¿Es el mercado libertario y la democracia dictatorial?

A escala gubernamental, a la hora de elaborar una política económica concreta, por poner un ejemplo, se observan varias relaciones contrapuestas. Por una parte, el gobernante se ve presionado por lo que la mayoría piense (dictadura de la mayoría), con el objetivo de obtener réditos electorales. Por otro lado, la autoridad también se ve influida por los consejos que los asesores den (tecnocracia), con el objetivo de mejorar la economía a largo plazo, aumentar la competitividad y la productividad, etc. Y también el político se ve tentado por los grupos de presión o lobbies (dictadura de la minoría), tales como grandes corporaciones, sindicatos, grupos ecologistas, etc.

Esto revela cuán difícil (si no imposible) es gestionar un Estado, pues ni si quiera se sabe lo que es el «bien común», que, en teoría, es a lo que el gobernante debe encargarse de satisfacer. Los estados son de tan enormes proporciones y están formados por tal cantidad de personas heterogéneas que es imposible satisfacer a todos, ni si quiera es posible satisfacer a gran parte de ellos, pues no es posible que un gobernante (o un equipo de gobierno) pueda conocer las preferencias de todos y cada uno de ellos.

De ahí que los estadistas hagan su política económica en cuanto a criterios tecnocráticos a veces; es decir, dejarse llevar por lo que les dice un experto o consejo de expertos.

Otras veces, se pueden dejar llevar por lo que preconice un determinado grupo minoritario que tenga influencia o importancia (lobbies), pero que, al final, pueda esa decisión alentada por los lobbies pueda, al final, perjudicar a la mayoría. Por ejemplo, el caso paradigmático que ilustra esta idea es el proteccionismo arancelario. Como ya ha sido demostrado desde hace muchos años, el proteccionismo es una fuente de pobreza, pues condena a un país a autoabastecerse, con las siguientes consecuencias negativas: reducción de la diversidad de productos, reducción de la competencia, aumento en los costes de producción, reducción de la renta disponible, etc. Vale, los aranceles perjudican el progreso económico. Ahora bien, ¿por qué algunos países lo adoptan? Porque el proteccionismo puede favorecer a unos cuantos como, por ejemplo, los productores nacionales. Si estos productores se unen y protestan contra el gobierno ejerciendo una gran presión, el gobierno puede verse tentado (con tal de no perder popularidad) en admitir sus propuestas y adoptar el proteccionismo, empobreciendo al país. Igual que sucede con el proteccionismo, sucede con los sindicatos, los ecologistas, o incluso simples manifestaciones en la calle no representativas de la población.

Además, el sistema de votación por mayorías plantea graves problemas irresolubles. Por ejemplo, puede darse el caso que salga como ganador un partido político que beneficie a la mayoría en muy reducida proporción a costa de perjudicar a una minoría de forma desproporcionada, de tal forma que la sociedad salga perdiendo.

También tenemos el problema de la oclocracia o gobierno de la muchedumbre donde la mayoría puede aprobar leyes que perjudiquen a las minorías. Es decir, en una democracia se acepta la opinión generalizada, pero no se respeta la libertad individual. De ahí que el término democracia signifique poder absoluto del pueblo. Demos (pueblo) y Kratos (poder absoluto). Imaginemos que un país somete a votación si subirse o no el salario el 20%. Es evidente que todos votarían que sí, pero ello ocasionaría una inflación desbocada, paro y otros aspectos perniciosos.

Incluso esta característica puede darse dentro de una organización supranacional. Recuerdo que hace meses el exprimer ministro de Grecia, Papandreu, iba a someter a referéndum si los griegos deseaban estar en la UE o no y, en consecuencia, si iban a pagar la deuda o no. Al final Alemania logró abortar tal propuesta, que evidentemente hubiera ido en perjuicio de toda la Eurozona y de los propios griegos.

Como todo el mundo sabe, cualquier país que haya caído en el populismo o en la demagogia ha terminado bastante mal en lo que a progreso se refiere. Latinoamérica está plagada de ilustraciones a lo que acabamos de decir. Grecia es otro ejemplo, un país donde antes la gente se jubilaba antes de los 60 años.

Es por todas estas razones por las que es viable y eficiente reducir paulatinamente la dimensión del sector público, para que, por un lado, el gobernante se viese aliviado de cargas burocráticas y, por otro, para eliminar la posibilidad de todo tipo de poderes absolutos, en el que una persona o conjunto de personas puede decidir sobre temas que le afecten a otra.

Y, por suerte, parece que esta es la vía que prácticamente todo el mundo está siguiendo (China reduce su poder estatal paulatinamente, la primavera árabe del año pasado otorga un aliento de esperanza bastante prometedor, el intervencionismo de Obama parece que tiene los días contados) y muy especialmente la Unión Europea, donde el euro impide el déficit público, la devaluación y desincentiva la inyección monetaria, reduciendo el poder estatal sobre la economía enormemente, además de incentivar políticas de liberalización y competitividad. Sin duda, desde mi perspectiva, ahora el mundo está tomando la vía de la reducción del Estado, favoreciendo la libertad individual. Parece que el mundo evoluciona históricamente hablando.

