Seguimos con el fisking al documento de Democracia Real Ya contra el Pacto del Euro.
Antes de nada, disculpas por el retraso. Hemos tenido unos problemas de organización que ya hemos podido solventar.
En este artículo estudiaremos el punto tres, es decir, dentro de las medidas para reformar el mercado laboral, la consonancia entre salarios públicos y privados.
Revisemos cómo vamos:
INTRODUCCIÓN.
MEDIDAS QUE TRASPASAN PODER LEGISLATIVO A ORGANISMOS SUPRANACIONALES Y AL SISTEMA BANCARIO
MEDIDAS PARA REFORMAR EL MERCADO LABORAL
3. Los salarios del sector público deberán estar en consonancia con la competitividad del sector privado
4. Fomento de la competitividad vía la productividad pero vinculando los salarios con la productividad
[el punto 5 se lo han saltado]
6. Facilitar el despido (otra vez) bajo el nombre de la llamada “flexiseguridad”.
MEDIDAS PARA REDUCIR EL GASTO Y LOS DERECHOS SOCIALES
7. Se retrasarán las edades de jubilación en todos los países acorde con la esperanza de vida. y se congelarán las pensiones
8. Reducción de los sistemas de protección social, empeorando la Seguridad Social.
MEDIDAS MÓDELO TRIBUTARIO COMÚN
9. Búsqueda de un Modelo Único Tributario.
DE CARA AL FUTURO Y FUTURAS PROPUESTAS
Por si aún quieren comparar, aquí está el documento de los colegas de DRY, aquí el Pacto del Euro y aquí su corrección.
Según parece, de acuerdo con el Pacto, «los salarios del sector público deberán estar en consonancia con la competitividad del sector privado».
De hecho, el texto original del Pacto del Euro dice que existirá una…
“…garantía de que la fijación de salarios en el sector público contribuye a los esfuerzos de competitividad en el sector privado”.
¿Y qué entienden ellos?
“a. UNA VEZ MÁS nuevos recortes al sector público que debe ofrecer los mismos beneficios que los salarios irrisorios del sector privado y el aumento de las jornadas laborales. Incluida la disminución notable de los empleados públicos mientras que no existen reducciones significativas de altos cargos en la Administración designados libremente por los dirigentes políticos (para el “desarrollo, auxilio y realización de sus tareas”) ni rebajas salariales en nóminas de políticos y de los mencionados cargos.”
No hay punto b. El párrafo anterior es para analizarlo casi palabra por palabra. Más allá de que la oración esté mal construida, quiero entender que, por un lado, están en contra de que tenga la misma eficacia que el sector privada (los mismos beneficios), algo que no tiene ningún sentido; y por otro, reclaman el mantenimiento de los salarios y de la jornada de trabajo. Lo que están pidiendo va contra todo criterio económico. E, implícitamente, están reconociendo la mayor eficacia del sector privado frente al público: se hace más por menos dinero.
Segundo, hablan de despidos de trabajadores. Por supuesto que llama la atención, primero, por la mentira de que el texto proponga despedir a nadie (eso lo decidirán la calculadora y el sentido común, no hace falta ningún Pacto a nivel comunitario) y luego por la demagogia barata de los asesores. Con todo, y aún suponiendo que tuvieran razón, ¿por qué no se pueden despedir a funcionarios que no compensan con su trabajo el sueldo que cuestan? En cualquier empresa digna de ese nombre, ese señor, con mucho dolor para el empresario, estaría buscando otro empleo.
¿Por qué lo rechazan?
“Partiendo de un marco general, porque comprendemos que la propia naturaleza de la Administración Pública exige que los parámetros bajo los cuáles se valoren y evalúen los servicios públicos y prestaciones sociales sean los principios de eficacia y eficiencia […] se garantizarán servicios públicos de calidad.”
Se garantiza un servicio público de calidad cuando es barato, eficiente y rápido. Nuestra administración, más allá de la buena voluntad de los funcionarios, no lo es. ¿Quieren un ejemplo? Las críticas que nos hizo el Consejo de Europa por la lentitud de nuestra justicia. ¿Y qué hace falta? ¿Un buen sistema informático centralizado, ordenadores y cursos de mecanografía? Sí, pero dado que eso no lo van a tener, lo que van a tener que hacer es echarle más horas.
