Justicia nigromántica y demás peculiaridades de la Administración española

Una de las preguntas que más escucho de quienes no están habituados a tratar con los Tribunales, especialmente aquellos que no han tenido más remedio de caer en el pozo gravitatorio de semejante singularidad relativista (llamarlo agujero negro podría quizás resultar ofensivo para alguien), es la de por qué funciona tan mal la administración de justicia.

La respuesta es bastante más compleja de lo que parece, y desde luego, no es el tópico de “falta de medios”. O al menos, no es el factor más influyente. Es evidente que no me voy a poner aquí a explicar todas la fallas y problemas de nuestro sistema judicial, porque daría para varios tomos. Mi modesta intención es sólo comentar una pequeña anécdota, la última de muchas, de la que quizás cada uno pueda sacar alguna pista sobre el asunto.

Remontemonos a septiembre de 2013. Un par de individuos a los que cierto político no incluiría en su concepto de la ”la gente”, sino que más bien describiría como “lúmpenes”, acuden ante el Juzgado de guardia (concretamente a uno de violencia sobre la mujer). Parece ser que el detenido había aparecido en el piso de un amigo a pedirle dinero para el autobús de vuelta a su casa. Una vez allí, y tras ponerle un café, la denunciante (en aquel momento pareja de quien vivía en el piso, y expareja del visitante, sobre quien pesaba una orden de alejamiento por violencia de género) decidió que ya era hora de que se marchase. Como los dos prendas estaban muy agusto con su cafelito y no querían acabar la tertulia, la mujer llamó a la policía, que acudió y detuvo al tipo mientras éste bajaba las escaleras tranquilamente, aún con el vaso de café en la mano.

Hasta ahí nada que se salga de un día normal en los juzgados de guardia. El caballero fue imputado por quebrantamiento de condena, por incumplir la orden de alejamiento, y caprichos del azar, acabé yo como su abogado de oficio. Se les tomó declaración a ambos sobre la marcha, y cada uno a su casa.

De hecho el asunto era bastante simple. Tanto que ninguno de los implicados (la denunciante, el testigo que vivía con ella, la policía, ni mi propio defendido) discrepó demasiado acerca de lo ocurrido. No creo que peque de ser poco escrupuloso si opino que no era precisa una investigación demasiado compleja ni larga para determinar qué sucedió allí. Y recordemos que la labor de un Juzgado de Instrucción (los de violencia sobre la mujer lo son, aunque especializados en un tipo concreto de delitos) es precisamente investigar los hechos, antes de enviarle el asunto al Juzgado de lo Penal (o a la Audiencia) que deba juzgarlos.

De modo que en marzo de 2016 se intentó celebrar el juicio. Alrededor de dos años y medio tras los hechos. Todo un récord. No vayan a pensarse que se trata de un retraso inusual a la hora de juzgar un delito. Estamos hablando de lo habitual. ¿Lo ven ustedes raro? Eso es porque están mal acostumbrados por lo que sale en las películas.

Aún recuerdo a esa fiscal que, indignadísima, me espetó que un plazo de nueve años para juzgar un delito (nueve desde la denuncia, por cierto, que el supuesto delito se cometió un año antes) no podía considerarse un retraso injustificado, porque los Autos eran muy extensos. Los mismos Autos que yo me había tenido que estudiar en pocos meses, por cierto. Y no es que yo sea un genio especialmente eficiente. Nada de eso. Tampoco era para tanto.

Pero volvamos a nuestros ciudadanos que, en politiqués, podríamos describir como en riesgo de exclusión social, y que yo más bien definiría como absolutamente excluidos por voluntad propia de cualquier civilización humana.

Estábamos en marzo de 2016, a punto de comenzar el acto de juicio, y el banquillo de los acusados permanecía vacío. Yo había tratado de localizar a mi defendido, pero es habitual que en estos casos los teléfonos de ciertas personas dejen de estar activos al cabo de pocos meses, y su paradero varíe más de lo normal. Yo ya contaba con la posibilidad de que el Juzgado no hubiera podido notificarle la celebración del juicio, ni por las vías habituales, ni a través de la policía. Así que no me extrañó no ver allí al imputado.