Es en un sistema de economía de libre empresa, como también garantiza nuestra Constitución, donde se produce una libertad real, desprovista de cualquier tipo de poder absoluto. En el mercado libre, los consumidores, que eligen mediante decisiones individuales, son soberanos eligiendo sobre sí mismos: qué compro para mí, a quién le doy este dinero, cómo voy a invertir, a qué organización me voy a adscribir, a qué país me voy a ir para emigrar, etc.

Por tanto, todos los comentarios insistentes y machacones que hablan del oxímoron «dictadura del mercado» son falsos y contradictorios en sí mismos. Normalmente, en la prensa y en las redes sociales se aduce con la expresión «los mercados» a los mercados financieros, por la enorme importancia que tienen a nivel mundial y el papel tan importante que desempeñan en la globalización. Pero no olvidemos que todos formamos parte de ese mercado. Cuando vamos a hacer un viaje al Reino Unido y tenemos que comprar libras, estamos interviniendo en el mercado monetario. Cuando invertimos nuestros ahorros en un depósito en el banco, estamos interviniendo en el mercado financiero. Cuando compramos deuda pública, estamos interviniendo en el mercado de deuda. ¡Y ojo! No existiría una relación de intercambio en el mercado si alguno de los participantes de la misma así no lo quisieran. Pero mucho me temo que los mercados se califican como una dictadura, porque precisamente no son una dictadura que ellos pueden presidir: muchos, al dejar de ser dictadores, se sienten aherrojados (por ejemplo, los sindicatos).

Veamos por último, por simple curiosidad, la popularidad que tiene el libremercado en el mundo, según el semanario británico The Economist:

Antonio Vegas
Antonio Vegas

Economista, especializado en finanzas. Apasionado de la libertad.

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9 comentarios

  1. Me permito un último comentario para compartir un enlace con reflexiones sobre la calidad democrática.
     
    Un saludo. 

  2. Miguel A., permíteme por favor a mi ser ahora puntilloso contigo.
     
    De acuerdo en tu definición de los mecanismos de una «democracia plena», en España ahora mismo el único mecanismo válido de la democracia que nos queda es la transición pacífica entre gobiernos. Parafraseando a Alfonso Guerra hace tiempo que «Montesquieu ha muerto«.
     
    La separación entre ejecutivo y legislativo no existe, en tanto en cuanto es el legislativo quien elije el presidente del gobierno (normalmente el jefe de filas del partido más votado) y este el ejecutivo.
     
    La separación entre ambos y judicial no existe en tanto que el máximo órgano disciplinario y de control del legislativo, el CGPJ, y la máxima instancia judicial, el Tribunal Constitucional (que actúa de facto como un tribunal ultra-Supremo), son elegidos por el legislativo. Además hemos de tener en cuenta la posibilidad de los «indultos» por parte del ejecutivo, que desactivan la plena aplicación de la ley en casos concretos.
     
    La sumisión de las leyes a principios supremos (Derechos Humanos), recogidos en la Constitución, también ha sido y es violentada. Buen ejemplo de ello es el «delito de autor», la diferente consideración de gravedad y pena por el mismo hecho dependiendo de características intrínsecas al autor. Las penas prescritas en la LIVG son buena prueba de ello (¿aceptaríamos una normativa con distintas penas de carcel por el mismo delito dependiendo de si el autor es blanco o negro, inmigrante o nacional?).
     
    Supuestamente nos quedaría la esperanza de que la ley fuese un marco estable en el que los resultados de nuestras acciones y nuestras relaciones fuesen previsibles, pero bien sabemos que no es cierto. Que las leyes son mutables y que se saltan el principio de no retroactividad. Que el principio in dubio pro reo, la presunción de inocencia y muchos otros de los fundamentos del derecho occidental se pervierten constantemente. Que la administración pública copa la mitad de la economía y atenaza y sojuzga enormemente la otra mitad.
     
    La fuente última del poder en España viene siendo el aparato de los partidos políticos, de la que emanan las listas electorales, de las que a su vez emana el legislativo, de donde proviene el presidente, el ejecutivo, el judicial, etc. Vivimos en un gobierno del aparato, del Apparatchik.
     
    Un saludo,
    Simón

    • Básicamente has descrito a la perfección la situación política en España. Eso no cambia los requisitos mínimos para que un Estado sea considerado democrático. La consecuencia es que España no es una auténtica democracia, sino otra cosa.
       
      Y no estoy aquí, precisamente, posicionándome con los postulados del 15M, sino todo lo contrario. Ellos quieren ahondar en el problema, suponiendo que es la solución.
       
      En Efecto, en España el ejecutivo controla al legislativo y parcialmente al judicial, en la práctica, la sumisión de la Administración a la Ley es irrisoria, y se violan institucionalmente los derechos humanos en aras de la consecución de políticas diversas. Pero no sólo eso, sino que si bien el derecho de sufragio activo es universal, el pasivo está copado por una casta aristocrática (en el sentido vulgar del término) en la que es muy difícil entrar.
       
