Portada de la Web de la UGT, con enlace a noticia. 
Conclusión de UGT en su informe sobre la Reforma laboral: “En definitiva, la reforma laboral ni ha creado empleo, ni ha logrado frenar su destrucción. En cambio, sí ha conseguido que se incremente el paro y que empeoren las condiciones de trabajo del conjunto de los empleados, disminuyendo la estabilidad en el empleo y reduciendo la calidad del mismo”.
Titular de Europa Press: “El balance de la reforma laboral es un millón de empleos destruidos y 12% más de paro”
Es bastante común afirmar que los Gobiernos crean y destruyen empleo a través de sus leyes. Dicha afirmación tiene dos variantes.
– Creación de empleo: Los políticos siempre son los primeros en apuntarse ellos como méritos las bajadas del paro. No hay que irse muy lejos en el tiempo: Zapatero quien dijo que durante su mandato España había logrado la tasa de paro más baja de este período democrático. Los medios afines, por supuesto, son los primeros en retuitear/hacer la pelota al partido al que apoyen. Esto que denuncio ahora mismo pasó con Aznar y pasará lo mismo con Rajoy, y es también extendible a sus medios afines. La propaganda política no depende del color de la camiseta.
– Destrucción de empleo: Lo mismo, pero al revés. Los partidos, en este caso de la oposición, así como sus medios de comunicación afines, afirman que el Gobierno y sus leyes son las que destruyen empleo. Ahora, por ejemplo, el PP tiene la culpa de que haya en España 6 millones de parados. Los mismos sindicatos le han echado la culpa de haber destruido con su última reforma laboral un millón de empleos.
La realidad. Ni los Gobiernos ni sus leyes crean o destruyen empleo. Son las empresas, y más concretamente, los empresarios, directivos y equipos con los cuales adopten medidas de contratación y destrucción de trabajadores y departamentos de la empresa. Lo que sí es responsabilidad del Gobierno es crear y modificar la legislación laboral. Dicha responsabilidad había sido delegada hasta hace un par de años en la patronal y sindicatos, pero como estos eran incapaces de ponerse de acuerdo y crear una legislación laboral mínimamente sensata y realista, el Gobierno decidió modificar las leyes de acuerdo a sus criterios.
¿Que es la legislación laboral? La legislación laboral es el conjunto de normas estatales bajo las cuales empresarios y trabajadores establecen sus relaciones de intercambio de bienes y servicios por un salario. Es decir, son las normas de juego. Dichas normas de juego incluyen el salario mínimo, las cotizaciones sociales, la duración del empleo, el coste de despido en función de las causas, los derechos sindicales, la prevención de riesgos laborales, la formación, la suspensión y la extinción de empleos y otros factores más conocidos popularmente como “derechos laborales”. Esto es lo que se ve. Lo que no se ve es que estos derechos son, además, los precios en dinero y en tiempo que el empresario tiene que pagar para contratar a un trabajador.
Y es muy importante entender esto: No es la legislación laboral, o el Gobierno a través de la legislación laboral, el que crea empleo. Es el empresario. Los empresarios contratan a trabajadores en función de la legislación laboral, pero no es la legislación el factor fundamental por el que los empresarios crean o destruyen empleo. Son las necesidades de la empresa los que determinan su creación y destrucción. Si una empresa percibe un aumento de la demanda, o requiere de un nuevo departamento o de personal cualificado para mejorar uno de sus factores de producción, contrata personal. Y si una empresa descubre que puede obtener el mismo resultado con menos trabajadores, o que la demanda de sus productos y servicios es menor, reducirá personal. Asimismo, al trabajador ni gana por lo que dice una ley ni le salva del despido el mayor coste de su indemnización: al trabajador le mantiene en su puesto de trabajo su productividad (que depende de la formación, la experiencia, sus competencias personales y los medios de que dispone para producir), lo que genera a la empresa.
