El penúltimo parche

Este sábado ha salido publicado en el BOE el penúltimo/enésimo plan de medidas urgentes del gobierno para disminuir las catastróficas cifras del paro. El plan ha sido  acordado por los mismos agentes sociales y gobierno que, pacto a pacto y plan a plan, han obtenido resultados de paro a nivel del 20% a de media nacional y de 30% en algunas Comunidades Autónomas. El plan se divide en dos medidas:

1.- Fomento del empleo temporal. Por primera vez en mucho tiempo, han adoptado una medida seria. Tres años después. Hasta ahora, las medidas eran parches que, con suerte, podían reducir la tasa de paro en décimas o, siendo más optimistas que ZP harto de maría, un par de puntillos porcentuales. Teniendo en cuenta de que el mandato constitucional es el pleno empleo, es una tomadura de pelo. Este sábado, la cosa ha cambiado. Sigue siendo un parche. Y la medida dura un año, pero al menos, va en la buena dirección.

¿Por qué?

“En estos casos, las empresas tendrán derecho, durante los doce meses siguientes a la contratación, a una reducción del 100 % en todas las cuotas empresariales a la Seguridad Social, si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 %, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla igual o superior a esa cifra.”

¿Y qué implican las cotizaciones del empresario a la Seguridad Social?:

Los porcentajes que debe pagar el empresario sobre los salarios brutos (técnicamente debería decir “sobre la base imponible”, pero así nos entendemos mejor) serían:

–         23.6% del salario por contingencias comunes.

–         El porcentaje que corresponda por contingencias profesionales.

–         Por Desempleo, 5,5% o 7,5%, en función de si es un contrato indefinido o temporal, respectivamente.

–         0,2% y 0,6% por Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, respectivamente.

A lo tonto, al empresario se le obligaba a pagar más del 30% de lo que podría percibir al trabajador. De un plumazo, se reduce en un 100% o en un 75% si la empresa es muy grande, un 30% para nuevas reclamaciones.

Se trata de la primera medida realmente seria que adoptan Gobierno y agentes sociales. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, el problema está en las limitaciones que se autoimpone:

Sólo valen contratos a tiempo parcial (entre el 50% y el 75% del contrato a tiempo completo). Los contratos a tiempo completo quedan descartados.

Debe cumplirse, al menos, uno de estos requisitos:

–         Tener una edad igual o inferior a 30 años.

–         Llevar inscritas en la Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a la contratación.

Si tienes más de 30 y te han echado hace 6 meses, tienes un problema. Dado que vivimos en un Estado del bienestar, y siendo comprensible estas ayudas, ¿por qué esperar a que otras familias caigan en esa situación? Más aún cuando las previsiones del Gobierno son poco optimistas o creíbles.

Estos contratos sólo se pueden aplicar cuando se produce un incremento neto de la plantilla de la empresa. Es lógico que se pretenda proteger el empleo ya existente. Puede ser interesante para las empresas creadas recientemente o que van a ser creadas ahora. En el peor de los casos, las empresas utilizarán estos contratos para campañas puntuales como la de verano o de Navidad.

2.- Formación y recolocación. Esta medida se llama “Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo”, y como todas las medidas con nombre pomposo y lleno de esperanza, no tiene porqué ser tan efectivo como parece.

Según el texto, serán beneficiarias de este programa las personas inscritas en las Oficinas de Empleo como desempleadas por extinción de su relación laboral que agoten, a partir del 16 de febrero de 2011, la prestación por desempleo de nivel contributivo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo establecidos en la ley, o bien hayan agotado alguno de estos subsidios, incluidas sus prórrogas.

¿A qué da derecho? Resumiendo:

–         Participar en medidas de política activa de empleo encaminadas a la recualificación y/o reinserción profesional necesarias para que puedan incorporarse a nuevos puestos de trabajo, especialmente en sectores emergentes y con mayor potencial de crecimiento.

–         Recibir una ayuda económica de acompañamiento del 75 % del IPREM mensual, hasta un máximo de seis meses, cuando la persona solicitante carezca de rentas superiores en cómputo mensual al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional.

Para ello, se pretende estudiar cada caso de modo individual y en base a ello, formación y políticas activas de empleo. Serán los servicios públicos de empleo los que destinen la pasta a donde estimen oportuno.

Aquí aparece un primer problema: el servicio público no tiene porqué tener idea de cuáles son los sectores más interesantes para buscar un empleo e invertir el tiempo en formación. Adelanto ya a todos los que toman las decisiones en los servicios de empleo que gastarse el dinero en energías renovables será que vivan de subvenciones, no de riqueza creada. Y esto, al del Servicio de Empleo, le da exactamente igual.

¿A cuánto asciende la broma para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo? Según la Disposición Adicional Primera: 200 millones de euros.

“Para atender la financiación de las ayudas para la recualificación profesional de las personas que agoten la protección por desempleo, a que se refiere el presente real decreto-ley, se concede un suplemento de crédito […] por un importe de 200.000.000,00 de euros.”

Si para conseguir reactivar la economía debemos recurrir a parches de este calibre, hay algo en el sistema legal que no funciona. Creo que habría que reformar todo el sistema legal y empresarial desde abajo. Y, en base a un sistema simple y que funcione (y que genere una riqueza con la que afrontar nuevos retos), regenerar las protecciones. Mientras, la Seguridad Social podría subsistir en base a mayores aportaciones estatales directas (lo que ya hay).

Como no se arregla nada es gastándose el dinero en formación a ciegas. En este caso, vamos a confiar 200 millones de euros en unos funcionarios que no tienen ni idea de cómo funciona una empresa, de cómo funciona la economía ni de qué sector puede tornarse en muy importante en poco tiempo.

En España, desde la crisis, han desaparecido más de 300.000 empresas sólo en el año en el que empezó la crisis, y sigue sin importarle a ninguno de los agentes sociales que han ideado este parche. No tenemos una línea clara de fomento de la creación de empresas. Peor aún, no sabemos ni que lo tenemos que hacer.