Supongo que ya estarán al tanto de la noticia de la publicación en el BOE por parte del Gobierno del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Entre otras medidas (como la subida del impuesto de sociedades, debe ser que las empresas y los empresarios nos sobran), el texto recoge un período de declaración especial. El texto dice lo siguiente (me tomo la libertad de quitar lo que entiendo que no es útil para el lector, y justo debajo lo resumo todo en un párrafo):
Disposición adicional primera. Declaración tributaria especial.
1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de no Residentes que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos, podrán presentar la declaración prevista en esta disposición con el objeto de regularizar su situación tributaria, siempre que hubieran sido titulares de tales bienes o derechos con anterioridad a la finalización del último período impositivo cuyo plazo de declaración hubiera finalizado antes de la entrada en vigor de esta disposición.
2. Las personas y entidades previstas en el apartado 1 anterior deberán presentar una declaración e ingresar la cuantía resultante de aplicar al importe o valor de adquisición de los bienes o derechos a que se refiere el párrafo anterior, el porcentaje del 10 por ciento.
El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior determinará la no exigibilidad de sanciones, intereses ni recargos.
Junto con esta declaración deberá incorporarse la información necesaria que permita identificar los citados bienes y derechos.
4. No resultará de aplicación lo establecido en esta disposición en relación con los impuestos y períodos impositivos respecto de los cuales la declaración e ingreso se hubiera producido después de que se hubiera notificado por la Administración tributaria la iniciación de procedimientos de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias correspondiente a los mismos.
5.- […] El plazo para la presentación de las declaraciones y su ingreso finalizará el 30 de noviembre de 2012.
Es decir, que quienes hayan defraudado en el IRPF, el Impuesto de Sociedades o el Impuesto sobre la Renta de no residentes pueden regularizar su situación pagando el 10% de la cantidad total, sin recargos, sanciones o intereses. Eso sí, si se hubiera iniciado antes el procedimiento por parte de de la Inspección de Hacienda, no se te aplica y se aplican todos los recargos, multas y demás conceptos establecidos. Este período durará hasta el 30 de noviembre de 2012.
Todos entendemos que el ajuste de las cuentas públicas es imprescindible si queremos salir de la crisis: Solo una vez saneadas las cuentas públicas, sin necesidad de que el Estado se endeude, pueden comenzar a sanearse las empresas y la sociedad. Hasta ahí, todo bien. Dicho ajuste puede hacerse de dos formas: reduciéndose el gasto o recaudándose más impuestos. Hasta ahora, fácil de entender.
Ésta medida en concreto tiene el objetivo de aumentar la recaudación fiscal. En Italia, tras aplicar esta medida, consiguieron repatriar entre 80.000 y 95.000 millones de euros. No sería moco de pavo. En España, por el contrario, los resultados serían mucho más modestos:
[…] el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro presentó ayer una amnistía fiscal con la que pretende recaudar hasta 3.250 millones de euros. El objetivo es hacer aflorar una economía sumergida de unos 25.000 millones (en torno al 2,5% del PIB nacional) e intentar tributarla.
Las negritas son mías.
Esto tiene dos visiones: Desde el punto de vista utilitario y desde el punto de vista de la justicia como tal.
Desde el punto de vista utilitario, tuvimos hace menos de un año de una amnistía, en este caso laboral. Ya anticipé en su día que, a pesar de dicha amnistía -o en parte gracias a ella-, podíamos llegar a los cinco millones de parados. Ahora vamos camino de los seis. Aplicando el mismo criterio, creo que la gente va a seguir sin declarar porque no puede fiarse de que este gobierno les suba los impuestos una vez que ya les han localizado, que es la razón por la que defraudan a Hacienda. No tienen ninguna garantía.
Si lo que se quiere es hacer que la gente reconozca lo que realmente tiene, la medida correcta y que todo el mundo entiende es que se bajen los impuestos. Es el mejor antídoto frente al fraude fiscal. Porque claro, pagar al 10% unas cantidades y luego seguir defraudando porque los impuestos son demasiado altos refleja que el sistema fiscal español no funciona. Por ello, creo que la medida no va a tener éxito.
Pero lo grave es lo ocurrido desde el punto de la justicia como tal. Desde el punto de vista de la justicia como imparcialidad, que es el concepto de Rawls, es absolutamente inaceptable. Me atrevo a decir que se está arriesgando la seguridad jurídica del país. El mismo artículo 31.1 de la Constitución afirma que «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Los representantes de los inspectores de Hacienda ya lo están denunciando abiertamente.
¿Qué señales envía la medida?
– Al inversor: «Estos españoles están desesperados, y de la misma forma que pueden adoptar una medida que me beneficia, en cualquier momento y sin avisar pueden adoptar una medida que me perjudica.» El resultado es que me lo pienso demasiado, no meto la pasta y el paro sigue como está.
– Al «contribuyente caradura»: «Si defraudar sale barato en función del tiempo que esperes… voy a seguir defraudando y a la próxima, pues lo declaro y me sale mucho más barato.» Es decir, que este defraudador seguirá defraudando.
