…o caso práctico ilustrativo de uno de los despropósitos que han enviado el país al carajo sin posibilidad de remisión.
Les voy a contar una historia. No encontrarán enlaces que la respalden y las fechas, cifras y datos que aparecen, por una vez, no son comprobables. Incluso en algunos casos están ligeramente retocados para no dar más pistas que las necesarias. Por tanto, quien quiera se lo puede creer, y quien no, tendrá pleno derecho a suponer que me lo estoy inventando. A los segundos, mis felicitaciones. Si piensan eso, seguramente es que no han vivido nada parecido a lo que se va a relatar. A ello:
Hace unos días, buscando referencias de proyectos antiguos para la preparación de unas ofertas, encontré el proyecto oficial de una instalación industrial en cuyo desarrollo de ingeniería y posterior construcción y puesta en marcha participé a finales de los 90. La copia que encontré tiene un sello con fecha de entrada a finales del 99 en la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma correspondiente. Aparte de las licencias municipales y las negociaciones con las “utilities” (gas y electricidad), los trámites con Industria eran entonces el único escollo administrativo (los ayuntamientos y las utilities, que simplemente reciben dinero por estas cosas, no son muy dados a poner pegas). Y es que en aquellos tiempos no tan lejanos, todavía no se habían inventado las Consejerías de Medio Ambiente, lo cual no quiere decir que no existiera legislación al respecto, simplemente que las cuestiones ambientales eran un apéndice del proyecto general, a tratar dentro de la Consejería de Industria con los especialistas del asunto.
En este proyecto concreto, de peso en papel difícil de sostener por una sola persona, las cuestiones ambientales ocupaban un anexo de cinco páginas. Ojo, no estamos hablando de que se despreciara el tema, simplemente es que no hacía falta más. Dado el tipo de Industria, la legislación que le aplicaba se limitaba a tres aspectos: Emisiones gaseosas, efluentes líquidos y ruido. Y en las citadas cinco páginas se acreditaba suficientemente como se cumplía con las limitaciones (ley estatal) para emisión de contaminantes gaseosos, por qué no se superaban las limitaciones marcadas por la correspondiente Confederación Hidrográfica para los vertidos de efluentes líquidos y cómo se justificaba que no se superaban los límites de ruido en los límites de la parcela de acuerdo con lo dispuesto en las ordenanzas municipales. Y es que con leyes e ideas claras, en realidad no hacían falta más de cinco páginas.
Con todo esto, dicha instalación, se proyectó, se construyó y se puso a funcionar creando riqueza y empleo en una zona, por cierto, bastante deprimida. Como decíamos, por parte del Ayuntamiento, todo eran facilidades, de hecho la tramitación de los proyectos y licencias se llevó a cabo durante la ejecución de las obras, y no antes como en principio era (y es) preceptivo. En aquellos lejanos tiempos se entendía que si había acuerdo (aunque fuera verbal) y todo era conforme a la legislación, aunque no se hubieran completado los trámites legales no pasaba nada por empezar a construir. No digo yo que esto sea lo ideal, y que pueda ocasionar conflictos si las cosas se tuercen, pero lo que sí puedo asegurar es que según mi experiencia, resultaba todo mucho más práctico.
Sigamos con la historia: Unos años después, aproximadamente a finales de 2004, recibimos una petición para ejecutar un proyecto prácticamente gemelo al anterior en otra provincia de la misma Comunidad Autónoma (de cuyo nombre no quiero acordarme). Tras llegar a un acuerdo con el industrial promotor y hacer unas consultas en la Consejería de Industria, descubrimos algo terrorífico: El progreso había llegado a aquellas tierras y a fin de salvaguardar el bienestar de sus habitantes, los gobernantes habían tenido a bien desgajar una parte de dicha Consejería de Industria y crear una flamante y moderna Consejería de Medio Ambiente. Naturalmente todo recién llegado al enmarañado bosque de la Administración Pública debe marcar territorio y lo primero que hizo la nueva Consejería fue sacar su correspondiente ley de Medio Ambiente, lo que perpetraron a mediados del 2002 y por tanto nos aplicaba al nuevo proyecto que estábamos intentando desarrollar. Según comenzamos a consultar dicha ley, nos dimos cuenta de algo que, por otra parte, era esperable: Dado que los parámetros citados arriba (emisiones gaseosas, efluentes líquidos y ruido, entre otros) se fijaban en leyes y reglamentos ajenos a las competencias autonómicas, lo que habían parido era un compendio de normas procedimentales en las que se establecía el camino (tortuoso) para conseguir el “nihil obstat” ambiental por parte de los nuevos popes de la cosa, pero el daño (poco o mucho) que iba a causar el nuevo proyecto al medio ambiente era exactamente el mismo que el del proyecto original del 99: Los gases y efluentes líquidos tendrían la misma concentración de contaminantes, cumpliendo con los límites establecidos por las leyes ya vigentes en el 99 y no modificadas, y los condicionantes en cuanto al ruido también eran homologables en los emplazamientos de ambos proyectos.
