¿Que cómo hemos llegado a esto? ¿En serio?

No se preocupe el amable lector. No es mi intención ponerme a repetir los eslóganes al uso (y algún argumento que a veces se cuela también) sobre la legitimidad o no de un referéndum sobre la independencia (que no sobre la autodeterminación) en Cataluña, ni la conveniencia o inconveniencia de una secesión, ni el derecho o no a la misma, ni nada por el estilo. Sobre el particular ya se pueden leer bastantes cosas en estos días, algo he escrito yo mismo anteriormente (por ejemplo, aquí, aquí o aquí), e incluso hay quienes han publicado cosas interesantes de verdad.

Mi intención en estas líneas es señalar un detalle que de nuevo me sorprende que se haya pasado por alto, dado lo evidente del mismo.  Y es que convendrán que hay una fatalista pregunta que empieza a escucharse en estos momentos: “¿Cómo hemos llegado a esto?”

Evidentemente es una pregunta muy abierta que se suele lanzar con determinada intención: o bien culpar a una figura en concreto (ya se sabe que cuando todo se hunde, lo importante es tener a quien echarle la culpa), o bien tratar de buscar una deriva histórica que encaje en determinado relato, en función de las simpatías de cada cual.

Permítanme caer en cierta deformación profesional para enfocar esa pregunta hacia un aspecto más mundano y alejado de las grandes cuestiones históricas, filosóficas o políticas. Y es que la crisis en que está inmersa Cataluña en estos días no es nada que no ocurra a diario en cualquier rincón del resto de España. Nos encontramos ante una mera cuestión cuantitativa, no cualitativa.

Como ejercicio, centrémonos en los hechos, sin perdernos en los fines ni en sus pretendidas justificaciones o legitimaciones. Es difícil, porque nos han enseñado a vivir en un mundo de ideas e intenciones, divididas en “lo justo” y “lo injusto”; en “los buenos” contra “los malos”; un mundo en el que “tener razón” y “hacer el Bien” legitima los medios utilizados.

En esta situación actual, tenemos unas instituciones públicas que para la consecución de un objetivo que (quizá) creen justo, han decidido infringir los procedimientos legales establecidos por las normas que les conceden sus potestades.

Sí, ya, que si la soberanía, que si la legitimidad, que si el Bien, lo Bello y lo Justo… No nos perdamos en el ruido. Vamos a los hechos y luego nos podremos recrear en el platónico mundo de las Ideas. Aquí me disculpo por enrollarme un poco antes de llegar a donde pretendo, pero si no dejo claras los significados de los términos que uso, es imposible saber de qué estoy hablando:

 

A pesar de que la palabra Democracia se ha vaciado absolutamente, pasando a describir lo que desea aquel que la usa, hubo un tiempo (no demasiado) en que remitía a un modo de organización estatal en el que se daban, entre otras, tres características:

1.- Un procedimiento de sustitución pacífica en el poder, basado en algún tipo de sufragio.

2.- Control y limitación de la acción de quien ostenta el poder, basado en la división del mismo y su estricta sumisión a las normas (lo que incluye un procedimiento establecido para la modificación de esas normas, o si no, el requisito quedaría vacío).

3.- Delimitación de determinadas materias y cuestiones sobre la que el poder no puede actuar ni decidir, principalmente relativas a los derechos fundamentales.

 

Centrándonos en el segundo punto, el control del poder, podemos decir que uno de los principios más importantes es lo que podríamos describir coloquialmente como “un ciudadano puede hacer todo lo que no esté expresamente prohibido, pero una institución pública sólo puede hacer lo que tenga expresamente permitido”.

Como decía, en Cataluña nos encontramos con un órgano legislativo que en infracción de sus reglas de funcionamiento, ha aprobado una norma que contraviene lo básico de esos controles del poder. Seguidamente, una Administración pública se niega a cumplir con los procedimientos legales establecidos, que incluyen la ejecución de los mandamientos judiciales.

¿De verdad que a nadie le suena todo esto? ¿De verdad parece algo nuevo?

 

Yo estoy harto de ver lo mismo desde hace años, la verdad. Y no hablo sólo de Cataluña. De arriba a abajo, del rey a la sota (como decía aquel), ha sido la práctica habitual en toda España, tanto en la administración local, como en la autonómica o en la nacional.

¿A nadie le choca esa corrupción cotidiana? ¿Esa prepotencia tolerada y que afecta muy directamente a los ciudadanos que se encuentran indefensos ante ella? Las estudiadas grietas al principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Esos pequeños detalles que, educados en la sumisión, los ciudadanos llegamos a ver como normales e inofensivos. Eso de “bueno, así son las cosas, ¿qué le vamos a hacer?”. En suma, lo que pudre una sociedad.

Todos conocemos algún caso, ¿verdad? Ese policía municipal patrullando en su coche oficial, en plena labor de búsqueda de vecinos a los que sancionar por infringir las normas de circulación, y que mientras conduce con una mano, va hablando por su teléfono móvil, que sostiene con la otra. Por supuesto que su acción infringe el código de circulación del que él mismo es garante, pero no hace daño a nadie ¿Verdad?