– Al «contribuyente honrado»: «Yo compito honradamente, pagando mis impuestos religiosamente, bajo amenaza de multa y cárcel. Ahora resulta que quienes han actuado mal y han defraudado a Hacienda se van a fumar un puro… ¿por qué no he tenido yo las mismas oportunidades que ellos? ¿Cómo se me compensa por la oportunidad perdida? Pues nada, aquí los listos son ellos, así que yo también voy a defraudar.» Y tenemos a un nuevo defraudador.
Me suena muy mal que Cospedal diga que España es un país fiable. ¿Ante quién es fiable? ¿Ante los ciudadanos, que somos quienes les pagamos? Me temo que no. ¿Ante los españoles emprendedores, a quienes se les sube el Impuesto de Sociedades? Tampoco. Más bien, me arriesgo a decir que la medida creará todavía más indefensión y desapego en los ciudadanos. También es cierto que el pueblo español tiene una paciencia digna del santo Job, pero no ayudará en el futuro.
Lo que está en juego es si seguimos siendo un país estable o si nos convertimos en una suerte de Grecia, Argentina o Venezuela. No es ninguna tontería. Para ello, España debe pagar sus deudas en las fechas establecidas. Pero no por ello se puede sacrificar la seguridad jurídica del país. Precisamente la seguridad jurídica garantiza que no nos convirtamos en dichos países.
Me atrevo a plantear que el mayor problema que padece España es la parcialidad de la mayor parte de las medidas y leyes adoptadas por nuestros legisladores. Mientras el objetivo original de la socialdemocracia era que, respetando el libre mercado, el Estado pudiese corregir aquellos problemas que una sociedad libre no consiguiera, el objetivo de la socialdemocracia española es el de modificar arbitrariamente todos los procesos productivos de acuerdo a criterios políticos para lograr unos resultados arbitrariamente establecidos mediante criterios políticos. Y si ello no es suficiente, también se interviene en la iniciativa privada que pretenda corregir dichos problemas, cuando no se atribuye directamente dicha potestad. Intervenimos en la economía, en los transportes, en la energía, en la sanidad, en la educación, en las empresas, en su producción y en el mercado laboral, en las iniciativas sociales privadas, en las obras públicas, en las casas, en las pensiones, en el sector financiero, en la moneda, en las cosechas… La pregunta es: ¿Queda algo por tocar? Me temo que no. Las áreas se podrán tocar mejor o peor, más o menos, pero se toca todo.
En España, la oferta ya no responde a la demanda de los consumidores sino a las demandas políticas. Y ésto es lo que hay que corregir. ¿Cuál es el resultado de este modelo de intervencionismo? En España, una depresión camino de durar 10 años, una tasa de paro superior al 20% y una generación de jóvenes tirada al cubo de la basura. Es decir, hay mucho trabajo por delante. Con esta perspectiva, pregunto: ¿Cómo puede otra medida arbitraria sentar las bases que saquen a España de todos los problemas que padece a medio plazo? E incluso en el caso de que fuese necesaria dicha medida, ¿por qué no viene acompañada de otras medidas que sí sienten las bases de una auténtica recuperación?
Apunto otras dos cosas que habrá que mirar con mas detalle.
No veo en la norma ninguna mención a restricciones de aflorar dinero en efectivo, que parece una de las cosas que mas ha resaltado la Diputación Foral de Guipuzcoa al anunciar que allí no aplicarán esta norma. Además, creo recordar que en Italia quedaba expresamente excluída esta posibilidad por alguna limitación legal.
Tengo la curiosidad de ver cómo se instrumenta la limitación a los gastos financieros de empresas en el caso de los bancos, porque su gasto financiero es parte de su actividad típica.
Hay una cosa que no tengo clara. Si es bueno o malo que se tome el valor de adquisición del activo que aflore. En general los activos financieros habrán bajado de valor, y otros habrán subido. Aunque en buena lógica si alguien ha palmado un 50% no va a aflorar un duro, porque su tasa de gravamen efectivo sube al 20%. Sigo sin tenerlo claro ¿alguna idea?
Creo que Burrhus lo ha expresado con claridad unos comentarios más arriba, una amnistía fiscal solo esta justificada si a continuación se ponen los medios para evitar que vuelva a ocurrir (aunque siempre habrá algún grado de evasión fiscal), lo que significa reformar de arriba abajo el sistema impositivo español. Aquí hicimos una Ley General Tributaría en 2003, que es una maravilla doctrinal, porque la hicieron profesores universitarios, pero que en absoluto responde a los problemas de la realidad fiscal. No se contó con los que saben de esto, que son los funcionarios de Hacienda y los asesores fiscales, ni se ha reforzado la seguridad jurídica impositiva (simplificación impuestos, limites a la doble imposición y la confiscatoriedad) y así nos va. Pues bien, empezando por ahí, hay que cambiarlo todo.
Sobre si estamos ante una amnistía o una regularización. La amnistía es la derogación retroactiva (transitoria o definitiva) de normas sancionadoras. Un impuesto no es una norma sancionadora por tanto no se puede amnistiar. Regularizar significa poner tus deudas impositivas a cero, por tanto, uno se regulariza si paga los impuestos que debe (con intereses de demora), Otra cosa es que los exoneren (amnistíen) de las sanciones fiscales derivadas, pero los impuestos debe pagarlos completitos.
