Don ERE que ERE

Hace poco participaba en una enconada discusión en Facebook, a cuenta de un chiste que alguien con ingenio había colgado (sí, el de la foto). Algunas personas se sintieron ofendidas tanto por la imagen como por algunos comentarios que allí se vertieron. Lo cual me hizo reflexionar sobre el éxito que se ha tenido aquí en el sur, además de en otras regiones, convenciendo a la gente de que una crítica al gobernante es un insulto a los gobernados.

Resulta además sorprendente que el llamado popularmente “escándalo de los EREs falsos” (nombre que no describe más que una parte del tinglado) ocupe usualmente escondidas páginas de interior en los periódicos y escasos minutos en televisión (aunque parece que la cosa va cambiando algo), frente a otros casos de corrupción que a su lado resultan incluso risibles. Quizás sea porque un desfalco de más de 1.200 millones de euros de dinero público (y cada día la cifra se eleva de forma aterradora), más los fraudes a la Seguridad Social y el saqueo de empresas privadas mediante mordidas y sobornos, no tenga la entidad suficiente para llamar la atención. O quizás sea, me temo, que a nadie le importa lo que ocurra en Andalucía. Y debiera, porque le afecta muy directamente.

No me voy a dedicar aquí a detallar en qué consiste este caso de corrupción. Una parte ya ha sido expuesto en varios medios de comunicación, y sobre el resto que queda bajo las alfombras, y que parece ir aflorando poco a poco, no me voy a meter hasta que no aparezca en el sumario. Lo que me interesa ahora es dar alguna luz sobre la pregunta que se hace todo el que se enfrenta al caso y se percata de la magnitud real del fraude: “¿Cómo se ha podido llegar a esto?”

Pero antes de continuar, me gustaría hacer alguna aclaración para almas sensibles en las que ha calado la machacona máquina de adoctrinamiento oficial. Obviamente mi intención no es insultar ni atacar a Andalucía. Debería ser evidente que hablar y denunciar delincuentes que saquean mi región, no es denigrarla, sino más bien lo contrario. Y además, por supuesto que los síntomas del mal que describo no son exclusivos de esta comunidad autónoma, pero yo me limito a hablar sólo de lo que conozco de primera mano. Sobre el resto animo a hacerlo a otros.

Y una vez aclarado, comencemos desde el principio. O al menos desde un principio.

La culpa la tiene Franco:

Seguro que la frase les suena. Cada vez que alguien señala un problema, el responsable del ramo suelta el tópico, con éstas u otras palabras similares. Pero para entender el asunto hay que remontarse hasta ahí, y supongo que eso hará las delicias de mucha gente, tan aficionada a los cuentos de la época.

Echemos, pues, la vista atrás, a un momento en que tras la última guerra civil, el nuevo régimen se encuentra con un país ingobernable debido a que la maquinaria administrativa sencillamente ha desaparecido. De modo que echa mano de una herramienta de emergencia que ya había funcionado antes: apoyarse en las organizaciones ya existentes. De esta manera, de una forma más o menos planificada, de repente los gremios, los colegios profesionales, las universidades, el sindicato vertical, la propia iglesia católica y en general, cualquier ente organizado se encontró integrando los engranajes del Estado, que los financiaba (al menos en parte) y que a cambio los usaba tanto como fuente de información como de herramienta de control, ejerciendo potestades públicas. Ya tenemos un Estado Corporativo en marcha.

Por si alguien aún no entiende concepto, pondré un ejemplo actual: ahora tenemos a unos sindicatos y unas asociaciones empresariales que, sustituyendo tanto al legislador como a las partes contratantes (aunque éstas no se encuentren afiliadas), elaboran un convenio colectivo que se convierte en la obligatoria norma aplicable al sector. Pues esta es una herencia de ese Estado corporativo, que aún continúa con buena salud.

Pero regresemos a tiempos pasados. Paralelamente a este sistema corporativo se fue creando una administración pública más ortodoxa y tradicional, con unos procedimientos y estructura aceptables, pero en lugar de sustituir a aquél, se convirtió en una segunda herramienta. Ya se habían formado muchos intereses compartidos entre las corporaciones y los miembros del gobierno, y además, muchos pensaban sinceramente que la cosa funcionaba y era eficaz.

