, es sabido por las sociedades sanas que la intención no basta). Ya está bien de excusar la estupidez del que se deja manipular. ¿Qué pasa? ¿Que por ser un ignorante es también irresponsable? Pues si lo es -ignorante-, ¡aún así que pague! Sólo el que responde -sólo el que paga- puede aspirar a la dignidad. ¿O los ignorantes sólo pueden ser indignos?
Ya lo he comentado en facebook, pero voy a completar algo más aquí: yo parto de la base de que una ley universal es que los organismos vivos defienden en primer lugar sus propios intereses.
Esto se aplica también a cualquier empresa, dado que es un tipo de «supraorganismo» que por descontado tiene sus propios intereses.
Es en virtud de ese principio biológico general, del que surgen específicamente los derechos de propiedad en las sociedades humanas y dentro de estos, los derechos de las empresas a, por ejemplo, imponer determinados códigos de vestimenta a sus empleados o a reservarse el derecho de admisión en sus dominios, ya sean reales o virtuales como el caso que se comenta en el art.
Si facebook o cualquier otra red social, que son un tipo determinado de empresas se pliega a las exigencias políticas de censura, sean alemanas, chinas etc, evidentemente lo hace en defensa de sus propios intereses, que no van a ser defendidos por nadie si no lo hacen elllos mismos. Lo mismo se puede decir del resto de empresas.
A sus usuarios nos corresponde, si realmente consideramos intolerable esa censura, el cambiar de red social (como por ejemplo ésta misma web) o inventarnos la nuestra propia en la que no se permita ese proceder, de igual manera que opino que, por ejemplo le corresponde al hipotético trabajador que quiera saltarse el código de vestimenta de su empresa, simple y llanamente, buscarse otra en la que le permitan vestir como él quiera (si la encuentra).
Vamos a ver, sí, de acuerdo, siempre que ello no salga del ámbito de decisión de la empresa que oferta servicios (o no) y sus usuarios, que deciden utilizarlos (o no).
Pero este NO es el caso. Aquí, un Ministro de Justicia, amenaza con multas de 50 millones a las empresas que no censuran intervenciones consideradas (por quién) lesivas para otros, lo cual es una clara forma de censura estatal sin pasar por los juzgados.
No hay justificación posible.
Ya lo maticé en FC, pero lo repito aquí: por descontado que la censura por parte de los gobiernos me parece intolerable.
Pero me dio la impresión, seguramente equivocada, que en el art. también criticabas a las empresas por plegarse y aplicar esa censura (del párrafo referido a los censores-empleados que no son juristas).
Mi comentario exclusivamente se refiere a que las empresas hacen lo que haríamos todos en su posición de ser multadas por los gobiernos: defender sus propios intereses y aplicar la censura.
Censura o código de contenidos admitidos, que no lo olvidemos, ya tienen las empresas establecidos por propia iniciativa y del que también se quejan muchos usuarios: «FC me ha borrado tal o cual cosa». «Pues no utilices FC, no es obligatorio», es mi respuesta a esas quejas concretas.
Dicho de otra forma: estoy completamente en contra de que el Gobierno te obligue, como propietario de esta web a ejercer una censura determinada, pero creo que tú, como propietario, estás en todo tu derecho de ejercer la que te dé la gana, incluido, aplicar la que desde el Gobierno te obligaran.
Y eso por un motivo muy simple: el perjudicado del acto heroico de desobedecer al Gobierno, en ese caso hipotético, serías tú, que serías el multado, mientras que yo como usuario, a lo más que llegaría, llegado el caso, es a, libremente apoyarte económicamente para pagar la multa, (o no, que sinceramente sería lo más probable).