De ahí que bajar a los defraudadores el tipo impositivo al 10% no es regularizar ni amnistiar, sino una medida injusta y posiblemente inconstitucional, por vulnerar la igualdad tributaria y no sustentar la diferenciación en la capacidad contributiva. Tb. creo que puede ser inconstitucional por vulnerar los limites materiales de la Ley de Presupuestos y de su Ley de acompañamiento, ya que se trata de la modificación de un elemento esencial del impuesto como es el tipo impositivo. Es más, si me apuran lo que se ha hecho es crear un nuevo impuesto, de especifica aplicación para quienes evadieron capitales, y esto no puede hacerlo una Ley de Presupuestos ni su Ley de acompañamiento.
Por otro lado, esta medida ignora la economía sumergida interna del país: todo lo que se deja de tributar por IVA, el mercado negro inmobiliario (sobre todo en alquiler), sueldos en negro, etc. No puede ser es que al que evada fuera se le reduzcan los impuestos y a los de dentro, evadamos o no, nos los suban.
El mismo efecto que buscaba el gobierno, repatriar capitales, se podría haber conseguido con una reducción impositiva generalizada a todos los españoles (emanando así la encomia sumergida nacional) y ofreciendo a los evasores firmar convenios con Hacienda (que son perfectamente legales) para regularizar sus deudas en plazos y a lo largo de varios ejercicios fiscales, siempre que reinviertan en España todo o parte de lo que evadieron (incluso con deducciones), y perdonándoles las sanciones fiscales. Al menos no se habrían cargado lo poco que queda de la seguridad jurídica.
En fin, estoy con Burrhus en que la seguridad jurídica en este país esta perdida ya. Es más, se perdió en el mismo momento en que se dejo de conectar con el respeto al derecho de propiedad, y el actual sistema impositivo español no respeta ni la una ni el otro.
Oye, Escocés… deberías pasarte por aquí y comentar mucho más a menudo. 😀 No por compartir la idea, sino por fundamentada.
Escocés, no puedes exigirles como condición que inviertan en España porque te cae una sanción por parte de la UE al favorecer a tu Estado sobre otros e impedir la libertad de circulación de capitales. Tan sólo puedes exigirles que mantengan el dinero en la UE.
Italia acaba de aprobaqr una remodelación del gravámen sobre rentas de capital. El 20% para todos y el 12,5% para las derivadas de rendimientos de deuda del Estado italiana. Todos los periódicos han advertido de la segura sanción de la UE por contravenir normativa europea, aunque desconozco si se han dado tanta prisa en abrir el expediente en Bruselas.
Yo no discrepo en la necesidad de bajar los impuestos, mas que en los tiempos de aplicación. La realidad es siempre compleja. Una rebaja de impuestos ahora metería dinero en el circuito, para acabar todo en el Estado ante unas mayores necesidades de financiación. Bajar el déficit es la prioridad ahora, para no ahogarnos. Yo espero que veamos impuestos más bajos antes de cuatro años. La rebaja impositiva ahora tardaría en tener efecto sobre las cuentas públicas, y no tenemos ese tiempo.
Coincidiendo con vosotros en que habría que reestructurar el Estado y eliminar mucha tontería, creo que las cosas hay quen hacerlas con cabeza. No eliminar a tontas y a locas. Estudiar las necesidades de actuación y las ofertas desde el Estado, y adecuarlas. Si en una emopresa pequeña eso no se hace en un día, entiendo la comploejidad de hacerlo en un Estado, especialmente con la estructura de este.
Eso no quiere decir que sea condescendiente con que no se haga. Tan sólo que procuro permanecer frío y no criticar en exceso lo que pienso se hará (al menos en parte) en algún momento.
– Sefuela:Lo que dices de la libre circulación tb lo he pensado, y te doy la razón en parte. Entiendo que una ley especifica y de vigencia temporal (por ejemplo 1-2 años) para repatriar capitales evadidos, podría pasar el filtro de la UE, pues no se trata de atraer capital exterior indiscriminadamente mediante una subvención encubierta (vía impuestos), sino de regularizar una situación fiscal anómala de gente muy concreta que tendría que haber tributado en España y no lo hizo. Y la manera de justificar una cierta «amnistía» podría ser esa condición. Además no veo sentido a pagar impuestos sin repatriar capital porque podría dar lugar a doble imposición dentro de la UE. (EJ: muevo mi dinero de Suiza a Francia, pago en España un 10%, y va Francia y me exige tributar por dichas rentas a tipo normal de allí, ¿o acaso Francia va a perder esa oportunidad de recaudar?). De todos modos, el mismo efecto práctico de repatriación de capitales podría tener lo aprobado ahora por el gobierno del PP y llevarnos a una multa de Bruselas. En definitiva se puede ver como una cuestión de «orden público fiscal» y así eludir el tema de la libre circulación, yo me la jugaría y que decida el Tribunal de Luxemburgo dentro de 5 0 6 años :). En las circunstancias actuales estaría justificado, incluso pactarlo con el resto de la UE y hacer una norma comunitaria sobre el tema que apliquen las mismas condiciones a todos los países por igual. No será por opciones.- Burrhus: Gracias por el piropo ;). Me encantaría escribir más, pero el exceso de trabajo (no por ello bien retribuido) y mi pereza natural me lo ponen muy difícil. Pero intentaré pasarme más. Como no te lo he dicho antes, lo digo ahora: excelente artículo.