Es aquí donde entra la legislación laboral. La legislación laboral no te dice si has de contratar o despedir, pero sí establece las condiciones para hacerlo, llegando a incentivar o a desincentivar esta decisión. Dichas condiciones, repito, no son sólo los derechos y condiciones bajo las que se contrata y despide a trabajadores, también son los precios que debe pagar el empresario por ello. Y para pagar esos precios, la rentabilidad estimada de contratar a un trabajador debe ser superior al precio fijado por el contrato de las partes. Es un cálculo, una estimación, lo que hace el empresario para contratar a una persona, para despedirla, para crear un nuevo puesto y para suprimirlo. En este cálculo vuelven a entrar todos esos derechos laborales/costes en dinero y tiempo que antes hemos mencionado, y el empresario, pensando en maximizar el beneficio, buscará la combinación de derechos que:
– Entren dentro del marco jurídico.
– Le permitan contratar por menos dinero.
– Minimice el riesgo en caso de que la idea de contratar salga mal.
– Esté dentro de lo que el trabajador esté dispuesto a aceptar.
Consecuencias:
Una legislación que permita mayor flexibilidad (precio de contratación bajo) a los empresarios permite que los ajustes de las empresas para ser más eficientes sobrevivan y generen beneficios, y gracias a que las empresas tienen beneficios pueden plantearse contratar más gente. Así mismo, nuevos inversores, ya sean nacionales o extranjeros, se plantearán seriamente invertir donde la legislación permita esta flexibilidad.
Una legislación más rígida, con muchos derechos, dificultará la posibilidad de que la productividad del trabajador compense su contratación (precio de contratación alto). Y lo que es más importante: Dificultará las posibilidades de las empresas para ajustar rápidamente a los factores de producción y ajustarse a la demanda real.
También puede irse fuera de la legislación laboral saltándose las normas laborales por considerarlas demasiado caras, sometiéndose al riesgo de ser cuantiosamente multado por la Inspección de Trabajo si es descubierto. Este es el famoso mercado negro, gracias al cual, curiosamente, no hay una hambruna en España de proporciones bíblicas.
¿Para qué se modifica la legislación laboral? Una ley se modifica, se amplia o se elimina si el marco de relaciones empresario-trabajadores que crea genera ineficiencias o no cumple con los objetivos propuestos. Pero una cosa es su objetivo y otra lo que realmente hace: Lo que hace es cambiar los precios por los que el empresario contrata a un trabajador, cambiando a su vez el análisis que debe hacer el empresario para decidir si contrata o no.
En 2012, el marco jurídico laboral existente combinado con la coyuntura económica de ese momento y a otros muchos factores dio lugar a que en España más de 5 millones de personas buscaran empleo y no lo encontraran. ¿Los creó Zapatero? No. Zapatero estableció las normas de juego, los jugadores jugaron y, con las normas de juego, los empresarios despidieron a tres millones de trabajadores. Y menos mal, porque si no lo hubiesen hecho, el número de empresas que habría cerrado, y por ende el número de trabajadores despedidos, habría sido mucho mayor. Es plausible pensar que, con un mercado laboral mucho más flexible, el número de despidos hubiese sido menor. Pero la decisión de despedir no fue de Zapatero. Fue de los empresarios. Y si no lo hubiesen hecho, las consecuencias para empresarios y trabajadores habrían sido mucho peores.
En estas, ganó el PP las elecciones. Y como ni patronal ni sindicatos era capaz de hacer una legislación capaz de facilitar suficientemente la supervivencia de empresas, la generación de beneficios y la creación de empleo, Rajoy decidió emprender una nueva reforma laboral, plasmada en la «Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral».
Objetivo de la Reforma laboral: Por mucho que Fátima Báñez mintiera pública y abiertamente a todos los españoles, y que los sindicatos no cejen su empeño en cortar su cabeza política, los objetivos de las leyes no son lo que digan los políticos en las ruedas de prensa, sino lo que dicen las leyes en el BOE.
Y lo que dice la ley es que:
La gravedad de la situación económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma inmediata que proporcione a los operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. […] Este real decreto-ley pretende crear las condiciones necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados e inversores.
Éste es el objetivo establecido en el Preámbulo del Real Decreto Ley. Traduzco: El objetivo es que los empresarios tengan normas con los cuales, cuando quiera calcular si le compensa contratar, le salga viable. Se trata de una ley de ajuste. Lo que no dice la ley es CUÁNDO.