“Porque apostamos por una “profesionalización de la Administración” que asegure la calidad de los servicios con independencia de los partidos políticos en el poder, con la finalidad de evitar el establecimiento de estructuras orgánicas de carácter administrativo lideradas por cargos de libre designación e ignorando los procedimientos de acceso y promoción en la Administración Pública.”
La mayoría de funcionarios no han trabajado en otra cosa en su vida, o no se acuerdan. Pedirles una profesionalización, más allá de lo que han estado haciendo durante su carrera como funcionarios, es absurdo. Otra cosa es que se pidan cursos de formación para que mejoren, algo que ya tienen. Luego está el tema de los cargos de libre designación, que por lo general suelen ser para puestos muy específicos y de confianza para quien designa. Nada del otro mundo.
“Porque cuando la propia Administración dispone de personal preparado tanto para el desarrollo de las tareas encomendadas a dichos cargos como para la toma de decisiones adecuadas en base al interés general, además de cumplir con un proceso selectivo transparente y coherente con los principios de igualdad, mérito y capacidad se reduciría el coste público que el mantenimiento de dichas estructuras seleccionadas arbitrariamente supone. Sin necesidad de llevar un generalizado recorte salarial en las nóminas de los funcionarios y empleados públicos”
Me atrevo a decir que el 99,9% de funcionarios de la Administración General del Estado se elige bajo esos criterios, y creo que me estoy quedando corto.
Por otro lado, lo que decide el recorte salarial generalizado de funcionarios y empleados públicos no es su productividad, sino los ingresos y gastos del Estado. ¿Por qué se recorta? Porque no se ingresa lo suficiente y se está gastando demasiado.
Lo que sería la bomba sería que pidieran contratos basados única y exclusivamente en la productividad, y no en estar en una oficina x tiempo. Estos “criterios de productividad” ya los aplican en la policía, con temidas consecuencias para los inmigrantes. Si se aplicara en otros ámbitos, podría funcionar realmente bien.
“En un marco más específico, porque no se puede generalizar respecto del total de salarios públicos. Porque el parámetro de productividad no puede ser valorado únicamente atendiendo a los costes unitarios de los salarios, ya que existen otros factores a tener en cuenta, igualmente importantes, como la calidad, la inversión en I+D, la motivación, entre otros. Como se recoge en el punto 4 “Fomento de la competitividad”. Especialmente recalcar en vinculación al sector público y la Administración, que el indicador de productividad resulta difuso por sí sólo, ya que lo importante en todo momento es la calidad de los servicios prestados y no la cantidad por sí misma. Así por ejemplo, el tiempo que un médico dedica en atención primaria a cada paciente es de los más bajos en la UE-15: ¿queremos que se les siga presionando para aumentar su “productividad”?.”
1.- El salario depende de cada trabajo. Cuanto más se contabilice, mejor, pero cualquiera que haya trabajado en recursos humanos sabe que no todo se puede cuantificar, por muy deseable que sea. Pero una cosa es que la productividad sea difícil de cuantificar (que se puede, y con consecuencias muy positivas) y otra muy distinta, que sirva de excusa para no hacerlo.
2.- ¿Qué pinta el I+D aquí? Me temo que pase a ser otro de esos misterios de la humanidad, como las pirámides o la cuadratura del círculo.
3.- ¿Cuál es el problema de la falta de médicos? Que hay muy pocos médicos, y muchos de ellos emigran a países donde se les paga más. ¿Solución? Simplificar los procedimientos para ser médico. No estoy diciendo que un discapacitado intelectual pueda, pero sí se pueden aumentar las facilidades para ser médico.
4.- ¿Veis qué fácil es numerar?
“Porque genera inestabilidad en el futuro de 3,1 millones de trabajadores públicos.”
Pobrecitos. Se habían pensado que por aprobar un par de exámenes se libraban de los problemas del resto de los mortales, y ahora resulta que si no se pueden pagar sus sueldos, podrían acabar en la calle. Bienvenidos al mundo real.