Es que hay otro problema, Plaza, que consiste en que el primer requisito que debe tener las normas es que la gente pueda cumplirlas sin excesivas dificultades. En España cualquiera te dice que mantener el negocio sin trampas es extraordinariamente complicado porque todo está sobrerregulado. Pero lo que no puede hacer el gobernante es fumarse un puro con sus propias leyes. Lo que tiene que hacer es bajar los impuestos, y si para ello tiene que bajar el gasto un 25% y mucha gente sale perjudicada, pues mala suerte. ¿De verdad han cogido estos señores y han rebajado el gasto? Me temo que no. ¿Sería ello legal? Me temo que sí. Sí hay alternativa a saltarse la seguridad jurídica. Pero implicaría desmontar buena parte del Estado hipertrofiado que han montado. Si no quedara más remedio, aceptaría una excepción puntual a la seguridad jurídica, pero todavía queda demasiado Estado por reestructurar. En 2011, el tamaño del Estado era del 45% del PIB. ¿Lo han reducido al 30%? No. De modo que no, lo siento, pero que reduzcan mucho más el Estado y en todo aquello en lo que mete sus zarpas.
Es que en eso estoy de acuerdo – en principio, y sin mayores conocimientos.
Plazaeme: El signo de nuestros tiempos es que nos planteemos la seguridad jurídica como algo relativo. Aquí explican, aunque sea la Wikipedia, la idea general de la seguridad jurídica. En nuestra Constitución se recoge en el artículo 9.3.
Ahora coges y lo aplicas con el artículo 31 de la Constitución.
Y, luego, me cuentas qué te parece.
Pero en el fondo, da igual. Aunque se cumplan todos los requisitos legales. La medida genera algo que no puede generar el legislador, que es cara de imbécil ante el contribuyente.
Burrhus, en ningún momento se me ocurre discutir la importancia de la seguridad jurídica. No necesito que me convenzan. Me parece un condición imprescindible para conseguir una sociedad desarrollada, vivible, etc. Pero tengo la impresión de que no estamos discutiendo si queremos ser Suiza, sino si queremos no llegar a Grecia, o peor, a Venezuela. Y tú me dirás la seguridad jurídica que vas a tener cuando España sea como Venezuela, pero sin tantas riquezas naturales.
Supongo que partimos de ideas diferentes. Tú crees que una sociedad rica y desarrollada se consigue a través de la seguridad jurídica. Yo creo que la seguridad jurídica es un lujo que solo se pueden permitir los países que han alcanzado un grado de desarrollo y riqueza suficiente, que nosotros estamos a punto de perder. Supongo que los países nórdicos pueden ser un ejemplo de tu tesis, y los anglosajones un ejemplo de la mía.
Por otra parte yo creo que la idea de la seguridad jurídica, y su posibilidad, está muy relacionada con la educación general y la educación política de una sociedad. Y si miras España, hoy, …
E insisto. No es la misma inseguridad jurídica si a ti te quitan algo que no estaba previsto en la ley, que si a tu vecino cabrón le regalan algo que no estaba previsto en la ley. Puedes decir que si se lo regalan con el dinero de todos, te lo están quitando a ti, en parte. Pero teniendo en cuenta que lo que están es precisamente tratando de aumentar el dinero de todos, no me parece un argumento muy fuerte.
Por ejemplo, has perdido la cartera. Y ofreces un premio al que te la devuelva. Puede ocurrir que te la devuelva el mismo que se la había llevado, y sería un gran injusticia. Es una injusticia, sí, pero, ¿es una tontería?
Puestos en plan bestias, Plazaeme, he llegado a una conclusión todavía más aterradora: La seguridad jurídica ya está perdida. La pregunta es: ¿Ante quién se va a perder? ¿Ante los ciudadanos o ante los inversores extranjeros? En principio, ante ambos es reprochable, y ambas tendrán consecuencias, pero hay que elegir.
Lo que yo planteo es que no hay que elegir. O que hay una tercera opción. Que lo que tiene que hacer el Estado es apretarse de verdad el cinturón y gastar únicamente aquello que ingrese y que deje de meter las zarpas en todo lo que puede.
¿Quieren estos señores que la gente pague sólo sus impuestos en España? Muy sencillo, que bajen los impuestos, que a día de hoy son opresivos. Pero a todos.
Respecto de la seguridad jurídica y su papel en el desarrollo de las sociedades. Es curioso. Estás dispuesto a sacrificar la seguridad jurídica para que no nos convirtamos en Grecia (que no paga a sus acreedores y por ello no hay seguridad jurídica) o en Venezuela (donde no hay seguridad jurídica porque las decisiones son tomadas de manera prácticamente arbitraria).
Todo depende de la fortaleza económica del país. Si ésta falla, solo te queda la fortleza institucional. Y ahora dices que hay que sacrificarla. Creo que nos empezamos a parecer a Venezuela.