Además ¿Va usted a enemistarse con quién, por ejemplo, puede ponerle multas todos los días? Le basta su palabra para ello, que vale más que la del denunciado.

¿Y esa funcionaria que se niega a realizarle un trámite, o a facilitarle información? ¿A nadie le suena el “Ah, no sé; usted sabrá”? ¿El “me da igual lo que diga la norma, porque aquí eso lo hacemos así”? O el que mueve ese expediente a la parte de arriba del cajón, porque es muy amigo de su primo del pueblo y hay que ayudarse. No se hace daño a nadie ¿no?

Y esa licitación en la que se dejan un par de criterios especialmente abiertos a la interpretación. Y después, de puertas adentro, ya se decidirá cómo se van a valorar, porque al fin y al cabo ellos son los que saben. No vaya a ser que gane alguien que no sea de aquí, o no sea de confianza y a saber lo que hacen. ¿Qué mal puede haber?

Y ese gobierno autonómico que, después de que el Tribunal Superior de Justicia sentenciara que colocar ciertos cargos a dedo era contrario a la ley,  en lugar de cumplir la sentencia modifica inmediatamente la Ley. Todo solucionado ¿no es así? Qué ingeniosillos.

O esos sindicatos manifestándose frente a un Juzgado de Instrucción, presionando a una jueza que ha osado imputar a varios cargos por corrupción. Libertad de expresión ¿verdad? Si incluso desde el gobierno autonómico se los apoya.

Y ese ministerio fiscal que, cumpliendo con su obligación, hace caer todo el peso impersonal e implacable del sistema de justicia penal sobre un ciudadano vulgar (ese abuelete que por primera vez en su vida ha bebido una copa de más en el bautizo de su nieto, ese indigente con una bicicleta del ayuntamiento desanclada…), pero que luego se vuelve excepcionalmente prudente, temeroso y recatado ante un funcionario o un consejero de una comunidad autónoma, una infanta, o un perroflauta agresivo, pero vestido con la camiseta de un partido político. Ni que fueran delincuentes ¿verdad? Esto… ¿Delincuente no era quien cometía delitos? Estos abogados y su palabrería…

O ese conflicto de jurisdicción que, antes del fallo judicial, se soluciona con un acuerdo entre las dos administraciones y la retirada de las demandas. ¿Perfecto? Oiga, que no hablamos de particulares disponiendo de sus propiedades. Que estamos ante administraciones que no pueden decidir sobre sus jurisdicciones, porque son controles a su actuación. Escudos frente a la arbitrariedad. Detalles, detalles. Obsesiones de abogado ¿no?

¿Y qué decir de esas demandas ante el TC de ida y vuelta? El gobierno central de hoy impugna una norma, y el de mañana se desiste de la demanda. Oiga, que la obligación del gobierno es cumplir y hacer cumplir la Ley, y esa obligación no depende de la conveniencia política del momento, por mucho que piense que está haciendo lo mejor para todos. No, pero lo importante es el diálogo. ¿Qué son los controles al ejercicio del poder frente al poder divino del diálogo?

 

No me voy a poner a relatar más ejemplos ni enumerar casos. No tengo la menor duda de que a cada uno le vendrá a la mente más de un asunto similar, y creo que queda suficientemente claro el problema.

El caso es que en España estamos acostumbrados a que los procedimientos y los controles al poder pueden burlarse  sin consecuencias. La habitualidad ha llegado a trivializarlo, de modo que una garantía esencial de las libertades individuales, una barrera básica contra la arbitrariedad del poder, ha pasado a considerarse un formalismo apolillado.

El paso siguiente ha sido la propaganda de grupos políticos con una ideología incompatible con la democracia. Al concepto de la misma que he descrito, claro, porque al mismo tiempo usan y abusan del término, otorgándole una acepción propia y particular, que ha calado en una población huérfana de una base cultural suficiente. Ciudadanos maduros para aceptar que el poder pueda saltarse todos sus controles siempre que su intención sea hacer “el Bien” (con mayúsculas y con florecillas… y antorchas… y desfiles con banderas, discursos de líderes carismáticos, apelaciones a los sentimientos frente a la razón…. ya se sabe).

En Cataluña, la excusa es nacionalista y la infracción la han cometido coordinadamente varias instituciones. Nada más. Es la misma enfermedad, la misma infección que hemos dejado alegremente que se extienda.

 

Sobre el resto de cuestiones, sobre los aspectos históricos, jurídicos, económicos, sociales o culturales (es curioso como se usa ese término para esconder el que de verdad se quiere alegar, que es el racial, pero que suena feo hoy en día) de un intento de independencia catalana, ya se ha hablado mucho, yo incluido, y no me apetece repetir lo mismo. Tan sólo un apunte al respecto: al final, todos son irrelevantes. En un proceso de secesión sólo hay un aspecto que cuenta en la práctica: la fuerza de cada bando (y la de los aliados con que cuenten). Todo lo demás tan sólo son excusas.