En otras palabras, con las mismas cinco páginas del proyecto del 99, quedaba acreditado que el nuevo proyecto cumplía las exigencias legales vigentes en cuanto a protección del medio ambiente. Quiero remarcar este punto pues me parece la clave para entender la gravedad del sinsentido que se relatará a continuación.
Así las cosas, empezamos a seguir los procedimientos que pedía la citada ley de Medio Ambiente. Lo primero consistía en elaborar y presentar en la Consejería una “Solicitud de Evaluación Ambiental”. Esto era un documento sencillo, descriptivo, con las principales características del proyecto en cuanto a su afectación al medio ambiente (las ya citadas emisiones líquidas y gaseosas y nivel de ruido). A título anecdótico, señalar que se pedía de forma explicita presentar de dicha solicitud quince (¡15!) copias en papel. Preguntados al respecto por si acaso había un error, contestaron que se pedían quince unidades porque se enviaba una copia de la solicitud a distintos organismos para que opinaran sobre el proyecto. Los organismos opinantes eran tanto entidades oficiales, dirección de carreteras, cultura (por los restos arqueológicos),… como empresas semipúblicas de la zona e incluso ONGs ecolojetas.
El plazo de la Consejería (según la ley) para contestar a la solicitud de evaluación era acorde a la tradicional agilidad de la Administración Pública: seis mesecitos. Con la particularidad, citada expresamente en la ley, de que no había “silencio administrativo” que valiera (lo primero, siempre, la Pachamama). Es decir, si a los seis meses, la Consejería no había contestado, te j… y a esperar. Efectivamente eso es lo que ocurrió, transcurrieron seis meses y ante la falta de respuesta contactamos con la Consejería donde amablemente nos aclararon que estaban con mucho lío, y que, además, de los 15 organismos a los que enviaron las copias, solo les habían respondido 2 ó 3, pero que era verdad que el plazo ya se había pasado así que nos iban a responder con urgencia (urgencia funcionaril, entiéndase).
En efecto un par de semanas después llegó respuesta de la Consejería a la Evaluación en la que se solicitaban “aclaraciones” (aclaraciones absolutamente triviales, relativas al acceso a la parcela y cosas así, nada de enjundia técnica), y se daba un plazo de diez días para contestar revisando la solicitud incluyendo respuesta a las aclaraciones solicitadas. En un par de días tenían en Consejería la revisión y de nuevo les tocaba a ellos elaborar la resolución a la solicitud de evaluación. En este caso el plazo fijado era menor, “solo” cuatro mesecitos. Así, un añito después de la solicitud teníamos respuesta oficial en la que se nos pedía la elaboración del habitual “Estudio de Impacto Ambiental”, cosa que por supuesto nos esperábamos y que podían haber dicho un añito antes.
Un Estudio de Impacto Ambiental normalmente se compone de unos pocos datos con contenido real, que para este tipo de proyecto serían los comprendidos en las cinco páginas citadas al comienzo del artículo como anexo al Proyecto Oficial antes de que la cosa ambiental ganara protagonismo, unos cuantos pseudo cálculos en los que se cuantifican (de forma inevitablemente subjetiva) distintos factores a fin de dar un aspecto de rigor numérico a algo que no lo tiene, y un montón de farfolla de corta-pega a fin de completar un volumen físico suficiente para que parezca que hay mucha ciencia dentro. Creo que todos entenderéis de lo que hablo sin necesidad de tener experiencia concreta en el tema. El corta-pega masivo es el signo de los tiempos.
Con esas premisas, el Estudio (EIA para loh entendidoh), se presentó en la Consejería a principios del 2006. Como esto ya se está alargando demasiado, les ahorraré los detalles, pero como pueden suponer, tras una larga espera llegaron solicitudes de aclaraciones (algunas puros caprichos), comentarios, respuestas,… En paralelo se estaban gestionando en Industria los proyectos oficiales “de verdad”, así como en el correspondiente ayuntamiento las licencias de obra y actividad.