Sin embargo, no fue eso exactamente lo que ocurrió. Estando todos ya sentados en sala, la jueza decidió comprobar si se había notificado la citación a todas las partes (porque debido a la escasa entidad de la pena que se le pedía, existía la posibilidad de celebrar sin el imputado) y descubrió que no era que no se le hubiera podido localizar. Es que ni se había intentado. Alguien en el juzgado olvidó enviar la orden para que se lo localizara y se le notificara la fecha de juicio. De modo que la única opción legal era suspender e intentar la notificación previamente al nuevo juicio.

La jueza, bastante cabreada, en lugar de dirigir su ira con quien debió mandar un sencillo escrito, decidió que era más fácil desahogarse con un abogado, con quien al fin y al cabo, no tenía que compartir oficinas a diario. Así que me advirtió muy severamente que si mi defendido no era localizado, ordenaría su detención para que fuese conducido al Juzgado por la policía.

Quizás debiera yo haber protestado, y haberle recordado a Su Señoría que la culpa de que el imputado no estuviera allí, no era ni mía ni de mi defendido, sino de quien se había olvidado de mandarle una carta. Y que ordenar detener a una persona porque alguien en una oficina no se hubiera dignado escribir un papelito, quizás no fuera una reacción demasiado justa. Pero llega un momento en que esas cosas dan mucha pereza. Al fin y al cabo, la jueza ya sabe todo eso de sobra. Pero le es más fácil actuar así que poner orden en su Juzgado. Suspendido el juicio, el nuevo se señaló para este mes. Mayo de 2016.

Pero no se vayan todavía, que las cosas siempre pueden volverse más divertidas en el mundillo de la administración de justicia. La tarde anterior al juicio recibí una notificación electrónica del Juzgado (Ah, el servicio Lexnet… fruto sin duda de la querencia española por el barroco, y la prueba de que siempre es posible hacer farragoso e incómodo algo tan sencillo). Habían decidido ordenar a la policía que descubriese el paradero del imputado y le notificase la celebración del juicio.

Un día antes…

Nunca he dudado de la eficacia de la policía, pero en aquel momento me pareció que desde el Juzgado se estaban comenzando a pitorrear del asunto. O lo que es peor, que alguien había decidido cubrirse las espaldas, para que cuando la jueza volviese a preguntar, poder decir “pues yo mandé la notificación a la policía”. Y largarles el muerto. Con un poco de suerte, con las prisas nadie miraría las fechas, y se pasaría enseguida a otro asunto. Sí, habían tenido desde marzo para escribir cinco líneas en un papel (realmente, rellenar los datos en un modelo pregenerado, pero tampoco vamos a ponernos demasiado quisquillosos) y pulsar la opción de “enviar”, pero es evidente que exigir a quien sea, en una Administración, hacer ese esfuerzo en tan sólo dos meses, es un abuso intolerable. No quiero que me puedan acusar de fomentar semejante explotación laboral.

A la mañana siguiente, a primera hora de un día lluvioso y desapacible, que no auguraba nada bueno, este humilde abogado de provincias se plantó en el Juzgado para tratar de defender lo mejor posible a un tipo al que me había sido imposible localizar, ni por teléfono ni en su último paradero conocido. Evidentemente no tenía ninguna esperanza de verlo por allí. La policía no puede hacer milagros, y la orden de notificación a un día vista era más una burla que un intento serio de citación.

Y unos minutos antes de la hora señalada me encontré con una colega, la abogada de la denunciante (quien, por cierto, tampoco aparecía por ninguna parte), que me dijo muy sorprendida que le acababan de notificar que mi cliente había fallecido.

Detengámonos un momento a observar la situación. Estábamos allí a primera hora dos abogados y dos policía nacionales, citados como testigos. Esta compañera tuvo la prudencia de consultar a las 9 de la mañana las notificaciones electrónicas, y en ellas, el juzgado le notificaba (pocos minutos antes del comienzo del juicio) que el imputado había muerto ¡en diciembre del año pasado!