Sigues instalado en el absoluto, Burrhus. No quiero «sacrificar la seguridad jurídica». Pero sí estoy dispuesto a escuchar un argumento sobre un pequeño sacrificio menor de cierta seguridad jurídica, para preservar el resto, y eventualmente recuperarla y mejorarla.
La «seguridad jurídica» no es blanco / negro, sí / no. Tiene mil matices que no quieres atender. Por ejemplo en Venezuela puedes llegar en barco, y que los aduaneros te saquen la pistola y te digan: me gustan tus gafas (o cualquier otra cosa) y se las lleven. También puede ocurrir que tu vecino de fondeo vea a los polis tomando cervezas con los mismos piratas que le han asaltado el barco el día anterior. Ninguna posibilidad de denunciar, por supuesto. Eso es «inseguridad jurídica», y sin embargo no es lo mismo de lo que estamos hablando, por mucho que lo quieras englobar en el mismo término.
O sea, seguridad jurídica ≠ seguridad jurídica. Absurdo. Si las cosas no tienen ni grados ni perspectiva, y son absolutos, como el demonio, o el tabaco, o el CO2, yo no soy capaz de digerirlas, ni les encuentro significado.
Ahora, que el plan del que hablas vaya a funcionar o no, eso no te lo puedo discutir.
¿Y qué te garantiza que vayas a recuperarla, Plaza? Si aunque superemos esta fecha de deuda, luego tendremos que reducir el déficit al 3%. Otro megarrecorte. Y como no han hecho nada serio para que la cosa mejore, pues se hará otra de éstas.
La seguridad jurídica es blanca o negra. Se respeta o no. Otra cosa es que existan grados. Y el grado existente a día de hoy resulta, en al menos algunos temas, cuestionable.
Respecto de la seguridad jurídica: Lo que planteas puede pasar y seguir respetando ese principio de seguridad. Estaríamos hablando de corrupción. Lo que no puede ser es que las leyes violen normas de orden superior, es decir, con rango constitucional. O que los reales decretos violen normas con rango de ley.
Nada me garantiza que vaya a recuperarla. No existen planes con garantías (salvo en los cuentos). Pero sí hay planes mejores o peores; la gracia está en distinguirlos.
¿Qué perjudicados? ¿Cuánto perjuicio? ¿Qué beneficiados? ¿Cuánto beneficio?
La seguridad jurídica es muy importante. Realmente básica. Pero si en una crisis como la que viene, hay alguien que solo mira la seguridad jurídica, como un valor total e independiente de sus consecuencias (es lo mismo quebrar un poquito de seguridad jurídica que arramplar con toda ella), y todo lo demás no importa al lado suyo, para mi es síntoma suficiente de que nos hemos instalado en la insensatez.
¿Dejarías morir a la gente de hambre porque el único sistema aparente de evitarlo fuera en contra de la seguridad jurídica (o tu idea de la misma)? Pues y0 no. Ni nadie sensato. A eso me refiero. Es un valor muy muy importante. No es un valor absoluto. Pero como ya he partido por decir que eso no es algo discutible, sino algo que se ve, o no se ve, no insisto.
Y sobre la evidente injusticia de la medida y su aceptación o no en base a criterios utilitaristas:
Cierto que se ha jugado injustamente, pero a lo mejor soy mas viejo que tú, o me han dado mas bofetadas por ir de paladín. O soy mas cobarde. Ni lo se ni me preocupa. Te planteo lo siguiente:
Situación A: Te rompe el retrovisor un capullo que está solo.
Situación B: Te rompe el retrovisor el mismo capullo que está acompañado de cuatro tíos con una pistola en la mano.
¿reaccionas igual en aras de lo que es justo u optas por lo más útil? Probablemente en el primer caso le hagas frente, y en el segundo te pires lo antes posible rezando para que sólo te rompan el otro retrovisor también. Yo desde luego reaccionaría así, y no me da vergüenza reconocerlo.
No siempre ponemos como prioridad la justicia. Si así fuera, ayudaríamos a los desharrapados de la India a no morirse de hambre, pero no con una minidonación a médicos sin fronteras (es simplemente un ejemplo y seguramente no el más afortunado). No lo hacemos. Nuestra prioridad no siempre es la justicia. Yo lo tengo asumido.
Ahora mismo estamos más allá del precipicio, arreglando cosas a base de trampas. Por eso, acepto y aplaudo cualquier cosa que sea útil para devolvernos al menos al borde del barranco. Porque la semana siguiente a que quebrase Lehman Brothers acumulé comida en casa para una guerra. Y de eso nos han salvado mentiras e injusticias.
Espero que esta nueva injusticia aporte suficiente utilidad como para que merezca la pena sufrirla. Esperaré a conocer su instrumentación definitiva para juzgar eso. Soy utilitarista por opción personal. Entiendo y respeto la justicia pura y dura como opción, pero creo que hay una cosa para cada tiempo y un tiempo para cada cosa. Y este sí que es el tiempo de las utilidades y las proridades. Es proritario ahora cuadrar las cuentas públicas. Cierto es que probablemente no se mete mano a algunas cosas donde se debería, y lo critico como el que mas. Pero no esto, que a mí tampoco me hace gracia. Sin embargo, puede ayudar a equilibrar el desastre.