Ya en el 2007 se consiguió reunir toda la parafernalia burocrática exigible y se consiguió para el proyecto el “nihil obstat” medioambiental (autorización ambiental integrada lo llaman pomposamente). Lo cual era previsible. Por muchas aclaraciones, pegas ecolojetas, y caprichos del funcivago de turno, las condiciones que según ley se podían exigir al proyecto, se cumplían, igual que se habían cumplido en el proyecto del 99. La conclusión evidente, pero que nadie en la Consejería de Medio Ambiente quería ver pues difícilmente podrían justificar su existencia, es que todo se podía haber solucionado en un plazo infinitamente más breve simplemente a la vista de las cinco páginas originales de marras, sin que todo el penoso proceso descrito aporte ningún beneficio al medioambiente. Lo que la planta emitía, en gases, líquido y ruido era exactamente lo mismo con Estudio y sin él y en cualquier caso se cumplía lo legislado.
Todo esto, habría supuesto un retraso de dos años respecto a lo que sería la ejecución normal de un proyecto, lo cual ya es grave pues todo eso ¿quién lo paga? Pero en este caso concreto fue aun peor. Justo cuando se estaba acabando de negociar la financiación del proyecto, se aprobó una nueva ley, no medioambiental, pero relacionada con el proceso industrial afectado, que hacía inviable económicamente el proyecto. Aunque existía una disposición transitoria, el plazo fijado para la misma exigía tener la planta en funcionamiento en una fecha que ni las más optimistas planificaciones podían asumir “gracias” al tiempo gastado en gestiones burrocráticas medioambientales.
Por ello, el proyecto se desechó y acabamos en los juzgados todas las partes implicadas peleando a ver quién pagaba las horas perdidas, por no hablar de los puestos de trabajo no creados y los potenciales beneficios indirectos para los habitantes de la zona que se perdieron como lágrimas en la lluvia (¿ácida?).
Todo esto obviamente no es un alegato a favor del “todo vale” a la hora de contaminar el medio ambiente ni mucho menos. Creo que ha quedado claro pero no está de más repetirlo: Las leyes que fijaban las emisiones eran las mismas en el proyecto de 1999 y en el gemelo del 2004. La contaminación potencial de ambos proyectos era la misma, pero uno se pudo ejecutar y otro no, gracias exclusivamente a la labor destructiva de unos funcionarios no solo innecesarios y que cobran un sueldo prescindible, sino que además entorpecen el desarrollo de nuevos proyectos sin que ello redunde en ningún beneficio para nadie, excepto para ellos mismos y los ignorantes cargos políticos que presumen de estar concienciados con la protección ambiental y tal y tal, sin tener en realidad la menor idea de lo que suponen sus decisiones.
Escribo desde el lado oscuro denunciado por el art.: literalmente es como lo cuentas y por las razones que cuentas. Y te quedas corto.
Je. Gracias por confirmarlo 😉
Pondré otro ejemplo real, de hace una semana, de la diarrea burocrática que tenemos que sufrir los técnicos ante la Administración. Se
trata de una solicitud de licencia de obra menor para el refuerzo estructural de una torre de acero, de más de cuarenta años, que es el bastidor de una maquinaria de proceso industrial.
Documentos a cumplimentar en un ayuntamiento de tamaño medio-alto (unos setenta mil habitantes).
-Proyecto. Es en realidad el documento único necesario sobre el que se “justifican” todos los demás. Está formado por unas 30 páginas y 6 planos. Suficientes para definir localización, objetivos, clientes, responsables, normativa (sin copiarla), estados de solicitación, presupuesto y ejecución. Podrían imprimirse varios miles de páginas de innecesarios resultados de memorias de cálculo, pero este documento lo realiza el técnico, y está interesado en ahorrar tiempo y dinero a él y a su cliente, que sabrá valorarlo.
Además sabe que un buen técnico, si le das los datos de partida y los resultados, no necesita más para verificar la bondad de un proyecto.
El colegio oficial solicita (a parte de toda la parafernalia necesaria para estar habilitado):
1.- Hoja de encargo.
2.- Solicitud de visado.
3.- La documentación del proyecto. Afortunadamente funciona el visado electrónico, lo que hace el trámite rápido y económico.