      Por ello España, más que una democracia, es meramente una oligarquía consultiva, regida por unos principios que podríamos llamar fascismo del buen rollito: una aristocracia que acepta pacíficamente un criterio de sufragio para la alternancia del poder, siempre dentro de la misma casta, que se siente legitimada para inmiscuirse no sólo en la economía, sino también en la vida de los ciudadanos, siempre en aras de un fin superior, refinando la idea de despotismo ilustrado.
       
      Y lo peor es que es un sistema que goza de gran popularidad y que se encuentra en expansión.

    • Qué raro. Me ha desaparecido el comentario. Y eso que no he puesto fotos de lencería ni nada…
       
      Bueno, en serio, has descrito estupendamente la situación española, pero eso, lejos de significar que no son válidos los requisitos mínimos que expongo para considerar como democracia un sistema de gobierno, lo que quiere decir es que España no es una auténtica democracia.
       
      Aclaro que no me estoy posicionando, ni mucho menos, con los postulados del 15M. Todo lo contrario. Lo que ellos piden es ahondar en el problema.
       
      Como dices, aquí el ejecutivo controla el legislativo y parcialmente (aunque de forma significativa) al judicial. La clase política se ha convertido en una aristocracia (en el sentido vulgar del término) a la que sólo unos pocos fieles pueden acceder. Y además, se violan los derechos humanos de forma legal, supuestamente para la consecución de objetivos superiores.
       
      Por tanto, a nuestro sistema de gobierno podríamos denominarlo «oligarquía consultiva», donde una casta dirigente acepta como método de alternancia en el poder el sufragio universal activo, aunque limitando severamente el pasivo.
       
      Otra forma de llamarlo, atendiendo no al sistema de cambio de gobernante sino al resto de características incumplidas, sería «fascismo del buen rollito», donde el poder permite a los ciudadanos cierta libertad sobre sus bienes, pero se arroga el derecho de intervenir, no sólo en la economía, sino en cualquier ámbito de la vida pública o privada, con la excusa (estoy convencido que muchos de ellos creen sinceramente que están haciendo el bien) de alcanzar metas loables y justas.
       
      El problema real es el gran prestigio que tiene este sistema no sólo en España, y su capacidad de expansión. Porque los que critican y se quejan más espectacularmente, lo que piden realmente es políticos «buenos» (léase «líderes carismáticos populistas») que tengan más poder con menos «burocracia» (léase «sin cortapisas al poder absoluto»), que luchen por «el pueblo» (léase «mis intereses y los de los míos») contra la agresión de los «malvados» (léase «mi vecino del quinto, todo el que no piense como yo, y todo el que me caiga mal»).

  3. A mi me parece el argumento más convincente para el achicamiento del estado. Y haría lo mismo con «la política». Lo que señala Miguel de los límites al poder del gobernante, aumentado. Pero dudo mucho de la visión optimista del artículo. No sé, no lo veo.

    También creo que hay que pensar en límites al poder económico. Mejor dicho, al poder que la globalización le da a las empresas que destacan en ventas en algunos sectores. El efecto masa, que acaba en monopolios de hecho. En buena medida es un defecto de las leyes de patentes. 

    • Plaza, en los EEUU se considera el monopolio o el cuasi-monopolio de forma distinta según cómo se ha llegado a él.
      Si es el resultado de la decisión de compra de la inmensa mayoría de los ciudadanos no es más que un síntoma de éxito, y no tienen ningún problema con él.
      Si es el resultado de la compra de empresas de la competencia por parte de la dominante, puede ser objeto de investigación e incluso verse obligado a la desinversión.
      Si es el resultado de la acción de una normativa suele verse con aprensión y causa rechazo, generando muchas veces la apertura de las barreras de entrada por la presión social.
       
      Y, sí, el sistema de patentes desincentiva netamente la investigación e introducción de mejora en los productos y procesos productivos.
       
      Un saludo,
      Simón

  4. Y perdón por ser puntilloso en un artículo con el que estoy bastante de acuerdo:
    Dejando aparte la etimología, lo que coloquialmente se entiende por democracia (sería más acertado llamaro Estado de Derecho) no consiste sólo en un método pacífico de cambio de gobernante mediante sufragio. Esa es sólo una de las características.
    La otra, es la limitación del poder del gobernante y las instituciones por la triple vía de sumisión de los mismos a la Ley, división de poderes y establecimiento de unos mínimos intocables sobre los que no se puede ejercer control (derechos humanos).
    De lo contrario, estaríamos legitimando como democracias a Venezuela, Marruecos, la España de Franco… Sitios donde se vota, al menos a un legislativo, y poco más.

  5. Sin embargo, la función del gobierno, y del Estado en general no sería gobernar en aras del bien común, fin loable pero peligrosamente indefinido, sino establecer un marco de convivencia dentro del que los individuos puedan vivir y relacionarse.
    Sé que es un punto de vista minoritario, pero la alternativa es gobernar en aras del bien de quien el gobernante piensa que lo merece, que obviamente no es el de todo el mundo.

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