Es tarde. mañana, más.
Respecto a los desharrapados de la India, lo siento, Sefuela, pero es que yo a duras penas llego a fin de mes. Igual el desharrapado de la India era yo. No obstante, creo que estamos confundiendo los campos. Que la gente sea justa es absolutamente irrelevante. Lo que importa es que las leyes sean justas o no. Lo que no puede hacer la ley es amparar a los cuatro golfos que te rompen el retrovisor del coche.
Esto es un ajuste. Lo vamos a tener que hacer de una forma o de otra. Y va a ser muy duro. Lo que planteo es que las medidas de ajuste y de recuperación real de la economía tienen que venir de la mano. Yo sólo veo lo primero, y a costa de retrasar en varios años lo segundo.
Saludos.
Ya sabes que no discuto que la nueva norma sea injusta, que lo es. Ni que debieran venir acompañadas las restriciones con normas que faciliten la recuperación (algunas se han tomado) . No es posible exigir que los evasores inviertan en España, por normativa comunitaria. En cuanto al sistema legislativo, yo no lo veo como un fin en sí mismo, sino como un medio para dotar de un funcionamiento adecuado a la sociedad. En este sentido, cualquier cosa que nos ayude a volver al borde del precipicio (que ya hemos pasado hace tiemnpo) es aceptable, en mi opinión.
En cuanto a la seguridad jurídica, intuitivamente se ve que va de la mano con el nivel de desarrollo de un país.
Lo que no cuela es que aceptes que hay que hacer trampas (saltarse algo las leyes) para que las empresas funcionen y no aceptes que se puedan cometer injusticias para ayudar a salir de este desastre.
Además, si en 10 años no han cogido a un defraudador, difícilmente le van a coger mañana. Aunque en lo que si coincido contigo plenamente es en que, para que de verdad funcionen estas medidas, deben ser percibidas como algo irrepetible en un plazo largo y acompañadas de mayor control fiscal, al menos mayor propaganda del mismo.
No digo/pido que la gente se salte las leyes, Sefuela. Digo que lo entiendo y que no me sorprende en absoluto.
En relación a los mensajes que envía la medida:
El inversor extranjero ni mira lo de la amnistia fiscal. Le interesa que le devuelvan su pasta y piensa de forma radical. Si sirve para recaudar más, perfecto.
El contribuyente honrado se cabreará, efectivamente, pero para hacer butrones y robar cajas fuertes hace falta saber manejar una lanza térmica, y si un pardillo se pone a defraudar, la cagará.
El defraudador se verá incentivado a aflorar si hay campañas llamativas de detección del fraude. Anuncio de nuevas atribuciones de los inspectores, asalto a los listados de concesionarios de Mercedes y BMW X5, etc. No hace falta que sean reales ni legales, pura propaganda vale.
Al inversor en España de ahora le interesa eso, Sefuela. Pero ese buen señor ya nos prestó su dinero. Y debemos seguir demostrando que somos un país interesante para invertir. ¿Nos ayudan medidas como ésta para que siga invirtiendo?
Más aún: estamos hablando de personas que invierten en el Estado. Pero quien realmente necesita el acceso al crédito son los ciudadanos y las empresas. Y son ellos quienes van a sacar a España de la crisis. Es decir, lo que se está haciendo es dificultar todavía más las posibilidades que tienen ellos para crear riqueza y empleo. La consecuencia es que les subirán los intereses. Cumples con el primer gran objetivo, que es que el Estado no quiebre, pero olvídate de que España pueda reducir la tasa de paro por debajo del 20%.
La respuesta a la primera pregunta, claramente es SI. El inversor percibe que se hará lo neesario para devolver los préstamos, y aumenta su confianza.
No entiendo por qué afirmas que esto dificulta el acceso del sector privado al crédito. En el peor de los casos tiene un efecto neutro. Pero todo lo que reduzca déficit, consiga que aumente la demanda de títulos del Estado en el extranjero, o consiga aflorar dinero que entre en el sistema financiero español (reduciendo sus necesidades netas de financiación) disminuye el efecto expulsión que tienen ahora mismo, sobre la financiación a empresas y familias, las necesidades de financiación de bancos y Estado.
Si una cosa puede ser buena o neutral, y no va a ser mala con seguridad, hay que comprarla.
Burrhus, aparte de las discusiones sobre utilitarismo que pondré en otro comentario, creo que no has dado importancia (tan poca que la has omitido) a la frase del punto 5 que dice:
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará el modelo de declaración, lugar de presentación e ingreso de la misma, así como cuantas otras medidas sean necesarias para el cumplimiento de esta disposición
Yo sí que se la doy. Para empezar porque tal y como está redactado el artículo yo entiendo que la afloración de rentas exime de todo tipo de sanciones. (yo habría añadido «por este concepto» o «derivadas del incumplimiento anterior». La redacción del artículo me parece pésima.
