Es un hecho irrefutable que los gobiernos juegan con los precios de la electricidad a su antojo y conveniencia. Es también un hecho indiscutible que, en ocasiones, ese juego flirtea con los límites de la legalidad. Y no es menos innegable que, cuando los gobiernos traspasan lo legal, los que pagamos somos siempre los mismos.
Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que el precio que pagamos en los hogares por la electricidad se forma, aproximadamente a partes iguales, por dos bloques claramente diferenciados. Por un lado el precio de la propia energía, que se fija en un mercado libre mediante subastas. Por otro, el precio de los peajes de acceso a las redes eléctricas, que fija el gobierno. Cada uno de esos dos bloques tiene evoluciones del precio diferentes pero, normalmente, el gobierno reacciona y se comporta según el precio resultante en las subastas de la parte libre del mercado.
En la parte regulada de los peajes se incluyen una serie de costes que hacen engordar la tarifa de la luz. Entre ellos las primas a las energías renovables, las subvenciones al sector del carbón, la moratoria nuclear o los costes extrapeninsulares. Ahora bien, los peajes establecidos por el gobierno no han sido suficientes (nunca en los últimos 8 años) para pagar todos los costes que se incluyen en ellos. Así aparece el déficit de tarifa eléctrico.
Aquí queremos renovables, pero por supuesto que las paguen otros. El ecologismo de salón que practican los españoles, es a costa de los demás, nunca pagando. Ese es el resumen del gran atraco a mano armada que ha resultado ser todo este conglomerado de renovables, en especial la solar fotovoltaica.