A raíz del anuncio del aumento del copago farmacéutico (véase http://estaticos.elmundo.es/documentos/2012/04/24/boletin.pdf), de acuerdo con el cual se van a incrementar significativamente las cantidades que los usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) pagan por las prestaciones farmacéuticas y otros consumos sanitarios, ha saltado una polémica colateral por el hecho de que las nuevas normas no afecten a los funcionarios del Estado. En seguida he podido oír a varios periodistas —que, en esto, revelan su ignorancia— opinar negativamente acerca de esa exclusión y, de paso, aludir a los privilegios de la casta funcionarial —a la que, por cierto, yo, como catedrático, pertenezco—.
Es curioso que no haya habido ningún miembro del Gobierno que haya salido a aclarar esa aparente anomalía —me refiero al supuesto privilegio de los funcionarios estatales—, seguramente porque no tienen el menor interés en hacerlo ya que, si el tema se queda así, en la ignorancia de la situación real de esos trabajadores por parte de la opinión pública, entonces habrá un chivo expiatorio contra el que despotricar. Ya se sabe que a los españoles lo que más nos gusta es quejarnos de los bien que están los demás para, de esa manera, ocultar nuestros propios desalientos. Es por ese motivo, por esa ausencia de explicaciones, por lo que me he inclinado a escribir este artículo.
Diré de entrada que, en esto del gasto farmacéutico y del sanitarios en general, los funcionarios del Estado, lejos de ser un grupo privilegiado, somos más bien un conjunto marginado. Somos verdaderamente los paganos del sistema, porque cargamos sobre nuestro sueldo la casi totalidad del coste, no sólo de los medicamentos que consumimos, sino también de todas las prestaciones sanitarias que recibimos, amén de otras de carácter asistencial. Si los demás españoles pagan directamente una pequeña parte de las prestaciones que reciben, los funcionarios lo pagamos casi todo.
Veamos cómo funciona el sistema. Las prestaciones sanitarias de los funcionarios —incluidas las farmacéuticas—, además de un conjunto amplio de prestaciones asistenciales, se incluyen dentro de las actividades de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE). Este organismo se financia básicamente con las cuotas que se detraen todos los meses de las nóminas de los funcionarios —que actualmente oscila, según las categorías, entre 19,3 y 47,3 € mensuales por persona— y, complementariamente, con una aportación del Estado. Para que los lectores se hagan una idea de lo que estamos hablando, señalaré que, en 2010, último ejercicio para el que el Boletín Oficial del Estado ha publicado las cuentas anuales, MUFACE gastó 1.612 millones de euros, financiándose esta cantidad con 1.489,6 millones (92,4%) aportados personalmente, a través de su nómina, por los afiliados y el resto con una subvención del Estado de 84, 4 millones (5,2%), unos ingresos de gestión ordinaria de 5,4 millones (0,3%), otros extraordinarios de 5,9 millones (0,4%) y un desahorro —equivalente al déficit— de 26,7 millones (1,7%).
Con esos recursos se pagaron todas medicinas, asistencias sanitarias, urgencias, operaciones quirúrgicas, subsidios de incapacidad, maternidad, jubilación, defunción, sepelio, atención a los mayores, enfermedad psiquiátrica, discapacidad y atención a drogodependientes que reciben los funcionarios del Estado. Y, como acabo de señalar, fueron los mismos funcionarios los que, con sus cotizaciones, aportaron el 92,4% del gasto realizado.
Vayamos ahora al gasto farmacéutico. Éste se cifró en 326,9 millones de euros y cubrió a una población de 1.660.090 personas —es decir, a los funcionarios del Estado y a sus familiares—. La farmacia supuso, por tanto, el 20,3% del gasto total de MUFACE, un porcentaje inferior al que registró el Sistema Nacional de Salud —que fue del 24%—. Y los funcionarios, individualmente, pagando en la farmacia el 30% del precio de los medicamentos, estén en activo o estén jubilados, pusieron aproximadamente 98 millones de euros.
Entretanto, en el SNS, para los usuarios de las prestaciones farmacéuticas, las recetas supusieron un gasto de 11.136 millones de euros, de los que, debido a que el copago no afecta a los pensionistas, pusieron, pagando en la farmacia, unos 890 millones —o sea, el 8% del total—. Observe el lector que todo lo demás lo pusieron las Administraciones Públicas que gestionan el sistema, dado que su financiación corre a cargo de los impuestos. Esta es una diferencia fundamental con los funcionarios, pues éstos, además de pagar los mismos impuestos que los demás ciudadanos —pues no hay exenciones ni bonificaciones fiscales por trabajar para el Estado—, pagaron las cotizaciones a MUFACE con las que se cubre su gasto farmacéutico y sanitario en general.