¿Cómo pretende la Ley facilitar el ajuste? Casualmente ya estudié la reforma laboral hace unos años. Mi conclusión fue la siguiente:
“La verdad, tanta reforma agresiva, tanto prescindir de los agentes sociales para luego tener miedo de tomar las medidas correctas porque hay elecciones. La reforma como tal no es mala porque era imposible hacerlo peor y porque parte de unos acuerdos entre patronal y sindicatos. Pero es terrible porque impiden que las empresas puedan tomar medidas realmente drásticas para resolver sus problemas, porque mantiene la estructura básica de un sistema absolutamente fallido y porque se pierde tiempo.”
¿Por qué decía esto? Porque únicamente se abordaban con seriedad:
- Convenios colectivos. Si no se llega a un acuerdo para modificar el convenio colectivo, se vuelve a lo que diga la ley.
- Formación.
- Empresas de Trabajo Temporal como empresas de colocación.
- Mutuas y control del absentismo.
- Comportamiento como tal y no media como base de su despido.
Pues bien: Absolutamente nada de estos factores explica que se haya podido crear un millón de parados más. Ninguno. Hay otra medida que podría usarse como excusa: la flexibilidad interna, es decir, la posibilidad de cambiar a un trabajador de puesto o de horario más fácilmente. Pero esto no supone una explicación a esa pérdida de un millón de personas en los últimos dos años.
¿Qué están haciendo los empresarios? Según el propio informe sindical:
“Los años 2012 y 2013 muestran una intensa destrucción de empleo tanto masculino como femenino. Sólo se encuentra un avance en el periodo en los ocupados a tiempo parcial y los trabajadores por cuenta propia, dos de los caminos precarios por donde está transcurriendo la mejora del (sub)empleo.”
Es decir, los empresarios están apostando por modelos de contratación en la que los costes son menores. Dichas fórmulas existían antes de la reforma laboral: Autónomos, contratos de obra y servicio y a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque la productividad de los trabajadores españoles no da para más en esta coyuntura económica.
¿Cuál es la consecuencia? Pues según la UGT:
Pues como enseñan en ciencia, correlación no es causalidad. La reforma laboral ha permitido que se produzca una reducción de los salarios a través de la movilidad interna en las empresas (así se han reducido los salarios más de un 10%). Pero de esa reforma laboral no se puede explicar que las empresas despidan a más de un millón de personas. ¿Por qué? Porque los costos de despido de los contratos existentes no fueron afectados. ¿Y qué ha ocurrido con los posibles contratos sí afectados, como son los indefinidos? Pues que han empleado más.
Aquí tienen una gráfica (bastante lamentable, por cierto) de la UGT detallando las causas de despido.
¿Por qué el titular buscado de la UGT es una patraña? Porque no da ningún dato con el cual se pueda siquiera correlacionar (no ya explicar) las novedades de la reforma laboral con los despidos y la no creación de otros puestos de trabajo. Lo que más ha aumentado son los EREs, pero no lo de extinción (que han subido un 25% en comparación con 2011), sino de suspensión. Los ceses por despido han disminuido, así como las extinciones por fin de contrato. Los EREs, las medidas colectivas, son las que han aumentado. Y eso se debe a medidas empresariales. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de las empresas, según datos del Banco de España, y más aún la de las PYMES, se ha desplomado (gracias, Kantor, por cierto… no dejen de echarle un vistazo a su libro).
Uno ve estos datos (la rentabilidad de las PYMES no llegaba al 2% a mediados de 2012), luego se acuerda de la coyuntura económica, el déficit público, las deudas pública y privada las constantes subidas de impuestos de Montoro, del precio de la energía, de nuestro penoso sistema educativo y de tantas y tantas cosas… y acaba por esbozar una sonrisa. Lo único que estamos viviendo es el mismo ajuste que empezamos en 2007, tras el estallido de la burbuja. Es un ajuste completo: De oferta, de demanda, de sectores y de forma de contratar. Y mientras las empresas no sean capaces de mejorar su rentabilidad con los recursos disponibles y se ahorre el dinero suficiente, no veremos una mejora significativa del empleo. Incluso en el caso de que volvieramos a la legislación laboral anterior al PP.
Ni se entiende que no incluyan un análisis de la coyuntura económica actual ni un análisis realista de la situación de las empresas. De hecho, con ese estudio a duras penas da para establecer una coincidencia. La única razón que veo para que los sindicatos hayan podido publicar algo así es que han perdido poder y quieren aumentar la presión social para acabar cortando la cabeza política de la ministra, cabeza que ciertamente debería caer no sólo por mentir, sino por no solucionar de una puñetera vez los problemas de la legislación laboral teniendo el poder en sus manos. Por desgracia, lo que necesitamos son análisis certeros, no correlaciones cercanas al pataleo.