El resultado fue un sistema dual y paralelo, en el que hubo que realizar encajes de bolillos para integrar ambos conceptos organizativos, cosa que se consiguió a duras penas. De esos polvos, de la confusión que se produjo entre dos sistemas en apariencia incompatibles, vienen estos lodos. Aunque hubo que echar posteriormente mucha agua.

Una transición modélica:

Con esta dualidad se llegó al final de la dictadura y ya con el nuevo régimen, uno de los hechos más significativos fue la descentralización. Inmediatamente los recién creados estados federados… Perdón, quiero decir, las flamantes autonomías se lanzaron a reclamar todas las competencias que la Constitución no reservaba en exclusiva para el gobierno central, y con ellas recibieron la parte de la administración estatal del ramo.

Pero no sólo eso. También heredaron su parte del paralelo sistema corporativo. Por supuesto que el sindicato vertical ya no existía como tal, y que se había dividido en varios (principalmente dos, uno para el PSOE y otro para el entonces Partido Comunista) y en asociaciones empresariales. Pero lejos de considerar el sistema arcaico y obsoleto, o descartarlo por ser herencia del franquismo, se conservó cual joya de la abuela. Al fin y al cabo, los nuevos administradores se habían educado en el viejo sistema y todo el mundo se agarra a lo que conoce.

Y además porque los nuevos gobernantes, nacionales y autonómicos, conocían bien las innegables ventajas políticas del asunto, y llegados a este punto había tal cantidad de relaciones de intereses y conveniencias que habría sido complicado erradicarlo de un plumazo.

Al asalto de la sociedad civil:

Desconozco si el fenómeno es exclusivo de Andalucía o fue generalizado, pero desde el mismo momento en que comenzó la transición, se lanzó una consigna en muchos de los partidos y agrupaciones de izquierdas, y que fue ejecutada con meritorio éxito principalmente por el partido comunista. Partido que poco tiempo después sufrió la deserción masiva de la mayoría de sus cargos y miembros destacados para cobijarse bajo el ala maternal del PSOE y su acceso a los presupuestos.

La idea era que la voz del partido debía escucharse en todos los ámbitos de la vida del ciudadano, y para ello había que ocupar todos los aspectos públicos de esa vida. Así, al grito de “¡Al abordaje!”, los militantes y simpatizantes se lanzaron a acaparar todos los cargos y órganos de decisión de toda asociación u organización civil que pidieran: asociaciones de vecinos (siempre me ha sorprendido el arrollador éxito que tuvieron aquí, quizás ayudados mucho por el dinero que se soltaba desde la Junta y ayuntamientos para cerveza y vino en las “velás”), parroquias, hermandades de barrio, clubes deportivos, comunidades de propietarios, asociaciones de padres (otro sitio donde el éxito fue incontestable), asociaciones de consumidores, clubes de cine…

Una vez que los activos comunistas se fueron aburguesando, cosa que no tardó demasiado, y fueron sucumbiendo a los cantos de sirena de la Junta de Andalucía, con sus cargos disponibles y su cascada de dinero en subvenciones, prácticamente toda la sociedad civil andaluza pasó a formar parte del sistema corporativo. Todo bajo el control del que repartía la pasta, claro, y todos con la impecable idea en mente de que estaban trabajando por el bien de “La Sociedad”, haciendo algo útil y altruista.

Ni que decir tiene que lo primero que se ocupó fueron los medios de comunicación. Las cadenas públicas, desde el momento de su creación, se organizaron como un mero órgano de propaganda del gobierno, y con el milagroso dinero público se ayudó a la fundación de periódicos y medios afines, además de convencer a otros de las innegables ventajas económicas de pasar por el aro. Por supuesto que siempre quedaron algunos que mantuvieron su línea ideológica crítica con el gobierno (algunos más y otros menos), pero casi sin excepciones, se trató de medios de ámbito nacional, no meramente autonómicos o locales.

Éramos pocos y…:

Pues en medio de este jaleo institucional estábamos cuando a alguien de la Junta se le ocurrió (no fue original, claro; imitaba, como no puede ser de otra forma) que la Administración, la de verdad, con sus funcionarios, sus cafelitos a media mañana y sus expedientes fiscalizables, tenía muchas desventajas.