Sobre lo anterior el Ayuntamiento solicita:
1.- Dos copias en papel del proyecto (dicen no estar preparados para recibir información electrónica, por lo visto no saben que
existen cosas como Dropbox o Wetransfer, pero en realidad, es que necesitan papel para tener algo sobre la mesa que aparente, o quizás no han experimentado –ni ganas- que el manejo de información electrónica es mucho más rápido).
2.- Estudio de Seguridad y Salud. 243 páginas. En realidad un copy-paste muy bonito. Bastaría con la exigencia de nombrar un coordinador que conozca la ley.
3.- Impreso normalizado de solicitud de licencia.
4.- Estudio de gestión de residuos (aunque no los haya). Incluye certificados de que la empresa está al día y dispone de un gestor
autorizado de residuos.
5.- Ficha del cálculo del presupuesto de referencia (según sus criterios para tasar la licencia).
6.- Presupuesto de la empresa constructora.
7.- Nombramiento del contratista por el cliente.
8.- Nombramiento y asume del técnico responsable del proyecto.
9.- Plano de emplazamiento según el plan de ordenación municipal.
10.- Documento justificativo del pago de la tasa por licencia urbanística. (Se presentará, como todos los pagos,
después de que hayan calculado las tasas correspondientes.)
11.- Documento justificativo del depósito de la fianza en concepto de residuos.
12.- Documento justificativo del depósito de la fianza por posibles daños a la vía pública.
La Diputación, que se encarga de tasar y cobrar exige lo siguiente:
1.- Escritura de constitución de la empresa promotora.
2.- Fotocopia NIF de la empresa.
3.- Certificado de nombramiento del administrador.
4.- Fotocopia DNI del administrador.
5.- Autorización otorgamiento representación al técnico
proyectista por parte de la empresa (para realizar los trámites en su nombre).
6- Fotocopia DNI del técnico autorizado.
7- Datos catastrales de la empresa.
8.- Documento instancia.
9.- Fotocopia separada del presupuesto de referencia.
Es decir, sobre el documento original, base de todo, se solicitan, en distintos lugares, con impresos normalizados o no, un total de
3+12+9= 24 documentos complementarios para una obra menor. Un verdadero galimatías. Luego vendrán los inevitables comunicados de deficiencias (más bien opiniones) para que parezca que los que revisan hacen algo. Mientras tanto pasan meses (con suerte).
Recuerdo, hace varias décadas, cuando un proyecto de varias naves se ventilaba en treinta páginas y unos planos, estos últimos, en
realidad, la única información impresa que llega a los que hacen realidad física el proyecto.
Vemos como, con la excusa de un proyecto. La Administración aprovecha para revisar muchas cosas que no están relacionadas con él, y que si así lo quisiera, podría verificar con las correspondientes inspecciones cuando lo considere oportuno, sin cargar sobre algo –un proyecto- que no tiene relación con responsabilidades ajenas a su objetivo.
Todo lo anterior podría ser sustituido por una declaración de responsabilidad (que de hecho ya se exige con el asume y el certificado de
cualificación profesional que el Colegio emite) , del técnico redactor del proyecto en lo que al propio proyecto de refiere, y por una acción legal implacable de exigencia de responsabilidades en el caso de que algo fuera mal. Y un montón de funcionarios se quedarían sin sentido laboral. Y mucho tiempo y dinero se ahorrarían. Y muchas más inversiones se llevarían a cabo.
Sirva esto como manifiesto de solidaridad con la denuncia del artículo y como toma de conciencia para los que no tienen ocasión de saber de estas cosas pero sufren, sin saberlo, sus consecuencias.
Muchas gracias por el aporte, real como la vida misma.
Destaco dos aspectos: Uno, como bien apuntas, mucho rollo de potenciar el emprendimiento, de ventanillas únicas y mucha milonga, pero el que caso es que las mandangas han crecido en progresión geométrica en cuestión de no tantos años.