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Yo mantengo mi opinión conspiranoica de que la última reforma laboral fue en realidad un pacto encubierto entre el gobierno y los sindicatos. En la práctica, y salvo algún detalle exigido desde el exterior, la cosa ha consistido en dejar el sistema exactamente igual, pero de esta manera, ambas partes ganaban:
1.- Los sindicatos pudieron vender a sus afiliados una ofensa con la que justificar una huelga general y autoafirmarse como defensores de ese proletariado imaginario que pretenden que sigue existiendo.
2.- El gobierno pudo vender a Bruselas que no sólo hacía reformas, sino que además por ello se enfrentaba a una fuerte oposición sindical (véase punto anterior), lo que probaba que realmente habían sido de calado.
3.- El sistema continúa igual, con lo que ninguno de los actores interesados (gobierno, sindicatos y patronal, porque empresarios y trabajadores no interesan a nadie) pierde sus posiciones.
Los sindicatos se han portado muy mal este tiempo que llevamos de legislatura. Entrar en guerra social es hacer dos huelgas generales en un mismo año. Yo creo que el problema es que han visto que el PP está dispuesto a legislar saltándoselos, y no les ha gustado el precedente.
La verdad, no veo el pacto. Lo sensato habría sido que los sindicatos se hubiesen bajado de la burra y reconociesen que, con la política anterior, no salíamos en 30 años de la recesión. Están contra esta reforma laboral a día de hoy. ¿Tú cómo lo ves?
Perdona el tiempo que he tardado en contestar. Es que he estado muy liado. Sí, no me interpretes mal. Los sindicatos es cierto que se han portado con una demagogia que sólo es propia de ellos mismos. Sin embargo han hecho exactamente lo que se esperaba de ellos, es decir, oponerse frontalmente a cualquier tipo de reforma que fuese a hacer el gobierno. De hecho, la reacción hubiera sido la misma aunque las reformas hubiesen tenido un calado realmente importante, por lo que es incomprensible la timidez del gobierno.
Lo que me he encontrado es que realmente poca gente sabe realmente en qué ha consistido la reforma laboral. Todos sus detractores repiten consignas y supuestas consecuencas, muy indignados, pero sin acudir a la norma. Y por eso pienso que la mayoría de los sindicalistas de base, cree realmente que están luchando contrea una modificación legislativa del copón (perdón por el término técnico 🙂 )
Sin embargo, me limito a constatar los hechos: los primeros que han hecho uso de las modificaciones legales, para despedir trabajadores, han sido los sindicatos. Y realmente, la reforma no ha sido ni una mínima parte, no ya de lo que se proponía, sino de lo que se esperaba.
Por supuesto, estando las cosas como estaban, es cierto que las reformas han ido en el buen camino. Faltaría más. Pero no hacía falta mucho para eso. Lo que yo critico es que se debía haber hecho más, pero no se ha querido. Y ahí es donde yo me pongo un pelín conspiranoico.
Lapsus Calami: [Zapatero dijo que] con él España había logrado la tasa de paro más baja de toda España. Entiendo que es la más baja desde la transición. Deberias editar esto.
Gracias, JotaEle. Ya está corregido.
Occidente en general está en una dinámica fascista en la que si bien la titularidad de propiedad es privada, los burócratas tienen el poder de ejercer el dominio efectivo sobre esta. Por lo tanto, entre otras cosas, al decidir el precio de las cosas intervienen directamente en la evolución del mercado de las mismas -por no hablar de la regulación de cómo se debe de hacer todo-.
Al negar el artículo de manera floja esa realidad del ejercicio de la propiedad por parte de los tecnócratas la imagen reflejada no es real y pretende hacer una separación que desgraciadamente no es real. En este momento yo no tengo una empresa ni invierto un céntimo porque las condiciones impuestas por los políticos lo hacen inviable. Un tejido empresarial que se mantiene con un 2% de rentabilidad está expuesto a ser barrido del mapa por cualquier pequeña brisa.