Para empezar, no podían colocar en ella a quien quisieran. Eso estaba muy mal, porque todos conocían a gente muy concienciada y dispuesta (principalmente familia y amigos) que no habrían aprobado una oposición ni aunque les hubieran marcado las respuestas, y además, no cumplían esos absurdos requisitos que se exigen para acceder a la función pública. Y sin embargo (y estoy seguro que muchos lo pensaban honestamente) esos familiares y amigos eran gente leal y que podían hacer mucho por “La Sociedad”. Que además esa ayudita a la familia se tratara de enchufismo puro y duro, y una discriminación hacia el resto de ciudadanos, en realidad era un detalle menor y sin importancia, que sólo podía preocupar a teóricos puristas de la derecha arcaica. A ver si el bien de “La Sociedad” iba a tener que supeditarse a absurdas normas decimonónicas. ¿Y qué había de malo en salir beneficiados un poco si al mismo tiempo quien ganaba era “La Sociedad”? ¿Acaso no se habían aprovechado los señoritos cuando les tocó?

Qué gran concepto ese de “La Sociedad”. Y tan útil. Me gusta casi tanto como este otro de “El Pueblo”. Pero me entretengo a divagar. Sigamos.

La segunda desventaja que le veían al sistema tradicional de Administración Pública era su encorsetamiento: Esa manía de tener que cumplir las leyes y amoldarse a un presupuesto; por no hablar de eso de deber rendir cuentas no sólo de su forma de actuar, sino de en qué se gasta el dinero público.

Unos gobernantes preocupados por “El Pueblo” y por “El Bien” de “La Sociedad”, se veían a sí mismos impotentes ante la lentitud de los procedimientos administrativos, y ante el hecho de no poder ejercer un poder absoluto para así poder avanzar sus loables fines. Estar maniatados por leyes, muchas incluso originadas en el Malvado Estado Centralista, era una rémora. No poder gastar el dinero que quisieran en lo que considerasen oportuno, sólo porque quien lo daba (Europa, principalmente) exigiera que se destinase a unos fines concretos, o deber esperar un año para modificar los presupuestos en lugar de dedicar el dinero a lo que en ese instante considerasen necesario, era desesperante.

Pero como eran gente resolutiva (y muy sorprendida de que a pesar de serlo, los problemas de Andalucía no sólo no disminuyesen, sino que fueran a peor) enseguida descubrieron la solución: Se fundan empresas privadas (sociedades mercantiles, principalmente) pero con capital público, se usa ese mismo dinero para poner en marcha fundaciones, y a todas ellas, se les otorgan potestades públicas.

La idea es sencilla: esas entidades privadas tienen como único cliente a la Junta, entendida ésta desde el punto de vista amplio (todo el entramado corporativo, administrativo, y ahora empresarial), cobran del dinero público por los servicios que le prestan, los cuales consisten principalmente en realizar labores puramente administrativas.

Y daba igual que los tribunales sentenciaran en más de una ocasión que era ilegal delegar ciertas funciones públicas a organismos privados. Que esas funciones eran de exclusiva competencia de la Administración, y debían realizarse por funcionarios de carrera, por una simple consideración de procedimiento administrativo, imparcialidad, necesidad de control y garantías del ciudadano ante la Administración. Las sentencias están para incumplirlas, porque aquí “nunca pasa nada” (léase con la correcta pronunciación, que es la mía: “nunca pasa nā”), y además se puede seguir haciendo trampas y aprobar leyes nuevas legitimando todo de forma retroactiva y dudosamente constitucional.

Esta administración paralela es un chollo para el gobierno, porque puede contratar a quien le plazca y poner al mando a quien le parezca bien. Pero además pueden actuar como les venga en gana, puesto que no están bajo los controles del Derecho Administrativo, y la fiscalización es bastante laxa.

Alguien podría notar la paradoja de que los mismos que claman en contra de las supuestas privatizaciones de servicios públicos, se hayan lanzado tan enérgicamente a privatizar la Administración y las potestades públicas. Pero si alguien lo hace, seguro que es una persona movida por el odio y la mala fe.