Y dos: Todo eso, que es absolutamente demencial, aplica a un proyecto sencillote. Si la cosa se complica y comienzan a aplicarte distintas normativas, lo normal es que cualquier proyecto sea imposible caso de tener que ceñirte exactamente a todas ellas. Siempre aparece un circulo vicioso del tipo «para conseguir el permiso tal, hacen falta el acta X de la Consejería Y, el certificado Z del ayuntamiento J…», para los cuales a su vez hacen falta otros papeles que no necesariamente van en árbol, sino que en un momento dado te piden algo que está más arriba en la cadena burocrática y tenías pendiente a falta de lo de abajo. Solo hay una manera de romper el círculo, y es que uno de los implicados te dé su papel de modo «provisional» a la espera de completar la documentación, para a partir de ahí desenredar la madeja. Naturalmente, eso convierte la autorización de cualquier proyecto complejo en algo «graciable», es decir, quedas al albur de la decisión del mandarín de turno, que te da la provisional bien porque le has caído en gracia, bien porque alguien engrasa los ejes, bien incluso porque es un tío sensato, que haberlos haylos, aunque ahogados en la maraña general.
En los proyectos «grandes» en los que he estado metido llevábamos hasta una base de datos ESPECÍFICA para los diversos permisos y autorizaciones, todos ellos con sus correspondientes documentos, formularios, estudios y condicionantes. En ninguno de estos proyectos teníamos menos de 2.000 permisos y autorizaciones, desde la autorización del proyecto hasta el permiso de carreteras para poner una señal de tráfico. Y por supuesto, cualquier funcionario te podía parar la obra si él consideraba que no estabas cumpliendo alguno de los infinitos requerimientos churriguerescos que nos imponían, algunos tan «razonables» como el que nos obligaba a tener un arqueólogo vigilando la obra ¡en una playa!. El resultado de todo este desbarajuste es que pierdes el tiempo y el dinero en cosas que son requeridas para justificar el sueldo de algún funcionario y no en lo realmente importante para la seguridad, para el medio ambiente y para el bien común.
Lo malo además es que lo cuentas y parece una coña, cuando es real y además con tendencia al crecimiento desaforado. Y si dices algo es que eres un marvadoh fahsista que quieres destrozar el planeta contaminando, esclavizar trabajadores y matar gatitos.
Ojo también hoy día con los arqueólogos, que encuentran cualquier piedra sospechosa y te pueden parar años un proyecto o simplemente cargárselo independientemente de lo que lleves invertido.
en lo que dicen Lancia Leon, autovia parada mas de 5 años, construccion de un puente de 1.5 Km. aumento de costes por aparecer unos restos? romanos, cuatro jarros una lumbre
Hay que tener un palista de confianza y rapidez. A la mínima, echar tierra y seguir adelante. Como alguien dé el cante, olvídate.
Eso se hace más veces de lo que se cree… En Mallorca se estaba construyendo un aparcamiento cuando aparecieron restos de la muralla justo en el centro…. «curiosamente» la zona donde estaba previsto el vial de los coches estaba derruida. así que se hizo el parking, se puso una vitrina y se perdieron sólo un par de plazas… todo por la «casualidad»… si hubiera estado íntegra no se hubiera podido construir…
En unas viviendas de Ibiza apareció una acequia romana. No penséis en un canal de agua tipo el Ebro. Era una canal que podría pensarse que era una alcantarilla de las pequeñas… Total, parada de obra, contratación de arqueólogos, cambios del proyecto, … y ahora los vecinos tienen una acequia en medio de su jardín y tienen que abrir a colegios que pueden venir a verla…
En el Puente de Valldemossa apareció otra acequia justo donde iba una de las pilas del puente. A esta acequia le había pasado ya la carretera por encima… no era romana, muuuucho más moderna, pero tiene la misma protección que la Catedral (te cagas). Así que, a pesar de haberle pasado la carretera por encima y de que la zapata no tocaba necesariamente la acequia (quedaba por encima), hubo que hacer un puente sobre pilotes para poner la pila encima y respetar las distancias que ponían.
Pero no sólo se paran las cosas por aparecer restos de cuatro vasijas (que no hay mayor putada que echarle a uno unas anforas romanas en su excavación y llamar al periódico), también los «bichitos» lo hacen: ¿recordáis la carretera de Castilla paralizada por unas supuestas cagarrutas de lince? a pesar de ser una de las zonas con más sinisetros y muertos en carretera. ¿Y el caso que salió de una excavación de unas viviendas que llovió y se inundó… y tuvieron la mala suerte de que vibo un pato a anidar? La paralizaron hasta que se fué el pato…
Recuerdo de una vez que en una obra me salió unas bajantes (17) de fibrocemento… llamé a una empresa especializada, vinieron vestidos «de astronauta» las envolvieron, se las llevaron y nos dieron los justificantes… una mañana de trabajo, una semana de planes y permisos.