O sea, mientras los funcionarios lo pagan casi todo de su bolsillo en materia sanitaria y, además, pagan los impuestos que financian el SNS, los demás ciudadanos sólo contribuyen a esto último con sus impuestos y con un copago que equivale a menos de una décima parte del valor de los medicamentos que consumen.
Hagamos cuentas con todo esto y veamos las diferencias. Los copagos farmacéuticos de los funcionarios fueron equivalentes al 6,1% del gasto sanitario total. En cambio, los copagos del SNS sólo contribuyeron a financiar el 1,2% del gasto sanitario total. Y ahora, con la subida aprobada por el gobierno, de la que se esperan recaudar 3.700 millones de euros, este último porcentaje puede llega a subir al 5% —por debajo, en todo caso, de la ratio que corresponde a los funcionarios—.
¿Le sorprenderá a alguien que, en estas circunstancias, los funcionarios consuman menos medicamentos que el público en general? Pues así es: mientra que en el SNS el gasto farmacéutico en recetas es de 259,6 € por persona al año, entre los funcionarios la cifra es de 196,9 €. Esta es la demostración de que, cuando a los ciudadanos nos tocan el bolsillo, nos convertimos a la racionalidad económica procurando no gastar más de lo necesario. Tomen nota nuestros gobernantes, pues si en vez de financiar la sanidad sólo con impuestos, se exigiera el pago de una cotización razonable —como se hace con los funcionarios del Estado—, entonces es posible que todo este problema de la insostenibilidad financiera del SNS encontrara una solución.
Una vez más, completamente de acuerdo con los comentarios de M.A. Velarde:
Por poner un ejemplo, uno puede comprender que en caso de tener una pierna grangrenada, la amputación de esa pierna sea lo único que te puede salvar la vida. Pero que encima no te pidan que te alegres como si te hubiera tocado la lotería.
Volviendo al tema, ayer escuché al ministro Montoro afirmando cual vulgar demagogo socialista que la sanidad pública española es sin duda la mejor del mundo, para a continuación afirmar que como es inviable económicamente, pues se ven obligados a tomar toadas esas medidas que se resumen en cobrar aún más por su uso, para que no termine de colapsar. Si ya es triste escuchar las demagogias habituales de la izquierda en estos temas, más triste es tener que escuchar de un ministro del PP la falacia de que un sistema de salud como el español, con listas de espera en todas las especialidades, con urgencias saturadas, que no paga a sus proveedores y en situación técnica de quiebra inminente, es a pesar de todo «el mejor del mundo». Pues oiga, deje de hacerlo obligatorio el sostenimiento económico de esta joya que asombra al mundo, y que cada uno decida con su dinero si sigue pagando esta maravilla o si por el contrario prefiere pagarse un seguro médico privado. O por lo menos, si van a seguir manteniéndolo como obligatorio, nos nos venda la moto de que hay que pagar más porque es de justicia hacerlo. Para «comprar» esa demagogia barata ya tenemos a los socialistas.
De acuerdo con que los funcionarios pagan la mayor parte de sus gastos médicos con sus cotizaciones. Pero el resto del sistema de salud dista mucho de ser gratuito. Lo que no se paga con cotizaciones se hace con impuestos (o con deuda, a cargo de futuros tributos), que también pagamos los ciudadanos.
El copago puede ser más justo, por el hecho de que paga el que realmente accede al servicio (yo, por ejemplo, como abogado pago impuestos pero no tengo derecho a sanidad pública), pero eso estaría estupendamete si se complementara con una bajada de impuestos paralela. Es decir, un replanteamiento de la financiación de los servicios públicos para que pague el que se beneficia y se premie al que no produce gasto, al tiempo que se gestiona eficientemente y sin gastos absurdos.
El pago de tratamientos y medicamentos puede estar justificado por la situación de caos económico del sistema. No hay un duro y de alguna forma hay que pagar. Yo podría estar de acuerdo con esa solución (aunque prefiera otras), pero me revienta que me lo vendan como una medida de justicia.
Muy bueno el último párrafo. A ver cuándo nos enteramos de que nada es gratis, y de que lo gratis acaba saliendo muy caro, excepto a aquellos que abusan del sistema y no contribuyen a su mantenimiento (ilegales, «nuncacotizantes», etc)