“Promovería un descenso del consumo muy importante, generando indirectamente un mayor nivel de desempleo.”
Como decía Henry Hazlitt: “Cuando todo el argumento en favor de mantener en sus empleos a un grupo de funcionarios queda reducido al de conservar su capacidad de compra, ha llegado, sin duda, el momento de prescindir de sus servicios”.
Siendo el desempleo el principal problema en España actualmente, rechazamos cualquier medida que pueda incrementarlo ya que parece fuera de toda lógica y sentido común. En ningún cifra somos los peores de Europa, desde luego en deuda tenemos muchos mejores datos que Grecia, Irlanda, Portugal, Bélgica, Italia, Francia, Alemania, etc., y en déficit tampoco, pero en paro somos lo peores de Europa (sin contar Macedonia) y desde luego el peor desempleo de toda la zona Euro con diferencia.
Nuestro problema no es el desempleo. El desempleo, cuya cifra es escandalosa (con y sin verano), es un drama terrible para millones de personas. Pero no es “el problema”. El problema es que teníamos una burbuja inmobiliaria que se ha llevado por delante media economía y, ahora, la sociedad se ve sin dinero para crear nuevos negocios. Aumentar el paro con funcionarios querría decir que el Estado está prescindiendo de aquellos “servicios” que no son útiles en estos tiempos (y que probablemente nunca lo fueron). La estadística no es un argumento, y menos frente a la importancia de sanear el tamaño y las funciones del Estado. Es una cuestión de hacer más eficaces los procedimientos, prescindir de aquellos inútiles, y conseguir aliviar las cuentas a los contribuyentes.
¿Y qué proponen?
“Como se indica en el apartado anterior, apostamos por una mayor “profesionalización de la Administración” descargada del carácter político y arbitrario que existe actualmente en la selección de sus capas superiores, y siguiendo el ejemplo del grueso de empleados públicos que obtienen su cargo en función de pruebas selectivas con un mínimo de objetividad”
Me remito a la respuesta anterior.
“Exigimos la evaluación de los servicios públicos conforme a criterios de eficacia, eficiencia y calidad en torno a una nueva concepción del parámetro de productividad, que no consideramos que pueda sostenerse basándose únicamente en el coste de los salarios.”
La pregunta que pudieron haberse hecho los amigos de DRY es: ¿Qué narices hacemos con los funcionarios cuyos puestos sean perfectamente prescindibles? ¿Los recolocamos? ¿Dónde hay más déficit? ¿Cómo podemos hacer que se adapten rápidamente? El problema de este argumento es que ello iría contra los criterios no arbitrarios por los que, razonablemente, apuestan.
En mi opinión, el Estado del Bienestar (agravado en España con el Estado de las Autonomías) se está enfrentando al mismo problema que enfrentó en su día el Estado Comunista: el incentivo. Mientras el número de funcionarios y la intromisión del Estado en los más diversos ámbitos estaba más o menos contenida, la economía podía crecer a buen ritmo. Pero cuando el gasto público ha alcanzado cotas cercanas al 50% del PIB y buena parte del otro 50% está bastante regulado (legislación ambiental, etcétera), la cosa empieza a ir mal, rematadamente mal.
Por mi trabajo, tengo bastante relación con la Administración Pública. Y, por mi experiencia personal, puedo decir que la producitividad es, como media, bastante más baja que en el sector privado. Esa, y no otra, es la razón por la que una parte no desdeñable del trabajo de los funcionarios es realizado por las llamadas ‘asistencias técnicas’.
Por no hablar de las jornadas, de los salarios y de la multitud de trucos que han inventado para aumentar el salario sin que se «note», sentencias judiciales de por medio.
Para finalizar, estoy particularmente de acuerdo con Burrhus en un punto: hay un déficit importante originado por la diferencia entre ingresos y gastos. Luego no me hablen de procesos de selección del funcinariado. Hablénme de cómo piensan enjugar ese déficit del 10% del PIB (o sea, que el Estado gasta un euro más por cada tres o cuatro que ingresa): ¿qué recortes de gasto van a hacer? ¿Qué impuestos piensan subir?