Con todo es cierto que los políticos actuales sólo pueden presumir de crear empleo sin mentir en el único caso de reducir su intervención en nuestras vidas. Tal y como está el sistema pueden hacerlo y sería lícito que se pusieran la medalla. En todas las demás actuaciones estarán siempre destruyendo empleo.
No estoy de acuerdo, Juano. El Estado marca los márgenes. Cierto, es marcar los precios, pero incluso con un mercado controlado al 90% como en la URSS seguía existiendo un mercado negro. Es decir, limita la acción de algunos de los agentes si llega a ser abusiva, no de todos. Y quien lo hace saltándose la ley se arriesga a ser castigado por el Estado. En el caso que nos ocupa, la contratación está claramente desincentivada, igual que la creación de empresas.
En el artículo he adoptado una postura austriaca maximalista, basada en la praxeología misesiana y en el concepto de que «todos somos empresarios», incluyendo los trabajadores. Si es caro montar tu negocio, o lo montas en negro, o te haces currela…. es «empresarialidad».
Burrhus, entonces según tu planteamiento mientras podamos vender droga no debemos preocuparnos por lo que haga el estado… La empresarialidad es innegable, lo que estamos discutiendo es cómo la acción del estado la cercena. Y si en algo se destaca la acción de los burócratas es en usurpar la propiedad privada.
Cierto que una posible solución sería montar una sociedad paralela que ignore al gobierno formal establecido. Pero mientras seas una minoría es cuestión de tiempo y éxito que termines en la cárcel…
Yo no he dicho eso. Lee bien el post, Juano. Lo que digo es sofisticado y un tanto retorcido, pero real, e incluye la posibilidad de que el Estado haga el burro pidiendo idioteces. ¿Cercena el Estado la acción humana? Por supuesto. ¿Lo dificulta? Sí. ¿Significativamente? Sí. Quien quiere montar un negocio y no puede cumplir todos los requisitos estatales tiene dos opciones: Montar el negocio en negro y arriesgarse a que le pillen, o no montarlo, y si no se monta el negocio, no hay empleo.
Estoy preparando un post como contestación. A ver si ahora se entiende lo que quiero decir.
De ahí que sólo surjan negocios en negro si el riesgo es pequeño (operaciones puntuales fáciles de disimular) o el beneficio grande (droga o tabaco en los moralmente impecables, o estafas y robos en los condenables de todo punto de vista).
Por lo tanto el estado al usar la violencia se inmiscuye en la propiedad privada y ejerciendo ilegítimamente los derechos de la misma destruye empleo. O los crea en la medida en que aumenta el respeto a los titulares de la propiedad.
Entiendo que no cabe esperar que una mayoría aplastante ignore al gobierno y se torne en una fuerza que anule la coerción oficial. Principalmente porque la mayoría lleva años intentando que la estructura burocrática defienda su parcela de competidores y pretende recibir riqueza generada por otros con las más variopintas excusas. Cualquier minoría que pretenda trabajar en negro será perseguida, ya no por el estado, sino por la mayoría que quiere esquilmarla… Y en ese esquema el abuso se sostiene sólo por la interferencia del gobierno en la propiedad privada.
El retorcimiento de tu artículo es innecesario y te lleva a defender una posición que no se sostiene. Primero porque no es real. Y segundo porque no es lógica.
Si mañana el gobierno prohíbe las centrales nucleares, ¿genera o no genera paro?. ¿O los trabajadores del sector estudiarán el montar centrales ilegales y establecer una red de distribución pirata?
Por contra, si el gobierno liberalizara el sector energético y no nos robara lo que nos roba en el recibo de la luz o del combustible, ¿se genera o no se genera empleo?. El que cualquiera pueda entrar a competir con sus ideas y haya más renta disponible en manos de los ciudadanos, ¿no es una condición para que se genere más empleo y, sobre todo y principalmente, riqueza?
Creo que el fallo de tu planteamiento está en simplificar la propiedad privada a la titularidad, cuando el uso y disfrute es tanto o más relevante, sobre todo en el caso que pones.
Los políticos suelen explotar mucho la correlación aún cuando es más que evidente que no hay causalidad. Pero en cuanto al empleo, las decisiones del estado en tanto se entrometen en nuestra libertad y propiedad, sí hay causalidad. No veo en qué punto puedes aislar la ley (por abusiva e ilegítima que sea) de los efectos de su aplicación.