Acudimos todos a la funcionaria que estaba llamando al primer juicio (que debiera haber sido el nuestro) y le comentamos la situación. La señora, con expresión de asco y rostro de bulldog, nos dijo que sí, que era el asunto del muerto. Que obviamente el juicio se había suspendido y que fuésemos a hablar con la secretaria judicial (ahora se llaman Letrados de la Administración de Justicia, por aquello que si a un trabajo de dos palabras le das un nuevo nombre de seis, todo funciona mucho mejor; es a lo que en España se le llama reformas legales para mejorar la justicia).

Por supuesto, era absurdo ponerse a discutir con una mera mandada, y menos cuando se cree integrante de una casta superior. Mi compañera no opinaba lo mismo y le comentó que podrían habernos avisado a todos antes de la suspensión del juicio. Como era esperable, la respuesta, lanzada con especial expresión de asco y desprecio, fue que ellos no tenían por qué que avisar a nadie.

¿Para qué llevarse sofocones? La competente funcionaria, desinteresada servidora del interés público, iba a cobrar igual a fin de mes. Mi compañera sí que se lo llevó, uno muy gordo y a juego con el comprensible cabreo de los policías. Eso es porque no entienden que desde el punto de vista de los Juzgados, al menos de ciertas personas que pululan por allí, su tiempo (como el mío) no vale nada.

Yo sí me pasé por las oficinas del juzgado en busca de la secretaria judicial, a ver si alguien me podía notificar oficialmente la suspensión del juicio. ¿Qué quieren que les diga? Puestos a cubrirse las espaldas, no voy a ser yo el único que no lo haga. Allí, unas funcionarias, esta vez personas educadas y amables, me explicaron que ellas se habían enterado la tarde anterior de que mi defendido había fallecido.

El caso es que, según me relataron, se habían dado cuenta de que una vez más, no se había mandado la citación para el juicio al acusado, de modo que se la enviaron directamente a la policía (¿recuerdan la que recibí el día anterior? pues esa), quienes, con una rapidez de la que otros organismos debieran tomar ejemplo, consultaron en sus archivos y vieron que el tipo había muerto meses atrás. Antes incluso del primer intento de juicio.

Esta circunstancia se la habían comunicado al juzgado, de nuevo en un alarde de eficacia de la que, repito, otros organismos debieran tomar nota, y la secretaria judicial decidió notificarnoslo a última hora de la tarde mediante el sistema de notificaciones electrónicas (sobre el que no puedo dejar de escribir algo, en cuanto consiga averiguar cómo hacerlo sin que parezca demasiado surrealista). Y precisamente en aquel momento, sobre las diez de la mañana, sonaba en mi teléfono el aviso de que esa misma notificación estaba llegando a mi buzón.

Los tiempos avanzan una barbaridad. La notificación de la muerte de mi defendido y la suspensión del juicio me llegaban menos de una hora después del momento en el que estábamos citados. No puedo negar que se trata de un avance. No sería la primera vez que me notifican un juicio (por ejemplo) una semana después de haberlo celebrado. La informática, y el modo en que la Administración la integra en su funcionamiento, nunca deja de sorprenderme.

¿Y a qué viene esta historia? me preguntará usted, amable lector. ¿Se trata de un medio de desahogar el enfado y la frustración? Pues sí, no se lo voy a negar. Pero hay algo más. Quizás alguien pudiera pensar que semejante cúmulo de despropósitos son una mera casualidad. Un caso sobre el que ha recaído una particular mala suerte. Pero no se crean que los dioses del Olimpo tenían una especial inquina por estos Autos y quienes en ellos participábamos. En mayor o menor medida, cosas como estas son fáciles de encontrar en el día a día de los Juzgados. Circunstancias y hechos sobre los que nadie sabe nada, hasta que le toca vivirlos en sus carnes.

Luego, cuando alguien no habituado se encuentra con cosas parecidas, o incluso peores, tiende a creer que existe una especie de conspiración contra él, o que los abogados no le cuentan la verdad, o que su vecina le ha echado un mal de ojo, o vaya a saber qué explicación para algo que es más sencillo: la Administración de Justicia funciona así.

Pero no se agobien demasiado. Al fin y al cabo, quien peor parado ha salido de este procedimiento ha sido mi defendido, que ha estado a punto de ser juzgado (y probablemente condenado) incluso después de muerto. No me negarán que aquí hay para un guión de película de terror.