Ya tenemos abonado el huerto:

A nadie extrañará el lío y la confusión que todo esto genera. El ciudadano medio suele tener (con razón) tal cacao sobre el tema que no es raro que pregunten, por ejemplo, si tal asociación de consumidores pertenece a cual consejería de la Junta.

Recapitulando, sobre el terreno tenemos una Administración Pública “oficial” y funcionarial, unas fundaciones y sociedades públicas que ejercen las mismas competencias que la anterior, y un sistema corporativo que se solapa a los otros dos.

No es extraño el caso de que tras un preceptivo informe de algún sindicato o colegio profesional, (que luego será encargado de tramitar esas inevitables licencias o autorizaciones), un miembro de una sociedad redacte un documento, que luego deberá firmar un funcionario (cuyo trabajo ha quedado vaciado y cuya función es simplemente firmar lo que ha hecho otro, sin posibilidad de chistar) para transformarlo en acto administrativo.

En medio de todo este caótico sistema, es muy complicado seguir la pista del dinero. Se puede descubrir cuándo falta, y sobre todo cuándo sale del recorrido “oficial”. Sin embargo, los órganos administrativos que deben controlar ese flujo forman parte del mismo sistema. Claro que la Cámara de Cuentas de Andalucía se percató de que había muchos millones que en lugar de dedicarse a lo que ponía en los presupuestos, desaparecían de forma misteriosa. Claro que podían haber puesto en conocimiento del juzgado de guardia el posible delito que se estaba cometiendo; pero en lugar de ello, se limitaron a emitir informes, para guardarse las espaldas, y se olvidaron del asunto. Esos informes irían directos a los responsables del hecho, que los meterían en un oscuro cajón sin inmutarse demasiado. Y es que aquí “nunca pasa nada”.

Del mismo modo el funcionario al que le ponen delante un papel que ha redactado otro, para que lo firme y se responsabilice de lo en él escrito, podría negarse a hacerlo. Pero hace mucho frío en soledad. La vida puede ser muy dura cuando tus jefes, que controlan toda la vida de la región, incluida la sociedad civil, deciden hacértela imposible. Y hay que darle de comer a los hijos. Los inspectores de cuentas, al fin y al cabo, son funcionarios, y son humanos. Uno se cubre las espaldas y reza para que si salta la liebre (cosa difícil porque está muy bien cebada y contenta), no le salpique a él. Al fin y al cabo aquí “nunca pasa nada”.

El resto de ciudadanos, por su parte, derivan entre la complacencia del que recibe su migaja del pastel (aderezada con mucha propaganda), la agradable indiferencia del que no quiere saber nada, y la indignación impotente del que le toca sufrir en sus carnes el sistema. Pero no hay problema, porque en este último caso se le echa la culpa al funcionario de turno que ha firmado el papelito, que seguro que es un malaje y un facha. Después toca aguantarse con lo que te hayan hecho, por muy injusto o ilegal que sea, porque (¿no lo adivinan?) aquí “nunca pasa nada”.

Y así es como se hunde una sociedad.

Y ahora a recoger los tomates:

Pero ya estoy adelantándome a los acontecimientos. Porque queda un pequeño detalle para aderezar el guiso. El hecho de que casi toda la vida de un ciudadano tenga que pasar por algún organismo oficial, para su registro o autorización. Estamos en un país en el que te tienen que dar permiso incluso para abrir una tienda o para hacer cualquier pequeña reforma en tu casa.

Eso es mucho poder en manos del gobernante. ¿A alguien le cabe alguna duda?

Sumémosle la dificultad para controlar esas decisiones de la autoridad en medio de todo el tinglado administrativo y corporativo que he descrito. Y además, añadámosle el detalle de que para sobrevivir, toda organización necesita dinero (siempre más del que recibe oficialmente, por supuesto), y además a todo el mundo le gusta un chalecito o una mariscada de vez en cuando. O una cuenta en Suiza.

Si un señor se encuentra de repente que para que una empresa tenga una autorización que necesita, debe ser él quien se la de, la tentación de pedir un favor a cambio es muy alta. Si además tu amigo debe emitir previamente un informe favorable, ya son dos a repartirse el pastel. Y si lo que se pide no es un permiso, sino una subvención o una ayuda, ver pasar tanto dinero por delante a manos de otros, debe de dar ideas.

