Jaime Ignacio del Burgo publica hoy en Libertad Digital el artículo más serio sobre la financiación de los partidos que he podido encontrar. Su conclusión:
He aquí la gran paradoja. Los partidos “de derecha”, y el Tribunal de Cuentas no me dejará mentir, viven casi exclusivamente del erario público. En cambio, gracias en parte al bondadoso capitalismo popular -el ahorro de los pobres-, y en parte a la generosidad del capitalismo burgués, sobreviven los partidos de izquierda y los nacionalistas “progres”. Qué cosa.
La lectura completa, aquí.
Opino que la culpa la tiene en parte el tipo de partidos predominante en el sistema de partidos español y el estado de partidos de nuestro sistema político. El gigantismo de los partidos de masas, su aparato burocrático, el número creciente de profesionales de la política liberados, las funciones que pretenden desarrollar, etc. aumentan las necesidades financieras de los partidos políticos.
Nos han impuesto una democracia en la que no podemos elegir acerca de la financiación. Me parece deseable y necesario para la democracia un sistema como el norteamericano, con voto financieron en la declaración de la renta (el tax check-off, contribución fiscal ciudadanas), la financiación pública apartir de la financiación privada (matching fund)y de las donaciones privadas vinculadas directamente a la declaración del IRPF con desgravación limitada (Tax Deduction y Tax credit).
Hay que poner fin al potlacht permanente y a la partitocracia.
no me queda claro este artículo..quiere decir que hay partidos que se valen nada más que con las subvenciones públicas, y que hay otros que no les llega y tienen que acudir a pedir préstamos a los bancos??…la primera cosa que me llama la atención es por qué a uno les llega y a otros no; y la segunda cosa que parece querer inducir a pensar este artículo es que aquellos que se endeudan con los bancos después tienen que pagar las deudas en forma de favores a los bancos..¿¿..??…algún entendido del foro podría aclarar estas interesantes cuestiones…muchas gracias.
En el último párrafo:
«La causa auténtica de esos cohechos, reside esencialmente en que hay alguna autoridad a la que se tiene acceso, la cual tiene facultades “discrecionales” para…»
Sabemos que los partidos políticos, para cubrir sus necesidades financieras, han caído en la corrupción y en la inmoralidad, muchas veces de forma sistematizada y programada.
Y tal realidad sirve de pretexto para que, cuando el pueblo soberano, o sea, es golpeado con noticias de la inmoralidad pública, los políticos salgan al paso con presteza, diciendo que hay que deshinchar suflés y modificar la legislación de financiación de los partidos.
Es una forma de mentirse a sí mismos y confundir al pueblo (o sea).
Es cierto que si los partidos políticos han caído en tales prácticas, algo puede haber en su estructura financiera que las facilite o impulse, y si efectivamente lo hay, bueno será corregirlo, como modo de aminorar la corrupción existente.
¡Pero no echemos cortinas de humo sobre la realidad! Y la realidad es que, junto con los cohechos cuyos frutos se destinan a las atenciones de los partidos, hay otros, muchos presumiblemente, que se destinan a los bolsillos particulares de los políticos.
Luego la causa de la corrupción no está en la normativa de financiación de los partidos, sino en algo que es común a la financiación de los partidos políticos y a la financiación de ciertos dirigentes de los partidos políticos.
¿Nos hemos planteado por qué los ciudadanos y empresas aceptan pagar las sumas y “tresporcientos” que les reclaman los partidos, cuando quieren la adjudicación de un contrato o tienen un problema ante la administración?
La respuesta a esa pregunta sería casi siempre, que ese ciudadano o empresa “contribuyente” sabe, que alguna autoridad relacionada con ese partido al que da el dinero del cohecho, antes o después, puede libremente adoptar o dejar de adoptar una decisión que le afecta en sus intereses. Y nadie da lo que no espera recuperar con creces.
La causa auténtica de esos cohechos, reside esencialmente en que alguna autoridad a la que se tiene acceso, la cual tiene facultades “discrecionales” para resolver los asuntos que afectan al ciudadano “donante”. Mientras que si esa autoridad hubiera de adoptar su decisión, como puede ser la adjudicación de un contrato, por sistemas objetivos, aquel ciudadano o empresa no llevaría el maletín, porque sería inútil.