Para seguir porque la norma es ilegal si presupone una condonación de IVAs no declarados, por normativa comunitaria. La UE acaba de dar la aprobación definitiva a la amnistia fiscal italiana de 2009 porque no afecta al IVA, pero han tardado casi tres años en obtener dicha aprobación por las sospechas de que afectase a dicho impuesto.
Bajemos un poco a lo que se deriva de esta norma del modo mas objetivo posible.
Coincido plenamente con Mill en que el objetivo real es la repatriación de capitales, lo cual deberá ser una condición para acogerse a la nueva norma. La limitación legal es la libertad de movimiento de capitales en la UE. Entiendo que pueden exigir que pasen por España, y seguro que pueden exigir que se queden en la UE, pero no en España. Deberán dar algún tipo de incentivo para la permanencia.
La identificación de los contribuyentes defraudadores llevará en muchos casos a la identificación de una contraparte defraudadora, a la que sí se le aplicarían sanciones y recargos. El temor a esto puede ser un buen incentivo para que afloren todas las partes. También puede llevar a la identificación de bolsas de fraude y formas de defraudar que faciliten la labor inspectora. No olvidemos que el capital que será amnistiado ha burlado hasta ahora a los inspectores.
El establecimiento de una tasa del 10% nos repatea a todos los que hemos pagado religiosamente muchos años nuestros impuestos, pero comparemos un poco.
Italia aplicó un 5-9% en 2009, aplicando otro 4%(hablo simplificadamente, la realidad es mucho mas compleja) adicional a raíz del decreto «salvaItalia» de fin de 2011. Italia consiguió que aflorasen un total de 182.500 millones de euros en las 3 amnistías fiscales que ha hecho desde 2001. Es un claro incentivo para aflorar bolsas de fraude, aunque nos duela. Ahora bien, tendrán que currarse mucho la reglamentación de esta nueva norma para conseguir aquí los efectos deseados.
Te voy a dar la razón en que el defraudador habitual que pretende seguir haciéndolo no regularizará. Pero sí lo hará el que le ya haya defraudado la parte del león y le quede poco rendimiento no controlado. Teniendo esto en cuenta, la estimación del gobierno parece razonable.
Respecto del artículo que he «omitido», Sefuela, entiendo que se trata de cuestiones meramente burocráticas. Suele emplearse mucho en este tipo de textos. A mí, que soy un histérico para estas cosas, no me inquieta.
El texto no recoge nada sobre el IVA, de modo que todas aquellas facturillas en negro seguirán en negro.
Fíjate en los impuestos de los que estamos hablando: se trata de impuestos que no derivan de intercambios directos, de modo que (I. Sociedades: los resultados de la empresa; I. Renta, pues lo mismo, pero de otra forma). No veo una «cascada de detenciones».
Cuando se haga esto, si es que se hace, no te van a preguntar cómo lo hacen. Simplemente, te indicarán la cantidad defraudada y ya está. Más que nada, porque dado que los impuestos seguirán siendo demasiado altos, la gente seguirá defraudando.
Me vas a permitir una cita fusilada de El Mundo:
Elliott Uchitelle señalaba hace más de 20 años que «una amnistía fiscal sólo puede tener éxito si se percibe como un acontecimiento único». Y, además, explicaba, debe acompañarse de reformas en el aparato recaudador que transmitan la sensación de que la evasión que era posible antes ya no lo será.
Y yo me pregunto: ¿Dónde están esas medidas de refuerzo de la Inspección? No las hay. Tampoco las había respecto de la Inspección de Trabajo.
La medida, efectivamente, ahonda en la sensación de inseguridad jurídica de España. La seguridad jurídica consite, básicamente y hablando en plata, en que el Ordenamiento Jurídico establezca un marco estable para las relaciones entre ciudadanos. Las leyes cambiarán puntualmente en la medida en que necesiten adaptarse a los cambios en la realidad social, de modo que las cuestiones coyunturales se solucionen con adaptaciones reglamentarias, que son actos de ejecución de dichas leyes. Pero todo eso procurando que las obligaciones y los derechos de los ciudadanos sean algo previsible y fiable.
Pero en un entorno de amnistías, seguido de endurecimiento de sanciones, al que siguen subidas de impuestos, y luego nuevas amnistías, y vuelta a más sanciones, y así hasta la saciedad, el ciudadano no pude estar seguro de lo que va a suceder en un medio plazo. ¿Invierto y declaro todo lo que tengo? ¿Para qué, si no pagando puedo beneficiarme de una previsible amnistía? ¿Y por qué no esperar a ver qué pasa dentro de un año?
En mi opinión, aunque el dilema justicia-utilidad es de una enorme importancia, creo que aquí la cuestión que un gobierno debiera plantearse es más la dicotomía fiabilidad-oportunidad. Cuando se da en una empresa, va a la quiebra. Cuando es en un Estado…
Para empezar el término «amnistía» no es correcto. Se trata de una regularización ya que los defraudadores tendrán que pagar el 10 % de lo no declarado.
Otra cosa: la mayoría de lo defraudado ya ni está en España, de lo que se trata es de que el capital defraudado se repatríe.