En la siguiente ala, al año siguiente, apareció 1 (una) bajante. Llamé a la misma empresa… pero habían cambiado la forma de hacer las cosas… Ahora:
1.- se hace un proyecto de retirada (aún siendo empresa homologada para retirarlo), se presenta en la consejería correspondiente
2.- tienen unos 40 días para responder positivamente o no o poner problemas (siendo homologada me dijeron que no suelen ni mirarlo… sólo pasan los 40 días).
3.- Vinen los astronautas, cogen la bajante (no tocaban fibrocemento ya que se cortaba pvc arriba y abajo), hacen un análisis de calidad de aire, para lo que se para la obra y se ponen unos extractores y filtros.
4.- se envían los filtros a la Península y el laboratorio los comprueba (tardan una semana), tiempo en el cual nadie puede trabajar en la obra… queda parada.
5.- dado que ni se había tocado el fibro, te dan el permiso de seguir.
Mejoramos de una mañana a 40 días de papeleo y una semana de parada.
Es genial… hay miles de casos de dinero tirado a espuertas por tonterías…
Gracias por el aporte. Confirma nuevamente lo que vengo sospechando. «Habemos» unos cuantos tipos sensatos que entendemos el proceso global de desarrollo de un proyecto y nos hacemos cruces ante la tontería reinante. Pero como somos pocos y normalmente estamos demasiado ocupados trabajando como para optar a trepar y conseguir puestos con capacidad de decisión en las (cada vez más) múltiples administraciones, resulta que los que deciden en las alturas son cenutrios que no han hecho un trabajo real en su vida y confunden seguridad con entorpecimiento.
Querido Ijon, ahora ya sabes que lo que describes en el artículo se ha «simplificado» añadiendo el trámite de la Autorización Ambientla Integrada (AAI), tramite autonómico, que abunda en lo que tu comentas, especialmente porque las distintas comunidades autónomas tienen trámites distintos, con lo que el mismo proyecto en una autonomía puede ser viable y no serlo en la vecina. De locos.
Lo cachondo es que le ponen un «integrada» en el nombre como si estuvieran haciendo una simplificación de varias cosas dispersas a fin de facilitar las cosas. Son unos mamonazos. Encima se chotean.
Efectivamente, no se trata ni siquiera de cuestionar la conveniencia o no de las consejerías de medio ambiente. Es mucho peor, nos enfrentamos al sempiterno lastre de la burocracia funcionarial que, lejos de resolver problemas del ciudadano, los crea y los complica. No hay, no puede haber trámite administrativo, por muy complejo que sea, que dure 6 meses. Eso se llama inoperancia o vaguería.
La mejor solución es exigir a cualquier administración, local, autonómica o estatal, que fije unos plazos de respuesta reales (un mes, dos como mucho), que pasado ese plazo sin contestación, se entienda siempre el «silencio administrativo» como consentimiento al trámite correspondiente y, en caso de exigir un plazo mayor, que se sancione a la propia administración a pagar los costes originados al solicitante (sea un individuo o individua, empresa o empreso ?) por demora.
Algo así como se hace con una empresa que no acaba las obras en el tiempo previsto por contrato.
Sí, ya sé que es utópico e irreal en nuestro país hoy día, pero no veo yo tan difícil redactar algún tipo de ley en ese sentido, para proteger al ciudadano de la incompetencia de la administración.
Sería lo mínimo, en efecto, Haddock. El agravante en este caso además es que no es un trámite complejo, sino trivial, claro que si va a 15 organismos, plagados de funcionarios o asimilados, pues pasa lo que pasa.
En cuanto a la propuesta, si la demora en plazo diera derecho a resarcir al solicitante, estaría bien, pero como el funcionario seguiría a lo suyo, y el coste del resarcimiento recaería en los administrados, tampoco se avanza mucho, considerando el asunto desde el punto de vista de la eficiencia económica global. Otra cosa sería exigir a los funcionarios productividad como a un empleado privado, que eso sí que es utópico e irreal.
¡Coño, no había caído! Tienes toda la razón Ijon, al final la inutilidad del funcionario de turno la acabaríamos pagando todos… Entonces, cortar por lo sano. Cumplido el plazo sin respuesta, se tira pá alante, con protección legal para el solicitante. Si la administración tiene interés de verdad en proteger el medio ambiente o lo que sea, ya se buscará la vida para dar respuesta adecuada en plazo. Sino, ajo y agua.