Pero estamos hablando de vulgar corrupción, y no es eso lo que ha ocurrido ¿verdad? No, claro. La vulgar corrupción es cosa de otros lugares y de gente zafia y malvada.

Lo que aquí ocurre es que hay personas que se ha esforzado durante muchos años, trabajando para partidos políticos, sindicatos, fundaciones, asociaciones, ONGs, y toda esa red de desinteresados luchadores por “El Bien” de “La Sociedad”. Claro está que esas organizaciones no los tenían dado de alta en Seguridad Social, ni le pagaban un sueldo legal (lo que se cobraba en B era lo lógico para el esfuerzo que se hacía), ni nada por el estilo. Y a la vejez (o cuando deciden que ya es hora de la prejubilación), se encuentran en la calle y sin haber cotizado.

¡Que injusto que ciudadanos que ha dado tanto por los demás se queden en la miseria! ¿Quién podría negarle el premio que merecen sus años de lealtad y sacrificio? Y si para ello hay que saltarse obsoletas normas, o hacer un uso no ortodoxo de los fondos públicos, o pedir que los malvados empresarios pongan un poco de su parte (en pago de todo lo que se han beneficiado por dejarles vivir, y por las subvenciones generosas que se reparten… algunos), ¿qué hay realmente de malo en ello?

Después hay individuos, directivos y cargos de alguna rama del tinglado (los nuevos señoritos, que han cambiado el cortijo por el despacho, y el caballo por el coche oficial), que además se han sacado un dinerillo extra. Vale, algunos se han comprado una casita adosada y nunca ha pagado un duro de nada, otros se lo han llevado calentito… ¿Qué pasa? ¿Que sólo los banqueros o los señoritos tienen derecho a vivir bien? Al fin y al cabo sólo han hecho uso de un dinero que no es de nadie, pero como pago a sus incuestionables esfuerzos por “El Bien” de “La Sociedad”. Y además, ni que se lo hubieran quedado todo. Parte se lo han exigido sus organizaciones para poder continuar la lucha.

No, nadie puede culparles de nada. Y mucho menos los que sabían que iban a tener una suculenta subvención, a cambio de devolver parte de ella a quien tan generosamente se la había concedido, o quien para “agilizar” un ERE o cualquier licencia o adjudicación, aceptó donar unas cantidades a los heroicos luchadores por “La Sociedad”, o se callaron cuando comprobaron lo que ponía realmente en los papeles.

Las piezas de dominó:

Y es que aquí “nunca pasa nada”. Hasta que pasa.

Hasta que unos empresarios, cuando un tipo de la Junta se reunió con ellos para hablar de una subvención que habían solicitado, decidieron llevar una grabadora. Se han dicho muchas cosas de ellos, pero no se puede dudar de que le echaron mucho valor. Y más porque después llevaron la cinta al Juzgado.

Y de esa investigación, surgió toda la porquería que había en Mercasevilla. E investigando este nuevo asunto, apareció todo el tinglado del “fondo de reptiles”, y de aquí lo de los EREs, y seguidamente las facturas falsas de los sindicatos en los cursos de formación…

Y a saber lo que aparecerá mañana. Porque aunque aquí “nunca pasa nada”, cuando pasa, pasa a lo grande.

Me comentaba una persona que no ha tenido más remedio de empaparse del asunto en profundidad, que dada la magnitud de este escándalo sólo puede terminar de dos formas:

La primera es que se eche tierra sobre el asunto, se condene de forma ejemplar a unos pocos desgraciados, que paguen el pato, y pelillos a la mar. Todos contentos y aquí “no ha pasado nada”.

La segunda es que se llegue hasta el fondo, se encarcele a casi todos los que han tenido alguna vez un cargo en Andalucía, en sus ayuntamientos, en sindicatos, en partidos políticos y similares; además de a una enorme cantidad de administradores de empresas y ciudadanos particulares. Luego, cuando toda la estructura política y social de la región se venga abajo, tras ser intervenida la autonomía por el Estado, continuar investigando las ramificaciones que la cosa tiene en la propia administración central y en otras autonomías. Estamos hablando del caos, y no sé si hay Estado que resista eso.

Se admiten apuestas.