La experiencia argentina – por cierto, única en la historia de las democracias – en la que un presidente saliente le cedió el puesto a su esposa, no parece que vaya a sentar un precedente de lujo en la historia política. A poco de asumida Cristina, quien con una insidiosa reivindicación de género insiste en que se la llame presidenta a pesar del idioma y de la propia Constitución, le exploto en el rostro la investigación de la justicia norteamericana en relación al caso de la maleta descubierta en por la Aduana con nada menos que 800.000 dólares en cash.
El «maletinazo» marcó que la gestión vendría complicada. No por el dinero en si mismo, que es del poco que llega a una Argentina cada vez más alejada de las inversiones internacionales, sino por el origen, que casi seguramente fue la petrolera estatal venezolana y el fin según los portadores era ayudar a financiar los gastos de la campaña de la recién jurada jefa de la Nación.
A los 90 días de haber estrenado su puesto –tres meses de discursos vociferantes y poco más- el gobierno de la Señora, y su gabinete heredado del Señor, tal vez aprovechando la inercia autocrática que traía la gestión decidieron implementar un sistema de retenciones móviles sobre las exportaciones agrícolas que subió desde un ya confiscatorio 35% hasta un 44%, posible de llevarse al 90% para el caso del aumento de los precios internacionales de la soja.
Lo que ha pasado en estos casi tres meses en que los productores agrícolas (aka «el campo») se plantaron para retrotraer la situación, mientras el gobierno se empeña en no ceder un tranco de pollo por miedo a quedar en una posición de debilidad, ha sido un sainete. No debe haber antecedentes de otro caso en el que un gobierno con todo relativamente bajo control se obstine en ser demolido por la opinión pública convirtiendo un reclamo sectorial en una crisis política de grandes proporciones.
En estos días desde el poder se ha dicho de todo: que la soja es un «yuyo» que crece sin esfuerzo de los agricultores, que se debe evitar que crezca la superficie de este cultivo para evitar que se deje de producir trigo, o maíz; o que se debe penalizar la producción de un cultivo que casi no se consume en el país.
La crisis del campo ha puesto en evidencia a un tiempo la patética farsa que es la institucionalidad argentina, donde diputados y senadores reciben órdenes del Ejecutivo (o lo que es peor, del esposo de la presidentA) en lugar de responder a sus votantes y a sus provincias. Hoy el tema llega al editorial de uno de los principales diarios del país, que señala que en la Argentina las decisiones se toman entre cuatro personas, dos de ellas casadas entre si.
Mientras tanto, el conflicto por las retenciones ha actuado como un catalizador de reclamos dormidos. Dormidos por años. El sistema político vuelve a ser mirado con desprecio, en las provincias levanta presión la bronca por el reparto de los fondos públicos, se observa por primera vez en décadas que la Constitución es letra muerta.
Parece que en un país acostumbrado a cíclicas crisis económicas, el escenario está listo para una crisis de otro tipo. Por el momento, no es posible especular que es lo que podría suceder.
Argentina, con pronóstico reservado
Retroferran, creo que es lo que Borges llamó «destino latinoamericano».
Soy argentino y hace casi diez años que vivo de este lado del mundo y, habiendolo vivido in situ y ahora viendolo a la distancia, puedo asegurarte que la Argentina, por su clase política apuntalada por su población y publicitada por los medios, nunca dejará de ser un país tercermundista.
Lo del matrimonio K es propio de Uganda o de República Centroafricana, sin embargo «coló» de todas maneras. La gente traga, los medios miran para otro lado y cada dos o tres años todo se va al garete.
Tiempo ha, cuando Venezuela no era lo que ahora es, el gobierno de turno tuvo la genial idea de poner un precio máximo a las papas dado que le parecía excesivo el precio para el pueblo llano. Dado que el mercado agrícola estaba controlado mayoritariamene por canarios les fue fácil ponrese de acuerdo para luchar contra la imposición gubernamental. En un primer paso decidieron cortar el suministro. O se vendía al precio que aceptaba el libre mercado o no se vendía nada.
El gobierno, lejos de amilanarse, realizó una importantísima compra en el extranjero para importar el producto de marras y venderlo al precio estipulado por ley. Una vez llegaron los barcos y se abastecieron los mercados, los agricultores empezaron a regalar la producción. Así que la gran compra se pudrió y no se recuperó la inversión realizada. Al final se suprimió el control de precios.
El hombre del campo argentino, ante el control de precios y limitación a las exportaciones de carne, se vio conducido a plantar soja (buen precio, buen mercado internacional, menos pegas que con la carne). Así que la primera medida del gobierno no logró más carne y derivó el uso de la tierra a otros que no había previsto (a pesar de que se había predicho la reacción lógica). Y ahora ante la evidencia empírica, en lugar de eliminar la interferencia dañina del gobierno, inciden más en intentar controlar lo incontrolable. Ni siquiera el cercano ejemplo de Zimbawe o de las misma Venezuela cuyos mercados están cada vez más desabastecidos vale para que escarmienten en cabeza ajena.
Si el campo argentino se organizara para enfrentarse al gobierno y cortara el suministro, ¿cuando durarían los subvencionados por el dictador venezolano en la presidencia del país?
Pero inexplicablemente los argentinos siguen esperando que la solución a sus problemas salga del gobierno. Ese mismo que les ha metido en ese pozo a golpes de intervencionismo ridículo…