Y finalmente, ya ha pasado el tiempo de hacerlo «bonito», ahora con cualquier cosa que suponga aumentar los ingresos fiscales vale. Y el gobierno se ha quedado claramente corto: el lío se va a montar por 27.000 M€ y por 17.000 M€, se va a montar igual si el ajuste es en la educación o en las infraestructuras si se recorta de las ayudas al cine o de las ayudas a los desplazamientos de los extrapeninsulares, ya puestos se debería haber ido más lejos.
El problema es el año que viene, o el gobierno se pone en plan muy duro o le van a machacar.
Cierto, MILL. Técnicamente, no es una amnistía. Pero casi.
Y sí, el ajuste que se presume va a continuar. Creo que el PP se ha jugado mucho (¿demasiado?) con las reformas que ha emprendido. Pero dudo mucho que sean suficientemente profundas.
Veo varios planos:
– ¿Es necesaria? ¿Hay alternativas mejores?
– ¿Es justa? ¿Se come la justicia?
Respecto a la primera, no tengo conocimientos. Pero cualquier medida es discutible. Siempre.
Respecto a lo de injusta, no se puede discutir mucho; lo es. Pero no es injusta en el sentido de que pretenda favorecer a unos a costa de otros (aunque el resultado sea ese), sino injusta en el sentido de que pretende salvarnos a todos, y unos van a salir favorecidos a costa de otros. Conocemos y practicamos el asunto desde las cavernas, aproximadamente. No veo tanto drama.
¿Inseguridad jurídica? No me parece. Normalmente eso se asocia a que no te puteen imprevistamente, no a que no favorezcan al vecino, imprevistamente. Puedes alegar que el favorecimiento de otro es perjuicio para tí. Pero no creo que funciona, porque partimos de la base de que se trata salvarnos todos.
Seguramente implica que lo que esté recogido en la ley se cumpla, independientemente de las condiciones, Plazaeme. Luego, la gente puede voluntariamente entender una excepción. Y mucho me temo que esto, la gente no lo va a entender.
Sobre la justicia de la medida… bueno. Supongo que el hecho de que históricamente se haya sido tolerante con el maltrato a las mujeres no es óbice para que deje de hacerse, ¿verdad? Supongo que esto es lo mismo. Algún día hay que parar. Si nos estamos jugando tanto, ¿por qué no ahora?
Buen ejemplo la condescendencia con el maltrato de mujeres. Porque muestra que te has encerrado en un valor absoluto, en un maximalismo, y eso hace saltar las alarmas de peligro insensatez. Nadie, que yo sepa, ha propuesto el maltrato a mujeres como solución a una crisis inminente que afecta a toda la sociedad. Se plantea, como mucho, como un «derecho» individual del degenerado. Así que son dos casos que no tienen nada que ver. Pero tú los ves como comparables, y eso solo puede ser porque no miras nada más que un lado de cada moneda. El lado de lo negativo. Como no miras el lado de lo positivo, en el que difieren notablemente, te parecen similares. Pero si no miras el aspecto positivo, estás mirando con unas gafas desenfocadas, y no ves bien.
Incluso más:
Supongo que esto es lo mismo. Algún día hay que parar. Si nos estamos jugando tanto, ¿por qué no ahora?
Porque el momento de parar no es indiferente. Por ejemplo, si tu país está siendo invadido por tropas extranjeras y bárbaras, que van por ahí robando, violando, torturando y asesinando a tus conciudadanos, no es el mejor momento para desarrollar una ley de violencia de género. Necesitas a los elementos más violentos y descerebrados de tu propio bando para combatir al enemigo, y con la moral lo más elevada posible. Pero resulta que una ley de violencia de género no es lo que más les estimula. Quieres proteger a las mujeres, sí, y es un impulso bien noble. Pero, ¿cómo vas a protegerlas más? ¿Con una ley de violencia de género, que las defienda del novio asilvestrado que ellas mismas se han buscado, o ganando la guerra contra el enemigo de fuera, que va a abusar de ellas con mucho mayor desenfreno?
O sea, perspectiva. Digo.
Hombre, Plaza… estoy encerrado en un valor absoluto. El de la seguridad jurídica. A mí no me parece un valor con el que deban darse muchas alegrías a la hora de relativizar. Estamos hablando de uno de los principios del derecho. No estamos hablando del derecho a la vivienda, o a la educación… ni siquiera el derecho a la propiedad privada. Esto es caza mayor.
Es cierto que mi ejemplo puede dar lugar a errores. Históricamente, el reconocimiento de los derechos de las mujeres ha sido muy tardío respecto del de todos los demás.
Sí miro el lado positivo de la propuesta. Y cuestiono tanto su justicia como su utilidad. Es decir, he intentado analizar la medida desde ambos puntos de vista.
El problema es que los valores absolutos siempre son un peligro. Y por supuesto que el relativismo absoluto también es un valor absoluto, bien peligroso.
Pero si la justicia es un bien absoluto para ti, entonces contemplar la utilidad no tiene sentido. Es irrelevante. Por eso decía que veo planos distintos. El plano del valor absoluto (que yo rechazo por definición), y el plano de la utilidad, en el que solo se puede entrar en el caso de que no aceptemos el valor absoluto. Es este segundo caso el que se puede discutir; los absolutos no se discuten, solo se aceptan o se rechazan.